Investigación 🔎
$LIBRA: la PIA pide reabrir la causa y el juez que sobreseyó a los Milei tendrá que decidir
Rafecas, a cargo del juzgado por la licencia de Martínez de Giorgi, le pidió al fiscal Taiano que opine sobre el pedido de la PIA. Taiano había pedido sobreseer a los once investigados, entre ellos Javier y Karina Milei. La última palabra puede llegar a la Cámara Federal.
El juez federal Daniel Rafecas, al frente de forma subrogante del Juzgado Federal N.º 8, allanó el camino para que Marcelo Martínez de Giorgi, el juez que cerró la causa por la criptomoneda $LIBRA, defina si la reabre. La jugada salió al ruedo después de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidiera dejar sin efecto el sobreseimiento que blindó al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a otros nueve imputados.
La vista que enciende la maquinaria judicial
Rafecas corrió vista al fiscal Eduardo Taiano para que exponga su postura ante el planteo de la PIA. El magistrado consideró necesario escuchar al fiscal que pidió el sobreseimiento del presidente y de su hermana, secretaria general de la Presidencia, antes de que quien termina de decidir sea el propio Martínez de Giorgi, que está de licencia.
Si bien el dictamen de Taiano no es vinculante, la maniobra destraba el mecanismo: cuando vuelva de su licencia, el juez titular deberá resolver si concede la reapertura o sostiene el sobreseimiento que él mismo dictó sobre la presunta estafa con la criptomoneda que tocó las altas esferas del Gobierno.
Dos fiscales, dos criterios
La decisión de Rafecas dejó frente a frente a dos fiscalías con criterios opuestos sobre el futuro del expediente. De un lado, Taiano, que el viernes 23 de octubre solicitó el sobreseimiento de los once investigados al sostener que no había “sustento fáctico alguno” para avanzar. Del otro, la PIA, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, que se presentó en la causa para asumir la acción penal y calificó el cierre de “prematuro”.
Martínez de Giorgi hizo lugar al pedido de Taiano y dictó el sobreseimiento de los once investigados. Así se cerró, después de un año y ocho meses, una investigación por un escándalo que llegó a la Casa Rosada.
La movida no pasó desapercibida para los inversores afectados, que en su momento pidieron el apartamiento del fiscal por inacción, obstrucción de pruebas claves y falta de objetividad.
$LIBRA: del tuit presidencial al desplome en horas
El origen de todo es conocido pero la cronología conviene repasarla. El 14 de febrero de 2025, el presidente promocionó en su cuenta de X la memecoin $LIBRA como una iniciativa destinada a financiar pymes. El tuit quedó fijado durante varias horas en una cuenta con millones de seguidores, el precio del activo se disparó de centavos a casi cinco dólares y, en cuestión de horas, el valor se derrumbó.
Un puñado de billeteras privilegiadas retiró unos 100 millones de dólares antes del colapso, según difundió la agencia estadounidense AP. El perjuicio alcanzó a más de 40.000 inversores, y el episodio puso al mandatario bajo la lupa de la justicia argentina y de los reguladores de Estados Unidos. Entre los sobreseídos figuran el emprendedor estadounidense Hayden Davis, que se presentó como asesor de lanzamiento del token y admitió haber controlado cerca de 100 millones tras la caída, además de los empresarios argentinos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Julián Peh, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
La PIA carga contra el “prematuro” final de la pesquisa
El escrito de la PIA no se anduvo con vueltas. El organismo apuntó que el cierre fue “prematuro”, que quedaron medidas de prueba pendientes y que no existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario. Más contundente todavía: advirtió que las pruebas en curso estarían mostrando señales de una concertación defraudatoria. El planteo coincide con la comisión del Congreso que investigó el caso, presidida por el diputado Maximiliano Ferraro, que en un informe de 205 páginas describió un “fraude planificado” y le atribuyó a los hermanos Milei un rol “decisivo, por acción u omisión”.
La PIA no se confió tampoco con la respuesta del juzgado: junto al pedido de reapertura interpuso un recurso de apelación en subsidio para que, si Martínez de Giorgi vuelve a rechazar la investigación, la decisión final caiga en manos de la Cámara Federal. Es decir, aunque el juez insista en el sobreseimiento, la historia no termina ahí.
El doble estándar
El oficialismo celebró el sobreseimiento como una reivindicación. Es el mismo Gobierno que exige celeridad y condenas cuando las causas apuntan a la oposición y que pide respeto por los tiempos de la Justicia cuando los investigados son propios. El dato no es menor: la causa que la PIA quiere reflotar alcanzó a la hermana del presidente y mano derecha del Gobierno, y cualquier movimiento judicial en torno a la familia presidencial vuelve a tensar la cuerda. A esta altura, la pregunta no es si la causa se reabre sino cuánto le cuesta al poder mantenerla cerrada.
Qué viene
Todo queda ahora en manos de Martínez de Giorgi, a su regreso de la licencia. Su decisión definirá si la pesquisa por la criptomoneda que promocionó el presidente vuelve a correr o si, por lo menos por ahora, el episodio $LIBRA queda archivado en la memoria judicial. Con la Cámara Federal esperando en la puerta, la última palabra todavía está lejos de decirse.
Lo que tenés que saber:
- El juez subrogante Daniel Rafecas corrió vista al fiscal Eduardo Taiano para que opine sobre el pedido de la PIA de reabrir la causa $LIBRA.
- El juez titular Marcelo Martínez de Giorgi resolverá, al volver de su licencia, si reabre la pesquisa o sostiene el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y otros nueve imputados.
- La PIA calificó el cierre de “prematuro”, señaló que quedaron medidas pendientes y advirtió sobre “señales de una concertación defraudatoria”.
