La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con respaldo de sectores aliados, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, el proyecto fue girado al Senado, donde el oficialismo deberá repetir el operativo de construcción de mayorías para convertirlo en ley. El presidente Javier Milei había calificado esta iniciativa como la medida legislativa «más importante» de la etapa actual de su gobierno.

Qué dice la reforma

El proyecto elimina la multiplicidad de objetivos que la Carta Orgánica vigente le asignaba al Banco Central y reduce su mandato a uno solo: preservar el valor de la moneda. Para concretarlo, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la compra de títulos del Estado nacional en el mercado primario, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales efectivamente obtenidas por la entidad.

Además, el texto endurece los requisitos para remover al presidente y a los directores del BCRA, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. El argumento oficial es que blindar institucionalmente a las autoridades monetarias resulta imprescindible para garantizar su autonomía respecto de los gobiernos de turno; una premisa que, sin embargo, la propia oposición cuestionó con dureza al señalar que el actual presidente del organismo, Santiago Bausili, es socio y amigo del ministro de Economía Luis Caputo.

Las voces del debate

El debate parlamentario dejó en evidencia la tensión entre el relato oficial de la «independencia» del BCRA y la arquitectura real del poder económico libertario. Santiago Pauli, presidente de la comisión de Finanzas y expositor por el oficialismo, sostuvo que la reforma apunta a que el Banco Central «no sea saqueado» ni se convierta «en una herramienta de hacer política», y auguró que los argentinos recuperarán la capacidad de ahorrar y planificar a largo plazo. Lo dijo sin mencionar que quien conduce el organismo es, precisamente, el ex socio del ministro que diseñó el programa económico en curso.

Itai Hagman, vicepresidente de la comisión de Presupuesto, advirtió que con esta reforma se busca «blindar una política cuyos resultados no fueron los que el gobierno esperaba» y denunció que el esquema de tasas de interés vigente permite que «algunos especuladores sigan abusándose». Hagman apuntó al drama social que el debate legislativo ignoró: 6 millones de personas atravesadas por el endeudamiento y la mora, y otros tantos millones con la soga al cuello sin figurar en los registros de incumplimiento.

Desde Encuentro Federal, el diputado Miguel Ángel Pichetto fue contundente al rechazar la lógica de la rigidez institucional: «Nunca estuve de acuerdo con un criterio de rigidez porque pienso que, en primer lugar, antes que la economía, está la política, y el Banco Central tiene que estar subordinado al interés general del país». Pichetto apuntó directamente a la contradicción estructural de la reforma: «¿De qué autonomía me hablan? El presidente del Banco Central es el socio de la oficina donde trabajaron junto al ministro de Economía». El argumento no fue respondido por el oficialismo.

Desde la UCR, Guillermo Agüero defendió el proyecto argumentando que el mandato múltiple del BCRA impidió históricamente que cumpliera cabalmente ninguna de sus funciones, y que la reforma busca «dotar al Banco Central de independencia» y «prohibir los financiamientos al Tesoro vía adelantos transitorios o transferencias vinculadas con utilidades ficticias». En el mismo bloque, Lisandro Nieri sostuvo que «debemos primero sepultar al flagelo de la inflación» y que eso exige que el mandato principal del BCRA sea preservar el valor de la moneda. Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) advirtió que la reforma no blindará realmente al Banco Central porque sigue siendo posible que se dicten Decretos de Necesidad y Urgencia para maniobrar con las reservas, como ocurrió con el Fondo del Bicentenario.

El FMI en el fondo de la escena

La reforma de la Carta Orgánica no es una iniciativa que nació en el Congreso ni en el debate académico argentino: forma parte de los compromisos asumidos por el gobierno de Milei en el marco del acuerdo de Facilidades Extendidas suscrito con el Fondo Monetario Internacional en abril de 2025 por USD 20.000 millones. La segunda revisión de ese programa, aprobada en abril de 2026, explicitó la necesidad de avanzar en la autonomía formal del BCRA como condición para la continuidad del flujo de desembolsos. El Congreso, en este esquema, legisla sobre un menú diseñado en Washington.

La oposición kirchnerista y de izquierda, que votó en bloque contra la iniciativa, señaló que la emisión cero no es una política económica neutral sino una herramienta para garantizar el pago de la deuda externa en detrimento del financiamiento del gasto social, la inversión pública y el crédito productivo. Con los recortes acumulados desde diciembre de 2023 en gasto de capital (86%), programas sociales (61%) y transferencias a provincias (66%), la discusión sobre el mandato del Banco Central no es técnica: es, antes que nada, política.

Puntos clave

• 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones: la reforma de la Carta Orgánica del BCRA fue aprobada en Diputados y girada al Senado.
• Mandato único: el proyecto reduce la función del Banco Central a preservar el valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento al Tesoro y a las provincias.
• Blindaje institucional con contradicción: la reforma endurece los requisitos para remover autoridades del BCRA, pero su presidente es socio del ministro de Economía.
• El FMI como mandante real: la iniciativa responde a compromisos del acuerdo de abril de 2025, no a un debate parlamentario autónomo.
• 6 millones de argentinos endeudados: el drama del sobreendeudamiento de los hogares quedó fuera del debate legislativo.