Legislativo
Establece un régimen de protección para compradores de inmuebles “en pozo”
Propone un Registro Nacional de Desarrolladores Inmobiliarios.
El diputado nacional de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto de ley para establecer un régimen especial de protección a quienes compran inmuebles “en pozo”. Esta modalidad —que implica adquirir una propiedad antes de su construcción— creció en los últimos años por la falta de crédito hipotecario, pero dejó expuestas a miles de personas a fraudes y estafas sin regulación clara.
Según explicó el legislador cordobés, la propuesta se inspira en normativas de países como España, México y Estados Unidos, donde se implementaron mecanismos similares luego de fuertes crisis del sector inmobiliario. En Argentina, en cambio, la legislación vigente apenas cubre la figura del comprador como consumidor, lo que impidió que existieran controles públicos eficaces ante prácticas abusivas.
“El espíritu de la ley es brindar seguridad jurídica a los compradores y penalizar a los desarrolladores que no cumplen con lo pactado”, sostuvo Agost Carreño. Su propuesta complementa la Ley de Defensa del Consumidor y apunta a frenar maniobras especulativas que perjudican especialmente a familias que depositan sus ahorros en proyectos de largo plazo.
Fondos protegidos y penalidades por demoras
Entre los aspectos centrales del proyecto se destaca la obligación de que los fondos aportados por los compradores solo se utilicen en la obra comprometida. Además, los desarrolladores deberán entregar informes trimestrales con el avance del proyecto, publicar balances auditados y constituir un Fondo de Garantía equivalente al monto total de los anticipos, destinado a proteger a los consumidores en caso de incumplimientos.
El proyecto también contempla sanciones económicas y penales:
- Multa diaria del 0,1% del valor del contrato por demoras no justificadas, hasta un máximo del 10%.
- Reformas al Código Penal para castigar con hasta ocho años de prisión a quienes cometan estafas mediante engaño o abuso de confianza en desarrollos inmobiliarios.
“Lo que ocurrió con Márquez & Asociados es apenas la punta del iceberg”, advirtió Agost Carreño. Esa empresa, actualmente investigada por estafa, afectó a más de 4.000 familias que habían invertido en viviendas en Córdoba y otras provincias. El caso dejó en evidencia la fragilidad jurídica de este tipo de contratos y la ausencia de herramientas estatales para intervenir a tiempo.
Registro Nacional y control estatal
Otra innovación del proyecto es la creación de un Registro Nacional de Desarrolladores Inmobiliarios. Será obligatorio para todas las personas humanas o jurídicas que promuevan obras residenciales con preventa, y tendrá como fin asegurar que solo puedan operar quienes cumplan con requisitos técnicos, financieros y éticos mínimos.
“El proyecto no demoniza la actividad inmobiliaria, pero sí exige estándares de transparencia. Hoy cualquiera puede lanzar una preventa sin respaldo, y el Estado llega tarde cuando ya hay daños irreparables”, subrayó Agost Carreño.
El avance del texto dependerá ahora del debate legislativo. Aunque Encuentro Federal no forma parte del oficialismo, el tema ya despertó interés en bloques como la UCR y Unión por la Patria, donde algunos legisladores manifestaron apoyo a una normativa que proteja el derecho a la vivienda frente al lucro sin control.
Contexto regional y antecedentes
En países como España, tras el colapso inmobiliario de 2008, se implementaron seguros obligatorios para proteger los depósitos de los compradores. En México, el artículo 73 de la Ley de Protección al Consumidor exige reportes financieros periódicos en desarrollos en etapa de preventa. En Estados Unidos, los estados aplican regulaciones diferenciadas pero con un criterio general: sin garantías claras, no puede iniciarse la comercialización.
Argentina quedó rezagada en ese proceso. Según datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, más del 40% de las operaciones residenciales durante 2023 correspondieron a inmuebles en pozo o en construcción.
La informalidad y los retrasos estructurales del sector inmobiliario generan un caldo de cultivo ideal para las estafas y “el comprador queda atado a un contrato desequilibrado, sin información, sin respaldo, sin derechos”, advirtió una fuente del sector, que además alertó sobre la “desprotección jurídica estructural” en estos casos.
Elecciones
Bullrich, la aliada incómoda: el ajuste en discapacidad agrieta el armado 2027
La senadora libertaria cuestionó los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027 y en Casa Rosada ya temen una ruptura que fragmente a la derecha. El karinismo minimiza el riesgo, pero otras tribus del oficialismo admiten que hay que contenerla.
El recorte en discapacidad que el Gobierno de Javier Milei metió en el Presupuesto 2027 no solo golpea a miles de familias que dependen de esas prestaciones: también abrió una grieta en la propia coalición oficialista, que a menos de un año de las presidenciales ya hace cuentas sobre qué pasaría si Patricia Bullrich decide irse. En Casa Rosada reapareció un fantasma conocido: la fragmentación del electorado de centroderecha.
