Legislativo
Interbloque peronista presentó en el Senado un proyecto para derogar el DNU 70/2023
Los senadores Juliana di Tullio, José Mayans y Fernando Salino impulsan una ley para derogar el artículo 154 del DNU 70/2023 y reponer la Ley 26.737. La iniciativa responde al fallo de la Corte que, por falta de legitimación del CECIM, dejó sin efecto la inconstitucionalidad de la derogación. El Senado ya había rechazado el decreto en 2024; ahora la pelea se traslada a Diputados.
El interbloque Popular del Senado firmó un proyecto de ley para borrar el artículo 154 del DNU 70/2023 y devolverle plena vigencia a la Ley de Tierras Rurales, un día después de que la Corte Suprema dejara en pie la derogación que dispuso Javier Milei por decreto.
La iniciativa fue impulsada por los senadores Juliana di Tullio, José Mayans y Fernando Salino, del Bloque Justicialista, y apunta a derogar el artículo 154 del decreto firmado en diciembre de 2023, que eliminó la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, vigente desde 2011.
Lo que la Corte dijo, y lo que dejó sin decir
El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación. Consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, autor del amparo, carecía de legitimación para litigar en defensa de la soberanía territorial.
La Corte aclaró que su decisión «no supone abrir juicio sobre la validez constitucional» del artículo 154. Sin embargo, al dejar sin efecto el fallo de la Cámara, en los hechos volvió a regir la derogación de la Ley de Tierras, sin que ningún tribunal haya analizado si el decreto podía hacerlo.
Los fundamentos del proyecto
En los fundamentos, los senadores sostuvieron que «el suelo no es una mera mercancía» sino un recurso natural estratégico, finito y ligado a la seguridad nacional y a la autodeterminación de los pueblos. Advirtieron que la eliminación de la ley expone al país a la especulación inmobiliaria internacional sobre sus activos más sensibles: las fuentes de agua dulce, las zonas fronterizas y las tierras agrícolas.
Desde la bancada calificaron de «bochorno» la decisión de la Corte y sostuvieron: «Es inaceptable que la Corte le niegue legitimación» a quienes arriesgaron su vida por la Patria. Para los legisladores, ante esa desprotección judicial el Congreso debe asumir su responsabilidad constitucional como garante del dominio público.
Un decreto que el Senado ya rechazó
El proyecto recuerda que la Cámara alta ya rechazó el DNU 70/2023 en marzo de 2024, la primera vez desde el retorno de la democracia que el Senado tumbó un decreto de necesidad y urgencia. El decreto sobrevivió porque nunca logró el mismo rechazo en Diputados, y por eso los senadores instan a esa Cámara a ratificarlo.
En ese sentido, el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, anunció que pedirá una sesión especial para derogar el decreto, mientras que la diputada Cecilia Moreau planteó que la Cámara baja adopte la misma posición que el Senado. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había calificado el fallo de la Corte como «el fallo de la infamia» en su cuenta oficial de la red social X.
El oficialismo busca blindar el decreto
Del otro lado, según trascendió, el Gobierno analiza cómo sostener el artículo 154 y evalúa reflotar el debate de la Ley de Tierras dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, para negociar con los bloques aliados. Un funcionario consideró que el fallo es «correcto, favorable, pero no definitivo», justamente porque la Corte no resolvió el fondo de la cuestión.
El antecedente inmediato no ayuda al oficialismo: en agosto, el Senado aprobó la ley de propiedad privada por 37 votos a favor y 33 en contra, pero el Gobierno debió retirar el capítulo de Tierras Rurales, que eliminaba los topes de 15% por provincia y municipio y de 1.000 hectáreas por individuo en zona núcleo para compradores extranjeros, tras la movilización del 6 de agosto. Lo que no consiguió en el Congreso, el Gobierno lo conserva hoy por una definición procesal de la Corte, no por un respaldo del Poder Legislativo.
Lo que tenés que saber
- El interbloque Popular del Senado presentó un proyecto para derogar el artículo 154 del DNU 70/2023 y restituir la Ley 26.737.
- La Corte revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata por falta de legitimación del CECIM, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo.
- El proyecto fue impulsado por Juliana di Tullio, José Mayans y Fernando Salino.
- El Senado ya había rechazado el DNU 70/2023 en marzo de 2024, pero Diputados nunca lo trató de la misma forma.
- Unión por la Patria anunció que pedirá una sesión especial en Diputados para derogar el decreto.
Buenos Aires
Celulares fuera del aula: la ley llega a secundarias, pero falta aplicarla
La Legislatura bonaerense extendió a las escuelas secundarias públicas y privadas la limitación del uso de celulares en clase y, en la misma sesión, aprobó la educación emocional y la Ley Ema de Convivencia Digital Segura. La aplicación depende ahora de la reglamentación.
Los celulares y las pantallas solo podrán utilizarse en las escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires cuando el docente a cargo lo contemple de forma explícita dentro de una planificación didáctica.