- La pesquisa nació por la promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte del presidente el 14 de febrero de 2025, cuyo valor se desplomó en horas tras retiros de unos 100 millones de dólares.
- La PIA interpuso en subsidio un recurso de apelación para que la Cámara Federal decida si el juez rechaza la reapertura.
Investigación 🔎
La fiscalía acusó a Lázaro Báez de lavar desde la cárcel bienes sujetos a decomiso
La Fiscalía de Río Gallegos lo señaló como cabeza de una presunta red de 12 imputados que explotó bienes sujetos a decomiso. No hay procesamiento ni condena en esta causa: ya cumple 15 años de pena unificada por Vialidad y Ruta del Dinero K.
La Fiscalía Federal de Río Gallegos acusó este jueves a Lázaro Báez de dirigir, desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, una presunta red que explotó bienes alcanzados por decomiso, embargo o depósito judicial. La acusación se expuso en una audiencia de formalización, por videoconferencia, ante el juez federal Claudio Vázquez. Intervinieron el fiscal Julio Zárate y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Es una acusación fiscal en la etapa de investigación: no hay procesamiento ni condena en esta causa, y Báez y los demás imputados gozan de presunción de inocencia. La hipótesis de la fiscalía deberá ser probada en un proceso con derecho de defensa. En lo que se informó de la audiencia no consta la postura de las defensas.
Qué se les atribuye
La causa, conocida como Caso Coirón, tramita como causa 169831/26 con la carátula “Báez, Lázaro Antonio, Insaurralde, Claudia Noemí, Ibáñez, Cristian Sebastián y otros s/ lavado de activos, asociación ilícita y otros”. La calificación provisional incluye lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación. Se originó a fines de septiembre, a partir de comunicaciones telefónicas de un investigado en una causa por narcotráfico.
Según la tesis de la acusación, Báez daba directivas desde su celda, y su pareja, Claudia Insaurralde, y Cristian Ibáñez ejercían la “conducción ejecutiva” de una estructura con 12 imputados. La fiscalía sostiene que no se crearon sociedades nuevas: el grupo habría operado sobre patrimonio preexistente, ya comprometido judicialmente, para mantenerlo productivo y derivar sus frutos. Entre los bienes relevados figuran las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, unidades de un edificio de la calle Zapiola, las sociedades Kank y Costilla S.A. y Austral Agro S.A., arrendamientos a tres empresas, un inmueble de la costanera de El Calafate y dos galpones cuya disposición se habría pactado en 250 millones de pesos a fines de agosto.
Un informe sobre las cuentas de Ibáñez y de otro imputado, citado en la causa, registra 677 operaciones por 380.620.089 pesos entre diciembre de 2025 y los primeros días de agosto. Otras versiones de la acusación hablan de unos 390 millones de pesos o de 400 millones; la cifra del informe de cuentas es la exacta.
Las medidas y las detenciones
A pedido de la Unidad Fiscal de Río Gallegos y de PROCELAC, el juez Vázquez autorizó 27 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate, dos estancias, la Ciudad de Buenos Aires y la celda de Báez en Ezeiza, además de la incomunicación de los detenidos por riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Según fuentes judiciales, en la celda se secuestraron cuadernos con anotaciones sobre bienes, alquileres y rentas. La fiscalía pidió además la inhibición general de bienes, el congelamiento de cuentas, el levantamiento del secreto bancario y la declaración de “caso complejo”.
Insaurralde fue detenida el lunes, al llegar a Buenos Aires en un vuelo desde Río Gallegos, junto con Ibáñez y Valentina Devetac; le incautaron cuatro valijas. La detención se produjo en Aeroparque, según la cobertura local de Río Gallegos; otra versión la ubicó en Ezeiza. Al cierre de las audiencias, doce personas quedaron formalizadas: nueve en Santa Cruz y tres en Buenos Aires.
La causa se vincula con otra por presunto narcotráfico en Santa Cruz, a la que se conecta, según la reconstrucción judicial, por el uso de un Ford Mondeo de Báez y por el relato de un imputado. Las coberturas difieren sobre el rol de Báez en esa investigación; esta nota se limita a lo que se le atribuye en la causa de lavado.
Las condenas que ya cumple son otra cosa
Esta acusación es independiente de las condenas que Báez ya cumple. La Justicia unificó en 15 años de prisión las penas de la causa Vialidad (6 años, por administración fraudulenta, en un juicio que compartió con Cristina Fernández de Kirchner) y de la Ruta del Dinero K (10 años, por lavado de activos). La pena única de 15 años se fijó en julio de 2025 y la Cámara Federal de Casación Penal la mantuvo en febrero; entonces la defensa recurrió ante la Corte Suprema.
La causa nueva tramita en la Justicia federal de Río Gallegos y se apoya en escuchas, informes bancarios y secuestros que forman parte del expediente. El debate de fondo, que la Justicia deberá resolver, es si hubo una red que burló el control judicial sobre bienes que podrían ser decomisados en las causas anteriores, y qué falló en el control penitenciario para que, según la acusación, el detenido impartiera órdenes desde un teléfono del penal.
Lo que tenés que saber:
- La fiscalía de Río Gallegos acusó este jueves a Báez, en una audiencia de formalización ante el juez federal Claudio Vázquez, de lavado agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.
- No hay procesamiento ni condena en esta causa, conocida como Caso Coirón; los 12 imputados gozan de presunción de inocencia.
- Un informe citado en la causa contabiliza 677 operaciones por 380.620.089 pesos entre diciembre de 2025 y los primeros días de agosto.
- La causa es distinta de las condenas que Báez ya cumple: una pena unificada de 15 años por Vialidad y la Ruta del Dinero K.
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