Más de 500 trabajadores y trabajadoras de Capitán Sarmiento perdieron su empleo en las últimas semanas tras el cierre de la planta avícola de Granja Tres Arroyos en esa localidad del norte bonaerense. La empresa acumula deudas salariales que incluyen meses de sueldo sin pagar y aguinaldos pendientes, y recurrió a la Justicia para pedir la apertura de un concurso preventivo de acreedores, el mecanismo legal que antecede a la quiebra y que deja a los trabajadores en una situación de extrema incertidumbre sobre el cobro de sus acreencias.

El impacto de los despidos no se limitó a Capitán Sarmiento. Según describió Andrea Ulere, ex empleada de la empresa, la crisis se extendió a municipios vecinos: alrededor de 100 despidos adicionales se registraron en Arrecifes y otros 100 en San Antonio de Areco, lo que convierte a esta debacle laboral en un golpe colectivo sobre toda la región del norte del conurbano extendido.

«Una bomba en el medio del pueblo»

Ulere describió la situación con una imagen que sintetiza el derrumbe social que vive la localidad. «Somos un pueblo que tiene la sensación hoy de caminar por la calle, que nos ha caído una bomba en el medio y andamos juntando los pedazos de la gente», señaló. «No se puede describir con palabras el dolor que tenemos», agregó.

La ex trabajadora reveló además un detalle que ilustra la dimensión humana de la crisis: «Acá venía el cartero del pueblo con el despido en mano llorando». La imagen del telegrama de despido entregado entre lágrimas en una localidad pequeña habla de un tejido comunitario que la empresa desgarró sin dar explicaciones.

Ulere fue cuidadosa al momento de atribuir responsabilidades, pero contundente: «Más allá del nivel nacional, que todos sabemos que económicamente estamos todos mal, acá hubo una mala gestión de los hijos y sobrinos de Joaquín de Grazia, que hicieron un mal negocio. Los despidos decían que eran por la gripe aviar, el Covid-19, y nosotros en esa época es cuando se trabajó más que nunca».

Veinte años de trabajo, deudas y silencio patronal

Los testimonios de los trabajadores que aún no recibieron su telegrama pero temen recibirlo en cualquier momento son igualmente demoledores. Oscar, con 20 años de antigüedad en la planta, graficó el costo que la prolongada agonía de la empresa tuvo sobre su salud y su dignidad: «La situación me tiene mal. Nos afecta la salud mental. Ya hace un año y medio que vivimos esto. Yo vivo con mis padres. No es lo justo que yo tenga que vivir de ellos».

Nadie de la empresa viene a dar la cara y dar explicaciones, denunció Oscar. «Así nos tuvieron un año y medio. Nos quitaron parte de nuestro salario, nos deben el pago de meses, nos deben vacaciones», enumeró.

Otro trabajador con más de 18 años de antigüedad contó que el deterioro fue progresivo y que los empleados cedieron ante cada exigencia patronal con la esperanza de conservar el puesto: «El conflicto comenzó con un pedido de esfuerzo a los trabajadores y una reducción salarial del 9%. Luego, los pagos comenzaron a realizarse en cuotas. Con tal de seguir trabajando lo aceptamos. Hace tres meses nos pagaban 100 mil por semana«, relató. «Nosotros hemos aportado mucho a la empresa, pero para ellos somos un número más», cuestionó.

Un tercer operario con 16 años en la empresa resumió la angustia cotidiana de quienes todavía no fueron desvinculados pero tampoco cobran: «Todos tenemos chicos, cuentas que pagar, se me vence el alquiler, no tengo plata para alquilar en otro lado. Los servicios los pago como puedo. Si hacés una changa te peleás por los precios. Tuvimos que hacer muchos recortes en salidas y alimentos. Antes alcanzaba la plata. Ahora no alcanza para nada. Tenemos un trabajo fijo pero no cobramos».

La intendenta y el pedido de los trabajadores

Durante las protestas frente a la planta y en la plaza de Capitán Sarmiento, la intendenta local Fernanda Astorino Hurtado se hizo presente para interiorizarse sobre la situación. Habló de un «mal manejo empresarial», lo que coincide con el diagnóstico de los propios trabajadores, aunque para estos últimos la presencia política no alcanza si no se traduce en acciones concretas.

Ulere fue directa al respecto: «Todo sirve, nosotros estamos desorientados y lo que queremos es que esto no se apague, que ella luche por nosotros para que no se apague. Porque donde dejen de hablar de nosotros, todo va a terminar en la nada. A los políticos para que se muevan, porque ¿quién nos va a salvar a nosotros?».

La pregunta resuena con fuerza en un contexto nacional en el que el gobierno de Javier Milei ha reducido el gasto en programas sociales en más de un 60% y donde la desregulación del mercado laboral, impulsada por la misma gestión, dejó a miles de trabajadores sin las redes de contención que el Estado podía ofrecer. El drama de Capitán Sarmiento no es una excepción: es el retrato de lo que ocurre cuando una empresa quiebra y el Estado se hace a un lado.