Legislativo
Más de un millón de empleos en riesgo sin la emergencia sanitaria
La UAS señaló que la eliminación del régimen podría paralizar clínicas y sanatorios, afectando la estabilidad laboral y la continuidad de servicios.
Lo que tenés que saber:
- Más de un millón de puestos de trabajo del sector sanitario podrían estar en peligro.
- La emergencia sanitaria vigente desde 2001 protege a clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico.
- Si se aprueba el Presupuesto 2026 sin prórroga, más de 5.000 instituciones quedarían vulnerables.
- Prestadores reclaman una norma que asegure la inembargabilidad para evitar cierres y embargos.
- La UAS advirtió que el régimen protege el interés público sin condonar obligaciones.
Riesgo de empleos en el sector salud si no se prorroga la emergencia sanitaria
La Unión Argentina de Salud (UAS) alertó sobre la posible pérdida de más de un millón de puestos de trabajo si el Presupuesto 2026 se aprueba sin incluir la prórroga de la emergencia sanitaria. La eliminación del régimen podría generar despidos masivos y el cierre de cientos de empresas en todo el país.
El presidente de la UAS, Hugo Magonza, sostuvo que “el régimen no implica una condonación de obligaciones, sino un resguardo transitorio orientado a proteger el interés público”. Advirtió que permitir embargos sobre recursos esenciales “comprometería de manera inmediata la continuidad de servicios críticos y la estabilidad de todo el sistema de salud”.
Emergencia sanitaria y su relevancia histórica
El régimen de emergencia sanitaria se mantiene desde 2001 y proporciona herramientas clave para sostener el funcionamiento de clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico y otros establecimientos asistenciales. Según la UAS, la situación se agravó tras la eliminación del Capítulo XI, artículo 78, del proyecto de Ley de Presupuesto, que contemplaba la continuidad de distintas emergencias y regímenes especiales.
La cámara empresaria explicó que, de avanzar la iniciativa tal como fue votada en la Cámara de Diputados, más de 5.000 instituciones quedarían en una situación de extrema vulnerabilidad a partir del 1 de enero de 2026. Estas entidades emplean a más de un millón de trabajadores registrados, cuya estabilidad laboral podría verse seriamente comprometida ante un escenario de embargos y dificultades financieras.
Problemas estructurales y pedidos del sector
Desde la UAS señalaron que la industria enfrenta problemas estructurales, como la falta de actualización de aranceles y el desfasaje entre precios y costos, lo que deja a muchas empresas al borde de la inviabilidad económica. Ante esta situación, reclamaron la aprobación de una norma que prorrogue de manera explícita el régimen de inembargabilidad para los prestadores de salud, con el objetivo de evitar que deudas fiscales paralicen la prestación de servicios y afecten a los pacientes.
Legislativo
El DNU 70 en el alambre: sin quórum pero con dos sesiones
La oposición sostiene la sesión especial del jueves 15 en Diputados para voltear el megadecreto de Milei, aunque sus conteos no llegan a 129. El oficialismo pidió su propia sesión para el miércoles 21 y negocia con los gobernadores.
El megadecreto con el que Javier Milei reescribió buena parte de las reglas del país llegó a su semana decisiva sin que nadie pueda garantizar su caída. La oposición sostuvo la sesión especial convocada para el jueves 15 de octubre a las 14 en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 70/2023, aunque sus propios conteos la ubican entre 112 y 120 presencias, por debajo de las 129 que exige el quórum.
Según el poroteo opositor, el jueves darían presente los diputados de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, la izquierda, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Primero San Luis y legisladores sueltos. El temario suma el rechazo del decreto, la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y proyectos para aliviar el endeudamiento y la morosidad de las familias.
Un decreto que el Senado ya rechazó
El DNU 70/2023, firmado por Milei en diciembre de 2023, reúne más de 300 artículos que desregularon de un plumazo desde los alquileres hasta el régimen de tierras rurales. El Senado ya lo rechazó en marzo de 2024; si Diputados hace lo mismo, el decreto queda sin efecto. Por eso la Casa Rosada puso todo su peso en evitar que la oposición consiga el número.
La carrera por el quórum
«Nuestra tarea es tratar de construir el quórum. Después, cada uno tendrá que dar las explicaciones del caso», dijo Germán Martínez en Radio con Vos. El jefe de bloque de Unión por la Patria agregó que, frente a un temario con discapacidad, morosos y tierras, «es difícil pensar que no te sentás en una sesión de ésas, tenés que estar muy pero muy arrodillado ante el Gobierno».
El socialista Esteban Paulón, de Provincias Unidas, fue en la misma línea: «Hay que dar quórum y derogar el DNU 70. No hay constitucionalista que diga que es constitucional y el Gobierno lo ha usufructuado tres años».
La llave está en los diputados que responden a los gobernadores. La Casa Rosada negocia con ellos en paralelo el Presupuesto 2027 y la eventual suspensión de las PASO, una mesa en la que la sesión del jueves también entra en la cuenta. Si no llegan al número, los bloques opositores planean hablar en minoría para exponer a los ausentes como aliados del Gobierno, en el marco de una movilización frente al Congreso.
La contraofensiva libertaria
El oficialismo respondió con dos movimientos. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, convocó para el miércoles 14, un día antes de la sesión opositora, un plenario con la Comisión de Legislación General para empezar a tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, al que La Libertad Avanza busca sumarle una nueva regulación sobre la compra de tierras rurales por extranjeros.
Además, el oficialismo pidió una sesión propia para el miércoles 21 de octubre, con la propiedad privada, la discapacidad y el endeudamiento familiar en el temario. La jugada busca darles a los aliados una excusa para no sentarse el jueves 15.
La Corte, en el medio
El 9 de octubre, la Corte Suprema suspendió de manera interina los efectos del artículo 154 del DNU 70, el que había derogado la Ley 26.737 de Tierras Rurales, hasta que el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y su pedido de cautelar. Firmaron Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci; Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
El fallo repuso de forma provisoria los límites a la compra de campos por extranjeros, pero no resolvió si el decreto es constitucional. En Diputados reconocieron que la decisión abrió una discusión sobre el costo de insistir con una sesión cuyo principal argumento era la Ley de Tierras. Aun así, los bloques opositores mantuvieron su intención de rechazar el decreto completo, que comprende unas 300 reformas.
Lo que tenés que saber:
- La oposición sostuvo la sesión especial del jueves 15 de octubre a las 14 para rechazar el DNU 70/2023, junto con discapacidad y endeudamiento familiar.
- Sus propios conteos la ubican entre 112 y 120 diputados, por debajo de los 129 que exige el quórum.
- El Senado ya rechazó el decreto en 2024; si Diputados también lo rechaza, queda sin efecto.
- El oficialismo convocó un plenario de comisiones para el miércoles 14 por la propiedad privada y pidió una sesión propia para el miércoles 21.
- La Corte suspendió el 9 de octubre el artículo 154, que derogó la Ley de Tierras, hasta que decida el juzgado federal de Bariloche.
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