La iniciativa, del diputado Martín Rozas (bloque Unión y Libertad), amplía la ley provincial N° 15.534, que ya regulaba el uso de dispositivos en las escuelas primarias, y alcanza a los establecimientos de gestión pública y privada. La Cámara baja bonaerense la trató en una sesión en la que también se aprobaron la incorporación de la educación emocional y la Ley Ema de Convivencia Digital Segura.
Qué cambia en las secundarias
El texto busca promover un uso seguro y responsable de los dispositivos digitales, además de informar y concientizar a los alumnos de entre 6 y 17 años sobre los riesgos de la exposición excesiva a las pantallas. Según sostuvieron sus impulsores, la norma apunta a los efectos del uso excesivo sobre la atención y la concentración, y a riesgos como el ciberbullying, la difusión de rumores y la exposición a contenidos violentos.
Cada institución deberá adaptar su acuerdo institucional para definir el resguardo y el uso de los dispositivos fuera del horario pedagógico. La tecnología podrá incorporarse a las actividades cuando exista una finalidad educativa, y la norma plantea recuperar el aula como espacio de interacción y socialización.
Rozas sostuvo que el objetivo es brindar mayor protección a los adolescentes dentro de las instituciones educativas, sin desconocer la importancia de la tecnología en el aprendizaje. “Sabemos muy bien que la tecnología es una herramienta necesaria para el futuro y que es indispensable que los alumnos sepan manejarla. Pero también sabemos que la sobreexposición a las pantallas trae aparejadas situaciones perjudiciales para los adolescentes”, expresó el legislador.
Como antecedente, la prueba PISA 2022, coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), indicó que cerca del 30% de los estudiantes de los países miembros dijo distraerse con dispositivos digitales durante todas o la mayoría de las clases de Matemática.
Educación emocional en todos los niveles
Se aprobaron modificaciones a la Ley Provincial de Educación (N° 13.688) para incorporar formalmente la educación emocional en los niveles inicial, primario y secundario. La propuesta busca sumar herramientas para el reconocimiento, la comprensión y la gestión de las emociones, con el objetivo de fortalecer las habilidades personales y sociales de niños y adolescentes, así como la convivencia en los establecimientos.
“Acá hay una urgencia y nosotros, que somos adultos y que deberíamos facilitarle la vida a los chicos y a las chicas, tenemos que dejar de mirar para otro lado y festejar que se haya votado esta ley para que se ponga en práctica”, expresó la legisladora Luciana Padulo durante el debate.
Ley Ema: convivencia digital segura
Impulsada por la diputada Mayra Mendoza, la Ley Ema crea un marco para garantizar el derecho de los estudiantes del sistema educativo provincial a desenvolverse en entornos virtuales protegidos y seguros. La norma prevé políticas, acciones y herramientas para prevenir y abordar situaciones de violencia en entornos tecnológicos. Además, crea un programa provincial para brindar recursos a las instituciones, fortalecer la convivencia digital y facilitar la intervención ante agresiones, hostigamiento u otras formas de violencia a través de plataformas tecnológicas.
El proyecto lleva el nombre de Ema, una adolescente bonaerense que murió el 24 de agosto de 2024 luego de que imágenes íntimas suyas fueran difundidas sin su consentimiento en el ámbito escolar. Se elaboró junto a su madre, Laura Sánchez, y organizaciones como Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales, según se informó cuando Mendoza lo presentó en la Legislatura bonaerense. En Santa Fe, la Cámara de Senadores aprobó este año una norma con el mismo nombre, que la convirtió en la primera provincia con una ley específica contra la violencia digital en las escuelas.
Si vos o alguien de tu entorno atraviesa una situación de angustia, podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida al 135 (CABA y Gran Buenos Aires) o al (011) 5275-1135 desde el resto del país.
Del texto a las aulas: lo que falta
La sanción no implica que la regulación empiece a regir de inmediato: según trascendió, la implementación queda sujeta a la publicación de la ley y a las disposiciones que establezca el organismo que designe el Poder Ejecutivo provincial. Aún no se confirmó desde cuándo se aplicará la restricción en las secundarias.
Queda por ver con qué recursos y con qué capacitación docente se pondrán en práctica el programa provincial de convivencia digital y la educación emocional, dos puntos sobre los que, por ahora, no se informaron detalles.
Lo que tenés que saber:
- La ley extiende a las secundarias públicas y privadas de la Provincia la regulación de celulares que ya existía para primarias (ley N° 15.534).
- Celulares y pantallas solo podrán usarse si el docente lo prevé de forma explícita en su planificación didáctica.
- El proyecto es del diputado Martín Rozas, del bloque Unión y Libertad.
- En la misma sesión se aprobaron la educación emocional (que modifica la ley N° 13.688) y la Ley Ema de Convivencia Digital Segura, impulsada por Mayra Mendoza.
- La implementación queda sujeta a la publicación de la ley y a las disposiciones del organismo que designe el Ejecutivo provincial.
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