Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento debatieron el proyecto que limita el uso de decretos presidenciales. La iniciativa ya tiene media sanción del Senado y podría votarse en el recinto la próxima semana.

El eje de la discusión

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados aceleraron el tratamiento de la media sanción del Senado que modifica el régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La reunión de comisión se realizó este martes y se acordó pasar el dictamen a la firma el 30 de septiembre, lo que habilitaría su debate inmediato en el recinto.

El proyecto reduce la capacidad del Poder Ejecutivo de gobernar por decreto: basta con el rechazo de una sola cámara para anular un DNU, establece un plazo de 90 días para su convalidación y prohíbe que el Ejecutivo emita otro decreto sobre la misma materia en el mismo período parlamentario.

Antecedentes y marco legal

El uso de DNU está regulado por la Constitución desde 1994, cuando se habilitó esta herramienta para responder a situaciones excepcionales. En 2006, la ley 26.122 impulsada por Cristina Fernández de Kirchner creó la Comisión Bicameral y fijó el procedimiento de control, pero dejó en pie los decretos mientras no fueran rechazados por ambas cámaras.

La práctica consolidó un esquema que, según especialistas y legisladores, fortaleció el presidencialismo. El oficialismo de turno pudo sostener decretos aun sin consensos legislativos, ya que resultaba difícil reunir mayorías en Diputados y el Senado para derogarlos.

Posturas en debate

La diputada de Unión por la Patria, Mónica Litza, defendió la necesidad de reformar el sistema: “A casi 20 años de la ley 26.122 vemos que lo que debía ser una excepción y un control del presidencialismo se ha convertido lamentablemente en la regla, sobre todo para este Gobierno”.

Desde el Frente de Izquierda, Christian “Chipi” Castillo cuestionó directamente la existencia de los DNU y calificó el régimen vigente como “anticonstitucional”. Afirmó que el Ejecutivo “ha hecho una suerte de reforma constitucional de hecho con un DNU a todas luces anticonstitucional como el DNU 70/23”.

En el PRO surgieron diferencias internas. Patricia Vásquez criticó la “hipocresía” del kirchnerismo por querer modificar ahora la ley que antes defendió y advirtió que la oposición busca “limitar las posibilidades constitucionales de un presidente democráticamente electo”. En contraste, Silvia Lospennato adelantó su apoyo a la reforma: “El PRO viene sosteniendo que esta ley es anticonstitucional desde el primer día, en el 2006”.

Un tema sensible para el Gobierno

La ofensiva legislativa preocupa a la Casa Rosada. El gobierno de Javier Milei recurrió de forma recurrente a los DNU para aplicar políticas sin pasar por el Congreso, lo que generó tensiones con la oposición. La iniciativa que impulsa Diputados podría debilitar de manera significativa esa herramienta de gobierno.