Legislativo
Establece un régimen de protección para compradores de inmuebles “en pozo”
Propone un Registro Nacional de Desarrolladores Inmobiliarios.
El diputado nacional de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto de ley para establecer un régimen especial de protección a quienes compran inmuebles “en pozo”. Esta modalidad —que implica adquirir una propiedad antes de su construcción— creció en los últimos años por la falta de crédito hipotecario, pero dejó expuestas a miles de personas a fraudes y estafas sin regulación clara.
Según explicó el legislador cordobés, la propuesta se inspira en normativas de países como España, México y Estados Unidos, donde se implementaron mecanismos similares luego de fuertes crisis del sector inmobiliario. En Argentina, en cambio, la legislación vigente apenas cubre la figura del comprador como consumidor, lo que impidió que existieran controles públicos eficaces ante prácticas abusivas.
“El espíritu de la ley es brindar seguridad jurídica a los compradores y penalizar a los desarrolladores que no cumplen con lo pactado”, sostuvo Agost Carreño. Su propuesta complementa la Ley de Defensa del Consumidor y apunta a frenar maniobras especulativas que perjudican especialmente a familias que depositan sus ahorros en proyectos de largo plazo.
Fondos protegidos y penalidades por demoras
Entre los aspectos centrales del proyecto se destaca la obligación de que los fondos aportados por los compradores solo se utilicen en la obra comprometida. Además, los desarrolladores deberán entregar informes trimestrales con el avance del proyecto, publicar balances auditados y constituir un Fondo de Garantía equivalente al monto total de los anticipos, destinado a proteger a los consumidores en caso de incumplimientos.
El proyecto también contempla sanciones económicas y penales:
- Multa diaria del 0,1% del valor del contrato por demoras no justificadas, hasta un máximo del 10%.
- Reformas al Código Penal para castigar con hasta ocho años de prisión a quienes cometan estafas mediante engaño o abuso de confianza en desarrollos inmobiliarios.
“Lo que ocurrió con Márquez & Asociados es apenas la punta del iceberg”, advirtió Agost Carreño. Esa empresa, actualmente investigada por estafa, afectó a más de 4.000 familias que habían invertido en viviendas en Córdoba y otras provincias. El caso dejó en evidencia la fragilidad jurídica de este tipo de contratos y la ausencia de herramientas estatales para intervenir a tiempo.
Registro Nacional y control estatal
Otra innovación del proyecto es la creación de un Registro Nacional de Desarrolladores Inmobiliarios. Será obligatorio para todas las personas humanas o jurídicas que promuevan obras residenciales con preventa, y tendrá como fin asegurar que solo puedan operar quienes cumplan con requisitos técnicos, financieros y éticos mínimos.
“El proyecto no demoniza la actividad inmobiliaria, pero sí exige estándares de transparencia. Hoy cualquiera puede lanzar una preventa sin respaldo, y el Estado llega tarde cuando ya hay daños irreparables”, subrayó Agost Carreño.
El avance del texto dependerá ahora del debate legislativo. Aunque Encuentro Federal no forma parte del oficialismo, el tema ya despertó interés en bloques como la UCR y Unión por la Patria, donde algunos legisladores manifestaron apoyo a una normativa que proteja el derecho a la vivienda frente al lucro sin control.
Contexto regional y antecedentes
En países como España, tras el colapso inmobiliario de 2008, se implementaron seguros obligatorios para proteger los depósitos de los compradores. En México, el artículo 73 de la Ley de Protección al Consumidor exige reportes financieros periódicos en desarrollos en etapa de preventa. En Estados Unidos, los estados aplican regulaciones diferenciadas pero con un criterio general: sin garantías claras, no puede iniciarse la comercialización.
Argentina quedó rezagada en ese proceso. Según datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, más del 40% de las operaciones residenciales durante 2023 correspondieron a inmuebles en pozo o en construcción.
La informalidad y los retrasos estructurales del sector inmobiliario generan un caldo de cultivo ideal para las estafas y “el comprador queda atado a un contrato desequilibrado, sin información, sin respaldo, sin derechos”, advirtió una fuente del sector, que además alertó sobre la “desprotección jurídica estructural” en estos casos.
