Lo que tenés que saber

• El Gobierno impulsa cambios sobre la Ley 26.639 en sesiones extraordinarias.
• ONG y especialistas cuestionan posibles habilitaciones mineras en áreas intangibles.
• El ambiente periglaciar concentra reservas hídricas claves para el país.
• Movilizaciones y gremios denuncian riesgos para el acceso al agua.
• Más de 25 organizaciones sostienen que la reforma sería “inconstitucional”.

El proyecto oficial que encendió alarmas

El Gobierno de Javier Milei incluyó en su agenda legislativa de diciembre la modificación de la Ley 26.639, que protege glaciares y ambientes periglaciares. El planteo generó rechazo de organizaciones, especialistas y gremios, que advierten impactos en reservas estratégicas de agua dulce.

Un cambio que habilitaría actividades hoy prohibidas

La norma vigente, aprobada en 2010, prohíbe minería metalífera, explotación hidrocarburífera y obras que puedan alterar formaciones de hielo. El ambiente periglaciar es señalado como un sistema que regula el flujo hídrico y sostiene ríos, vegas, suelos y comunidades. En ese marco, Belén Reyes sostuvo: “El ambiente periglaciar funciona como un amortiguador hídrico que sostiene las cuencas en épocas de escasez. Si se destruye, se pierde agua que no vuelve en escalas humanas”.

El proyecto oficial busca que las provincias definan qué debe protegerse. En distritos con fuerte presión minera como San Juan, Catamarca o Jujuy, esa modificación podría permitir la apertura de nuevos proyectos extractivos en zonas hoy intangibles.

Movilizaciones, gremios y reclamos

Distintas organizaciones sociales realizaron marchas en rechazo a la iniciativa. La CTA se sumó con referentes de todo el país. Sergio Val expresó: “Nos quedamos sin agua si nos sacan los glaciares, no podemos cultivar en el campo. En el fondo estamos peleando por la vida”.

También participaron colectivos como la Campaña No a Mekorot y Basta de falsas soluciones. “Estamos siempre en defensa del agua porque está en juego la vida”, señaló Silvia Ferreyra, quien vinculó el impulso del proyecto con demandas de empresas mineras y cámaras multinacionales.

El rol de la comunidad científica

Más de 25 ONG —incluyendo FARN, Greenpeace, Vida Silvestre, Banco de Bosques y Abogados Ambientalistas— advirtieron que el proyecto sería “inconstitucional”. Recordaron que la normativa vigente busca prevenir daños irreversibles en ecosistemas donde el agua es limitada y cumple funciones esenciales. El documento enfatizó: “Sin agua, no hay desarrollo posible”.

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) volvió a quedar bajo presión. Reyes afirmó: “Ir contra el IANIGLA es ir contra la ciencia argentina”.

Reclamos en un contexto de crisis hídrica

Voceras especializadas cuestionaron que el Gobierno recortó áreas claves para la investigación y el monitoreo ambiental. Reyes señaló que el Ejecutivo “desfinanció la salud, la educación pública y la ciencia, y ahora pone en duda la labor del IANIGLA”, mientras la ONU declaró 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares.

La especialista Laura Isla Raffaele sintetizó la advertencia: intervenir glaciares y periglaciares implica perder agua en forma permanente. “Modificar esta ley es retroceder décadas en protección hídrica. No podemos darnos el lujo de perder agua en un país que ya sufre sequías extremas”.

Las organizaciones cerraron su comunicado con un llamado a sostener las protestas: “NO a la modificación de la Ley de Glaciares. Es una defensa del agua y de la vida misma”.