La protagonista es la senadora nacional Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, que en los últimos días se desmarcó públicamente del capítulo VI del proyecto presupuestario. Ese apartado, que abarca los artículos 36 a 41, plantea modificaciones y derogaciones sobre distintos puntos de la legislación vinculada con discapacidad, incluido el esquema con el que se fijan y actualizan los aranceles del sistema de prestaciones.
«Nadie dijo nada de esto»
La primera señal llegó cuando Bullrich admitió que desconocía los cambios. «Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz. El Presupuesto llegó con cambios en la Ley de Discapacidad que no eran conocidos», explicó en una entrevista con Radio Rivadavia. Días después subió el tono en el canal de noticias A24: «Habíamos estado el día anterior en una mesa política, se habían dado los números macro. Se habían dado los fundamentos, pero nadie dijo nada de esto».
En esa misma entrevista apuntó contra la cartera que conduce Luis «Toto» Caputo como responsable del envío del texto al Congreso y definió el episodio como «un error no forzado» que «te puede hacer perder el partido». Luego fue más lejos: «Si cometemos un error no forzado, ¿qué van a pensar? Que somos crueles».
El cruce escaló cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que la senadora se había retirado antes de que la mesa política abordara el tema. Bullrich lo desmintió de plano: «Cuando se habló del Presupuesto yo estaba», afirmó, y agregó que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tampoco conocía las modificaciones. «Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es», disparó, aunque aclaró que no pretende pelearse con nadie.
La crítica que no toca el ajuste
Conviene leer la letra chica del desmarque. Bullrich no cuestiona el rumbo económico: en sus intervenciones remarcó que el superávit fiscal y las metas de inflación son pilares no negociables del plan oficial, y sostuvo que el tema de discapacidad requiere una definición que no altere los objetivos fiscales de la administración libertaria. Su reproche no apunta al recorte en sí, sino al costo político de que la sociedad perciba al Gobierno como insensible.
La preocupación que la senadora expresa es, en esencia, electoral. «El año pasado nosotros la pasamos muy mal cuando perdimos gobernabilidad», recordó, en referencia a las derrotas legislativas que sufrió el oficialismo. Para las personas con discapacidad y sus familias, lo que está en juego no es la imagen de un gobierno, sino el acceso a tratamientos, transporte y rehabilitación.
Las tribus libertarias y el temor a la ruptura
Si bien buena parte de la plana mayor del oficialismo cree que Bullrich repite un patrón conocido y no romperá con La Libertad Avanza, algunas voces del espacio siguen de cerca cada paso y plantean que el Gobierno debe esforzarse por retenerla. «El Gobierno tiene que impedirlo y tiene las herramientas para hacerlo», precisó una voz de una de las tribus libertarias, según trascendió.
El temor se alimenta de otro movimiento: el extitular de la Unión Cívica Radical Ernesto Sanz planteó la necesidad de impulsar un espacio opositor similar a Juntos por el Cambio. En el oficialismo le bajan el precio a la idea, pero reconocen que la ecuación cambiaría si la senadora se fuera. «Quieren poder darle cierto cuerpo a una potencial candidatura del PRO. Cuando hablan de Juntos por el Cambio es porque Sanz le sumaría ‘el tono radical’ para hablar de algo más amplio, pero no lo veo viable. Excepto que rompa Patricia», afirmó una fuente oficial.
En el karinismo, el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, descartan que la senadora tome distancia del partido al que se afilió en último término, aunque admiten que Bullrich se considera «una aliada» de la administración libertaria. «Es lógico. Ella ganó una PASO y fue candidata de otro espacio», la justifican. «Patricia es Patricia», resumió un funcionario del círculo íntimo de la hermana del Presidente.
Una candidatura en disputa
Con la reelección de Milei como objetivo declarado, toma fuerza la posibilidad de que Bullrich integre la fórmula presidencial como candidata a vicepresidenta en 2027. La propia senadora lo dejó entrever sin nombrar al mandatario: «Es muy importante que el proyecto reelija». En su entorno evitan precisar a qué lugar de las listas aspira, pero anticipan que «hará lo necesario para que el peronismo no gane».
La escena revela la fragilidad de una coalición que se sostiene más por el espanto compartido que por un programa común. Mientras la interna libertaria discute lugares en las listas, el ajuste sobre los sectores más vulnerables sigue su curso en el Congreso.
Lo que tenés que saber:
- El capítulo VI del Presupuesto 2027 (artículos 36 a 41) modifica y deroga normas vinculadas con discapacidad.
- Bullrich admitió que desconocía esos cambios y los calificó como «un error no forzado».
- La senadora desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre el tratamiento del tema en la mesa política.
- Bullrich sostiene que el superávit fiscal y las metas de inflación no son negociables.
- En el oficialismo crece la posibilidad de que sea candidata a vicepresidenta en 2027, mientras Ernesto Sanz impulsa reeditar un frente similar a Juntos por el Cambio.
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