Judiciales ⚖️
El oficialismo cede y el peronismo retiene dos sillas en la Magistratura
La Libertad Avanza resignó en el Senado los dos lugares de la bancada más numerosa: Wado de Pedro y Florencia López reemplazarán a Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde. En Diputados, el PJ queda con una sola banca y el PRO pelea con Provincias Unidas la última silla.
Con un senador recuperado a último momento, el peronismo volvió a ser la bancada más numerosa de la Cámara alta y se quedó con dos de las cuatro sillas que el Senado tiene en el Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y acusa a los jueces. El reparto se cerró en la reunión de Labor Parlamentaria que ordenó la sesión prevista para este jueves, y el oficialismo eligió no dar la pelea hasta el final.
El Consejo tiene 20 integrantes, de los cuales ocho son legisladores nacionales: cuatro por el Senado y cuatro por Diputados. Con mandatos que vencen por estos días, para el período 2026-2030 asumirán por la Cámara alta el camporista Eduardo «Wado» de Pedro y la riojana Florencia López, en reemplazo de los también kirchneristas Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde. La Libertad Avanza tendrá una sola silla, que ocupará Nadia Márquez en lugar de Luis Juez, y la UCR conservará la suya con Maximiliano Abad, que sucederá a Eduardo Vischi. La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, será la encargada de remitir las nominaciones al Consejo.
La jugada de Cristina con un senador riojano
La clave del reparto fue aritmética. La ley asigna dos consejeros a la bancada mayoritaria y uno a cada una de las dos minorías siguientes. Tras el recambio parlamentario, el bloque peronista había caído de 34 a 21 bancas y quedó empatado con el de La Libertad Avanza que conduce Patricia Bullrich. El desempate llegó con la vuelta de Fernando Rejal, el senador riojano que en febrero se había ido del bloque de José Mayans para sumarse a Convicción Federal.
Con Rejal, el peronismo llegó a 22 integrantes, uno más que los libertarios, que seguirán en 21 cuando asuma Claudia Cecilia López en la banca que dejó vacante el fallecido Juan Carlos Pagotto. Según trascendió, la designación de Florencia López funciona como una devolución de gentilezas de Cristina Fernández de Kirchner al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que habilitó el regreso de Rejal a la bancada justicialista.
La concesión del oficialismo no fue gratuita: llegó en plena negociación por la reforma electoral, un proyecto para el que la Casa Rosada necesita votos que no tiene propios en la Cámara alta. El Gobierno, que hizo del control de la Justicia una de sus banderas, termina así cediendo lugares en el organismo que define quién llega a un juzgado y quién se enfrenta a un jury.
Diputados: el PJ pierde un lugar y Michel queda solo
En la Cámara baja el panorama es otro. El peronismo quedará representado únicamente por el massista Guillermo Michel, en un giro pragmático de Cristina Kirchner, que históricamente eligió para esa silla a legisladores de su riñón, como Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley. La Libertad Avanza, hoy la bancada más numerosa de Diputados, tendrá dos consejeros: mantiene a Gonzalo Roca y suma a Gisele Castelnuovo.
La pelea por la última silla
El cuarto lugar abrió una disputa entre el PRO y Provincias Unidas. La ley 24.937 establece que los consejeros del Congreso se designan a propuesta de los bloques. Con 18 integrantes, Provincias Unidas es la segunda minoría y desplaza al PRO, que tiene una docena de bancas. El jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, reclama que se cuenten los interbloques, una fórmula que lo llevaría a 22 bancas al sumar a los radicales, al MID, a Karina Banfi y a José Luis Garrido.
La definición quedará en manos del presidente de la Cámara, Martín Menem. Si se inclina por el PRO, la pelea podría terminar en los tribunales, con el Consejo de la Magistratura judicializado por su propia conformación.
Lo que tenés que saber
- El peronismo retiene dos de las cuatro sillas del Senado en el Consejo de la Magistratura para el período 2026-2030.
- Wado de Pedro y Florencia López reemplazarán a Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde.
- La vuelta del riojano Fernando Rejal le dio al PJ 22 senadores, uno más que La Libertad Avanza.
- En Diputados, el PJ queda solo con Guillermo Michel y La Libertad Avanza suma dos consejeros.
- El PRO y Provincias Unidas se disputan la última silla; Martín Menem tendrá la palabra final.
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