La máxima autoridad judicial del país, el presidente de la CSJN, Carlos Rosenkrantz, designado a dedo en 2015 por el expresidente Mauricio Macri, invocó el artículo 71 del reglamento de la Justicia Nacional, que reserva al titular del cuerpo la potestad de convocar a “acuerdos extraordinarios” cuando lo considere necesario. Algo que el presidente Alberto Fernández definió como «un escándalo jurídico».

Rosenkrantz, como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), define el martes si interviene en los casos de traslados suspendidos, para eso convocó a un «acuerdo extraordinario» para tratar los recursos presentados por los magistrados Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.

De esta manera, Rosenkrantz, designado en 2015 por el expresidente Macri, comunicó su decisión al resto de los ministros de la Corte durante una reunión virtual celebrada el martes pasado, para luego oficializar su iniciativa vía correo electrónico, al tiempo que acudía a los medios «amigos» para hacer las declaraciones públicas del caso, como era de esperar.

«La Corte tiene la responsabilidad, en casos como éste, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados”, declaró Rosenkrantz ante los medios y añadió: “Como dije hace una semana, la Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado».

Al realizar estás declaraciones, el titular de la Corte se remitió a sus propias declaraciones, realizadas al diario La Nación el 11 de septiembre, cuando señaló que “los planteos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli son planteos de naturaleza muy excepcional que, por esta y otra razones, requieren ser analizados con muchísimo detenimiento».

La voluntad de Rosenkrantz, específicamente, como lo adelantó, es que la Corte analice este martes los pedidos de los tres jueces para que se les conceda el “salto por instancia” o “per saltum”, que implica la intervención directa del máximo tribunal en la cuestión de fondo, esto es, si sus traslados se ajustan o no al trámite de designación previsto en la Constitución.

Frente a la clara intención de Rosenkrantz, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en declaraciones radiales realizadas este viernes se preguntó retóricamente: “¿Qué es lo que está buscando el presidente de la Corte? Me lo pregunto porque cualquiera que haya estudiado Derecho sabe que esto es un escándalo jurídico».

«Lo único que estamos haciendo nosotros es establecer un orden perdido en el gobierno anterior”, sentenció el mandatario y precisó que “lo que hizo Cambiemos con la designación de jueces fue escandaloso. Los que se quejan son los que siempre han manipulado a los jueces y ahora ven que no van a poder hacerlo».

El jefe de Estado se refirió así al informe sobre traslados de jueces presentado a fines de julio por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, que revisó y analizó todos los traslados de jueces realizados desde 1998 hasta 2020 y advirtió asimetrías e irregularidades manifiestas en los casos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

Las irregularidades manifiestas en los traslados

En marzo de 2018, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados del Tribunal Oral Federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires (primera instancia), a la Sala I de la Cámara Criminal Federal (segunda instancia), mientras que Castelli pasó del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando la revisión dispuesta por el Consejo pasó al Senado, el principal cuestionamiento de los senadores fue que no habían dado su acuerdo para esas funciones y citó a los magistrados para que ofrecieran su punto de vista, aunque prefirieron no hacerlo, y suspendió los traslados.

La Corte entonces, arrastrada por la preocupación y voluntad del presidente Rosenkrantz, deberá evaluar este martes si los argumentos de los tres magistrados para pedir la intervención tienen entidad, si se está ante una vulneración de la estabilidad de los cuestionados jueces ubicados de manera irregular por el macrismo o si, como sostienen y denuncian, existe un “plan de impunidad” detrás de la medida tomada por el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.