La paritaria 2026/2027 de la Administración Pública Nacional cerró el martes con una firma y un rechazo categórico. El Gobierno dispuso un nuevo esquema de incrementos salariales para los trabajadores del Convenio Colectivo de Trabajo General 214/06 que establece subas mensuales del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, más una suma fija de $80.000 por única vez a cobrar en el último mes del año. La negociación volvió a poner en evidencia la fractura entre los dos sindicatos que representan al personal civil del Estado: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) suscribió el acuerdo, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lo rechazó de plano.

UPCN firmó y defendió el acumulado

Desde UPCN argumentaron que la evaluación del acuerdo no puede realizarse de manera aislada, sino en el marco del período completo de negociación. Según el sindicato, al sumar los ajustes liquidados desde junio de 2026, el incremento acumulado para el tramo junio-diciembre alcanzaría el 14,08%. El gremio también destacó que los porcentajes acordados impactan sobre otros conceptos del salario, como presentismo, viáticos, suplementos y jardín maternal. «La paritaria estatal empieza en junio, entonces de junio a diciembre ya existe una pauta de crecimiento», señalaron desde el sindicato. La defensa del acuerdo se apoya, así, en una lectura del semestre completo antes que en la variación mensual puntual.

ATE: ajuste por debajo de la inflación y deterioro sostenido

El rechazo de ATE fue frontal. La organización consideró que los porcentajes acordados se ubican por debajo de la inflación proyectada y consolidan la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos, en lugar de revertir el deterioro acumulado desde el inicio de la gestión libertaria. La posición de ATE no es nueva: el sindicato viene sosteniendo desde 2023 que los salarios estatales sufrieron una caída real de alrededor del 29% bajo la administración de Javier Milei, una cifra que el propio Foro Economía y Trabajo incluyó entre los datos de ajuste estructural en el sector público. Con esa base erosionada, cualquier suba mensual que no supere la inflación del período no recupera terreno, sino que profundiza la brecha.

La fractura entre los dos gremios no es, en este caso, un episodio aislado. Refleja una disputa de fondo sobre la metodología de negociación: UPCN prioriza la continuidad del diálogo institucional y el cómputo semestral, mientras que ATE rechaza validar acuerdos que, mes a mes, se ubican por debajo del costo de vida. En un contexto donde la inflación proyectada para el segundo semestre de 2026 se mantiene en torno al 2% o por encima según distintas consultoras, los porcentajes de 1,5% a 1,9% que establece el acuerdo implican, en cada uno de esos meses, una pérdida real de ingreso.

El bono de diciembre, insuficiente para cerrar la brecha

El único elemento no porcentual del acuerdo es la suma fija de $80.000 prevista para diciembre. Este tipo de instrumento, habitual en las negociaciones paritarias del sector público y privado durante los últimos años, tiene un efecto acotado: no se incorpora al salario de manera permanente, no impacta en el cálculo del aguinaldo y su poder de compra queda expuesto a la erosión inflacionaria desde el momento en que se anuncia hasta que efectivamente se cobra. Para un trabajador estatal que percibe un salario promedio del sector, la suma representa una fracción menor del ingreso mensual y no alcanza a compensar la pérdida acumulada.

Ajuste fiscal e incumplimiento de metas como telón de fondo

La negociación salarial del sector público se desarrolla en el marco del programa de ajuste fiscal comprometido por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo de Servicio Ampliado suscripto en abril de 2025 por USD 20.000 millones impone metas de superávit primario que condicionan directamente el margen de aumento para los salarios estatales. En ese esquema, la contención del gasto en personal se convierte en una variable de ajuste al servicio del equilibrio fiscal, no de la recuperación del poder adquisitivo. La segunda revisión del acuerdo con el FMI, aprobada en abril de 2026, mantuvo la presión sobre el gasto público a pesar de incumplimientos previos en la meta de reservas, lo que reduce aún más el margen de maniobra del Ejecutivo ante los reclamos sindicales.

Puntos clave

• El acuerdo paritario 2026/2027 fija subas del 1,9% al 1,5% mensual entre septiembre y diciembre, más un bono único de $80.000 en diciembre.
• UPCN firmó el acuerdo y argumentó que el acumulado junio-diciembre alcanzará el 14,08%.
• ATE rechazó la propuesta por considerarla inferior a la inflación proyectada y acumuladora de pérdida real.
• Los salarios estatales acumulan una caída de alrededor del 29% desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
• El ajuste fiscal pactado con el FMI condiciona el margen de negociación salarial del sector público.