Con el Decreto 563/2025, el sector minero queda exento de derechos de exportación mientras Argentina pierde millones en recaudación de recursos estratégicos. El litio, clave para la transición energética mundial, se va del país sin retribución al Estado.

El Gobierno de Javier Milei eliminó este jueves las retenciones a las exportaciones de productos del sector minero mediante el Decreto 563/2025, una decisión que beneficia a empresas extractivistas que explotan recursos naturales estratégicos sin compensación adecuada al Estado argentino. La normativa fijó la alícuota del Derecho de Exportación en 0% para mercaderías del sector minero, incluyendo el codiciado litio, indispensable para baterías de vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía renovable.

La medida representa una renuncia fiscal significativa en momentos en que el país atraviesa una severa crisis económica y cuando otros sectores productivos y sociales son golpeados por el brutal ajuste. Paradójicamente, mientras se exigen «compromisos de equilibrio de las cuentas públicas», el Ejecutivo resigna ingresos de una industria millonaria que extrae recursos del territorio nacional.

La oportunidad perdida del «oro blanco»

Argentina forma parte del llamado «Triángulo del Litio» junto a Bolivia y Chile, concentrando el 68% de las reservas mundiales de este mineral estratégico. Sin embargo, especialistas advierten que faltan datos públicos sobre el impacto ambiental de los proyectos mineros de litio y mayores controles de los gobiernos provinciales.

El contraste con la política chilena resulta elocuente. Los ingresos estatales potenciales -vía regalías, dividendos y contratos estatales- podrían oscilar entre USD 150.000 y 200.000 millones en un periodo de 30 años, si se aplica un modelo de licitación inteligente y se exige valor agregado local, según análisis de especialistas sobre el modelo de ese país vecino.

Mientras Chile debate aumentar sus regalías mineras y mantiene el control estatal sobre salares estratégicos como Atacama y Maricunga, Argentina opta por el camino opuesto: eliminar cualquier retribución por la explotación de estos recursos finitos.

El costo ambiental oculto

La decisión oficial omite mencionar el devastador impacto ambiental de la minería extractivista. La extracción de litio causa la pérdida de enormes cantidades de agua de estos ecosistemas año tras año y se ponen en peligro de salinización las reservas subterráneas de agua dulce al entrar en contacto con la salmuera, según advierte la organización Wetlands International.

Desde el ambientalismo aseguran que la del litio «es una minería de agua» y que «no tiene un impacto ambiental diferente a la minería del oro». El proceso de extracción requiere bombear salmueras desde napas subterráneas y evaporarlas en piletas durante meses, consumiendo recursos hídricos escasos en ecosistemas frágiles de la Puna.

En los salares de la Puna viven ancestralmente distintas comunidades de pueblos originarios dedicados a la agricultura y la ganadería en ecosistemas frágiles donde el agua es escasa, y la llegada de empresas mineras genera «una gran preocupación sobre cómo van a seguir con sus» actividades tradicionales.

Soberanía diluida en salmueras

La administración Milei justifica la medida argumentando que el sector minero «representa el quinto complejo exportador del país» y sostiene el 80% de las exportaciones de provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca. Sin embargo, esta centralidad económica refuerza la pregunta sobre por qué renunciar a la recaudación de una actividad que genera tal impacto territorial.

El decreto también eliminó el «Registro Optativo de Exportaciones de Cobre», admitiendo que «nunca resultó operativo». Esta decisión evidencia la falta de planificación estatal en un sector estratégico donde otros países desarrollan políticas de largo plazo para maximizar la renta de recursos naturales.

El modelo extractivista sin retorno

Mientras el Gobierno celebra esta «simplificación administrativa», Argentina consolida un modelo extractivista que entrega recursos estratégicos sin generar valor agregado local ni asegurar beneficios para las generaciones futuras. Estudios académicos registraron cómo las zonas del Salar de Atacama más expuestas a la minería del litio se han hundido hasta dos centímetros en los últimos años debido al agotamiento de las aguas subterráneas.

La decisión se enmarca en la «transición energética global», pero Argentina asume el rol de simple proveedor de materias primas mientras otros países desarrollan la industria de baterías y capturan el valor agregado de la cadena productiva.

El decreto fue firmado por Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, consolidando un modelo donde las empresas extractivistas acceden a recursos naturales estratégicos sin retribución al Estado que representa a los verdaderos propietarios de esos bienes: el pueblo argentino.

Puntos clave:

• Argentina renuncia a recaudar de recursos naturales estratégicos no renovables
• El litio es clave para la transición energética mundial y genera enormes ganancias
• La minería de litio consume grandes cantidades de agua en ecosistemas frágiles
• Chile mantiene control estatal y busca maximizar ingresos por sus recursos
• Las comunidades originarias ven amenazadas sus fuentes de agua ancestrales