CABA
El Senado trata la próxima semana el proyecto de ley sobre el gasto por el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad
La Cámara Alta tratará el próximo jueves la iniciativa que establece una transferencia de 24.500 millones de pesos anuales del Tesoro Nacional a la Ciudad de Buenos Aires para garantizar el funcionamiento de la fuerza de seguridad traspasada en 2016.
La Cámara Alta tratará el próximo jueves la iniciativa que establece una transferencia de 24.500 millones de pesos anuales del Tesoro Nacional a la Ciudad de Buenos Aires para garantizar el funcionamiento de la fuerza de seguridad traspasada en 2016.
El proyecto de Ley impulsado por el oficialismo que contempla la aprobación de un convenio entre Ciudad y el Gobierno nacional por el traspaso de la policía y fija ese monto en 24.500 millones de pesos anuales, actualizables cada tres meses, será llevado al recinto de sesiones el próximo jueves, en medio de una disputa entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que se opone al recorte de la coparticipación a la Capital.
El expediente fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para seguridad en la Ciudad, en lo que respecta al traspaso de una parte de la Policía Federal a la de la Ciudad, acordado mediante un convenio que se firmó entre el gobierno de Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en 2016.
El proyecto establece que ese monto será actualizado de acuerdo con un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad.
El interbloque de Juntos por el Cambio ya adelantó su posición contraria en medio de la polémica abierta cuando el Gobierno nacional anunció días atrás la reasignación de partidas de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para la creación del Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal de provincia de Buenos Aires.
El «Convenio de Transferencia progresiva a la Ciudad de facultades y funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA», firmado por el Estado nacional y el Gobierno porteño el 5 de enero de 2016, es un proceso gradual según el cual entre 17 y 19 mil policías federales pasarían al ámbito de la Ciudad.
El convenio estableció la transferencia de las Superintendencias de Seguridad Metropolitana, de Bomberos, de Policía Científica, de Investigaciones Federales, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Aviación Federal.
El texto enviado al Senado por el Poder Ejecutivo determina ahora que el Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos para esas dependencias.
La propuesta especifica además que la suma se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral.
El artículo cuarto de la iniciativa establece que el jefe de Gabinete adecuará el Presupuesto para el ejercicio 2020 a efectos de afrontar el financiamiento de los gastos establecidos en el artículo dos en forma proporcional al tiempo restante hasta la finalización del actual ejercicio.
«A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo realizará la readecuación de la participación que le corresponde a la Ciudad», añadió el texto enviado a la Cámara Alta.
El oficialismo apuró los tiempos del proyecto y en una semana obtuvo dictamen, luego de escuchar a la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis; y a una decena de expositores que se pronunciaron a favor y en contra de la medida.
La puja de la Cuidad por los fondos coparticipables
Desde el Frente de Todos, que gracias a la mayoría absoluta que mantiene ese bloque en la Cámara alta obtendrá la aprobación de la iniciativa que deberá ser girada a Diputados, defendieron la medida como un acto de «justicia».
«El convenio que se hizo en su momento subió la coparticipación del 1,4 a 3,75 por ciento. Eso fue un invento. El número es totalmente irreal. El expresidente Mauricio Macri quiso beneficiar a un dirigente de su propio partido político transfiriéndole recursos injustamente», opinó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, el peronista cordobés Carlos Caserio.
Además, afirmó que «lo que hace el Gobierno nacional es actuar con justicia» porque «pagará el convenio como corresponde, no como la Ciudad quiere».
Por el contrario, para el opositor porteño Martín Lousteau la quita de fondos a la Ciudad tiene «intencionalidad política» y la definió como «lo contrario a la autonomía: es el centralismo que castiga en función de las afinidades políticas y no castiga a los dirigentes, castiga a los ciudadanos».
CABA
Triple lesbicidio Barracas: el acusado no recuerda nada, pero niega todo
Justo Fernando Barrientos declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°5 porteño, negó haber iniciado el incendio que mató a Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y aseguró no poder recordar qué ocurrió. Para la querella de la FALGBT, sus dichos confirmaron el conflicto previo con las víctimas.
«Nunca discriminé a nadie». Con esa frase, el único acusado por el crimen que se cobró la vida de tres mujeres lesbianas en un hotel familiar de Barracas intentó despegarse del odio que le atribuyen las querellas. En la misma declaración en la que negó haber prendido fuego a las víctimas, admitió que no puede recordar lo que pasó aquella noche.
