Jujuy
Comunidad aborigen de Jujuy criticó el proyecto de la Legislatura sobre propiedad de la tierra
«Se debe cumplir un paso muy importante, que es la consulta a las comunidades. Aquí no se hace, directamente se baja la ley y se aplica», señaló, Clemente Flores, de la comunidad de El Angosto.
Integrantes de la comunidad aborigen El Angosto, de la cuenca Salinas Grandes de Jujuy, criticaron hoy el proyecto aprobado en la Legislatura provincial que ratifica setenta títulos de adjudicación de propiedad comunitaria entregados en la historia de la provincia, y lo definieron como un nuevo avance del Gobierno local «sin consulta a las comunidades».
La iniciativa, enviada por el gobernador Gerardo Morales, buscó destacar la «voluntad política» del Estado provincial para con los derechos de las comunidades originarias, según defendió ayer el oficialismo en el debate previo a la sanción; no obstante, generó preocupación por la ausencia de una consulta previa, como se viene denunciando en torno a la reforma constitucional y los puntos que afectan a las comunidades indígenas.
«Todos sabemos que se debe cumplir un paso muy importante, que es la consulta a las comunidades. Aquí no se hace, directamente se baja la ley y se aplica», señaló, Clemente Flores, de la comunidad de El Angosto, al asegurar que lo aprobado «preocupa de nuevo a las comunidades».
«Se están violando muchos derechos que fueron ya consagrados por las comunidades y los tenemos reconocidos tanto por la Constitución Nacional como en los entes internacionales», advirtió Flores.
En ese marco, reclamó que «se empiece a respetar» a las comunidades y convocó a «tener conciencia del daño al ambiente», al referirse a las críticas que asocian la reforma de la Constitución de la provincia con la explotación del litio.
«Lo que a nosotros nos preocupa es el uso excesivo del agua. Las comunidades que vivimos alrededor de Salinas en poco tiempo seremos lugares de sacrificio porque no habrá agua si llegamos a sacar y tirar toda», alertó Flores al asegurar que el acceso al agua en el futuro es el principal temor de las comunidades.
Este es el punto central de la protesta que sostienen en la ruta nacional 52, donde se sigue «visibilizando el problema, especialmente en el cruce con la (ruta provincial) 79», añadió el representante de la comunidad de El Angosto.
Sobre esas manifestaciones, Flores manifestó que el sentido de ellas es informar a quienes transitan «qué es lo que está pasando en el territorio».
Y contó que «muchos turistas paran a preguntar», por lo que se les explica y se les entrega documentación, en especial respecto al litio, para que, según resumió, «entiendan cuál es la problemática que venimos ya planteando hace tiempo» y particularmente «por la reforma de la nueva Constitución».
Tras su ingreso el martes último a la Legislatura, el proyecto en cuestión se trató ayer en el marco de una sesión especial.
Desde la oposición no solo se coincidió en la crítica a la falta de consulta previa, sino que se reprochó que lo impulsado «no avanza sobre el conflicto real» por el que las comunidades originarias mantienen cortes de ruta desde hace más de un mes, junto a otras manifestaciones de protesta.
Judiciales ⚖️
Acusado de envenenar a sus mellizas recién nacidas: es juzgado tras más de 8 años prófugo
El acusado, identificado como P.G.Q., fue detenido en diciembre de 2025 cuando intentaba reingresar al país por un paso fronterizo. Está acusado de homicidio calificado por la muerte de una de las niñas y de tentativa respecto de la otra, recién nacidas en 2017.
Según la acusación, dos recién nacidas fueron envenenadas y abandonadas dentro de una bolsa en un paraje rural de Jujuy: una murió y la otra sobrevivió. Nueve años después, el hombre señalado como autor, que estuvo más de ocho años prófugo, comenzó a ser juzgado.
El juicio contra P.G.Q. se inició el martes ante un Tribunal en lo Criminal integrado por los jueces Felicia Ester Barrios, Mario Ramón Puig y Pablo Pullen Llermanos. El Ministerio Público de la Acusación está representado por el fiscal Aldo Lozano. El acusado es juzgado por homicidio calificado por vínculo parental, alevosía y envenenamiento en coautoría, por la muerte de una de las niñas, y por ese mismo delito en grado de tentativa respecto de la otra.
La hipótesis fiscal
De acuerdo con el parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA), durante la madrugada del 7 de julio de 2017, en una vivienda rural de Angosto del Perchel, ambas recién nacidas habrían recibido una sustancia tóxica compatible con un plaguicida. Después, las habrían metido en una bolsa y dejado en las inmediaciones del inmueble.
Las niñas fueron encontradas horas más tarde y trasladadas de urgencia para recibir atención médica. Una de ellas murió; la otra sobrevivió luego de un prolongado período de internación y de tratamiento especializado.
En noviembre de 2017, el propio fiscal Lozano sostuvo que las pericias toxicológicas evidenciaban que las pequeñas habían ingerido un plaguicida y planteó que existió un acuerdo previo para matarlas. Entonces amplió la imputación contra la madre de las niñas y dispuso la detención de dos hombres de su entorno íntimo, a quienes imputó como presuntos coautores.
Ocho años prófugo y una identificación por ADN
El acusado permaneció prófugo desde 2017 hasta diciembre de 2025, cuando fue detenido al intentar ingresar nuevamente al territorio argentino por un paso fronterizo. La detención reactivó la causa. Luego se realizaron estudios genéticos que, según la investigación, establecieron que P.G.Q. es el padre biológico de ambas niñas.
Hasta el momento no se informó dónde estuvo durante esos más de ocho años ni por qué paso fronterizo intentó reingresar. La pregunta que deja el caso es cómo un hombre requerido por la Justicia pudo permanecer tanto tiempo fuera de su alcance.
La prueba y lo que sigue
Durante la investigación se incorporaron informes médicos, pericias toxicológicas, testimonios de profesionales de la salud y declaraciones de efectivos policiales que participaron del hallazgo. Con el inicio del debate oral, las partes analizaron la prueba admitida en la etapa de control de acusación.
El tribunal deberá determinar la eventual responsabilidad penal del acusado, quien goza de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
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