Justo Fernando Barrientos, de casi 70 años, habló este jueves ante el Tribunal en lo Criminal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires, presidido por el juez Adrián Pérez Lance, en la última audiencia previa a los alegatos. Está imputado por el lesbicidio de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, quienes sufrieron heridas mortales en el incendio ocurrido en mayo de 2024. Sofía Castro Riglos, que compartía la habitación con ellas, es la única sobreviviente del ataque.
«Me adjudican algo de lo que no tengo idea»
«Nunca trabajé con nafta ni pintura, no inicié el fuego, me adjudican algo de lo que no tengo idea», sostuvo Barrientos. Antes de que comenzara, Pérez Lance le aclaró que su declaración «no es bajo juramento de decir verdad», como corresponde a un imputado.
El acusado ensayó una reconstrucción fragmentaria: «Una noche que ellas estaban discutiendo fui a pedirles que pararan porque era muy duro, muy difícil estar en esas circunstancias, y de pronto pasó lo que pasó. Yo sentí un roce en el cuello y traté de agarrar un balde, creo que había ahí un balde, y ayudar». Luego agregó: «Cuando desperté fue en la comisaría y me dijeron que me autoagredí, creo haber perdido la conciencia o los sentidos al haber vivido esa situación».
«Trato de acordarme de todo lo que ha pasado y no puedo volver a recordar, traté de escribir y no me da la memoria», insistió. También descargó su enojo contra los vecinos del hotel que declararon en el juicio: «Nunca los he tratado mal, sí tuve alguna diferencia, pero no como para que ellos me traten de la manera que me tratan, fueron muy crueles conmigo». Ninguna de las partes pudo repreguntarle, porque su defensa ya había anticipado que no respondería consultas.
La querella: «Fue más una confirmación de los hechos»
Para Samanta Pedrozo, abogada querellante por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), el relato fue «muy contradictorio y ambiguo», pero dejó al descubierto que Barrientos «admitió que tenía un conflicto previo con las víctimas, que en el momento del incendio forcejeó con ellas».
«Fueron cuatro vecinos los que lo vieron atacándolas, lo que dijo hoy fue más una confirmación de los hechos», señaló. Y advirtió sobre la estrategia del acusado: «Trata de justificarse cuando dice ‘perdí la cabeza, no sé lo que pasó, no me acuerdo’; lo que está haciendo es buscar una atenuación».
La amnesia que alega Barrientos choca con la prueba incorporada al expediente. «Es un relato vacío porque no tiene respaldo profesional ni pericial, todas las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas que se le hicieron a Barrientos arrojaron que es un hombre sano», recordó Pedrozo, quien precisó que no tiene antecedentes de enfermedades de salud mental ni de consumos y que fue «totalmente consciente». El olvido selectivo aparece así como la última trinchera de una defensa que no logra discutir la prueba.
Odio, alevosía y ensañamiento: lo que está en juego
Barrientos está imputado por homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con un medio idóneo para generar peligro común, con alevosía y ensañamiento, y con odio. Permanece con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. La pena prevista por el artículo 80 del Código Penal para esas figuras es la prisión perpetua.
La FALGBT irá más lejos en su acusación. Según adelantó Pedrozo, acusarán a Barrientos de «los tres homicidios doblemente agravados por odio y por ser femicidios y la tentativa de lesbicidio y femicidio de Sofía Castro Riglos». El reconocimiento judicial del odio lesbofóbico es, para las organizaciones de la diversidad, el núcleo político de este juicio. «Es momento de que se reconozcan las identidades lésbicas y se cuiden nuestros proyectos de vida, que se castigue a quienes vayan en contra de ellos con violencia y con asesinato como lo hizo Barrientos», remarcó la abogada.
El calendario hacia la sentencia
Los alegatos comenzarán el lunes 26 y continuarán el miércoles 28 de este mes. La primera en exponer será la querella de las familias de Pamela y Roxana, seguida por Luciana Sánchez, abogada de Sofía Castro Riglos. En la jornada siguiente alegarán la FALGBT y el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi. Se prevé sumar una fecha en noviembre para el alegato del defensor Ricardo Antonio Richiello, antes de que el tribunal pase a la sentencia.
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