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Legislativo

Bullrich fracasa en su intento de modificar el Presupuesto y pierde apoyo clave en el Senado

Los jefes de bancada dialoguista advierten que no habrá modificaciones al proyecto sancionado en Diputados. Patricia Bullrich fracasó en su intento de recuperar el Capítulo XI, que incluía la derogación de leyes clave. La sesión del 26 de diciembre se encamina a ratificar el texto original.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El Senado de la Nación transita una semana cargada de tensión política, con una sesión convocada para el 26 de diciembre que promete cerrar uno de los años legislativos más complejos de la última década. En el centro del debate: el proyecto de ley de Presupuesto 2026 y la denominada ley de Inocencia Fiscal, que obtuvieron dictamen de comisión el viernes pasado tras cumplir con los siete días reglamentarios de difusión.

La vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó la fecha de la sesión, que transcurrirá en medio de las fiestas navideñas y con un dato ya prácticamente definido: el Presupuesto será sancionado tal como salió de Diputados, sin las modificaciones que el Gobierno intentó imponer hasta último momento.

«No hay forma de que el Presupuesto vuelva a Diputados con alguna modificación; y si la piden, no se la vamos a dar», advirtió un senador de la oposición dialoguista consultado por este medio.

El acuerdo que Bullrich no pudo romper

El último jueves, Patricia Bullrich —nueva líder del oficialismo en el Senado— logró un acuerdo con los referentes de todos los bloques dialoguistas para frenar lo que amenazaba con convertirse en una crisis política de magnitud: sancionar el Presupuesto sin modificaciones respecto al texto aprobado en la Cámara baja.

La decisión quedó plasmada en el dictamen firmado por todas las bancadas, con excepción del kirchnerismo, emitido por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El texto respeta íntegramente lo votado en Diputados, incluida la eliminación del Capítulo XI, que contemplaba la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.

Sin embargo, el compromiso duró apenas horas. Ese mismo jueves, el ministro del Interior Diego Santilli declaró en una entrevista radial que el Gobierno no descartaba modificar el proyecto en el Senado para que Diputados pudiera sancionarlo el 29 de diciembre. La estrategia apuntaba a recuperar el polémico Capítulo XI.

La presión que no prosperó

El domingo pasado, Bullrich convocó a una reunión virtual por Zoom con los jefes de bloque de la oposición dialoguista —Camau Espínola, Eduardo Vischi, Martín Goerling y Natalia Gadano— para intentar convencerlos de aceptar las modificaciones que pedía la Casa Rosada.

La respuesta fue contundente. «Si quieren pasar las fiestas en paz, que no insistan con la derogación de universidades y discapacidad», le dijo uno de los jefes de bloque presentes en el encuentro, según pudo confirmar este medio. Otro legislador fue más directo: «Es una pena que pierdan los 44 votos en menos de dos días», en referencia a la mayoría que el oficialismo necesita para avanzar con otros proyectos estratégicos.

Todas las señales indican que el Presupuesto cuenta con los votos necesarios para su sanción sin cambios. Pero el costo político para el Gobierno fue alto: la crisis desatada por los errores en la negociación dejó en suspenso los planes de Bullrich de impulsar una reforma laboral en tiempo récord durante el verano.

El error no forzado que cambió todo

El origen de la debacle política se remonta a la madrugada del jueves, durante la sesión en la que Diputados aprobó el proyecto de Presupuesto. Allí, el oficialismo cometió una serie de decisiones que derivaron en un fuerte malestar en dos de sus principales aliados: el Pro y la UCR.

Por un lado, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, negoció con el kirchnerismo el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN), lo que generó rechazo en las filas macristas. Por otro, la inclusión de la derogación de la ley de financiamiento universitario en el Capítulo XI fue vivida como una traición por la UCR, que había impulsado esa norma y ya venía resentida desde que Menem designó a un libertario en el Consejo de la Magistratura en el lugar que había dejado vacante Roxana Reyes.

Sin el apoyo de esos 13 votos conjuntos del Pro y la UCR, la mayoría que Bullrich esperaba construir para avanzar con la reforma laboral se evaporó. A partir de entonces, su prioridad pasó a ser asegurar la sanción del Presupuesto, una herramienta que el Gobierno considera indispensable para continuar las negociaciones con el FMI por los vencimientos de deuda de 2026.

«Es la Casa Rosada, estúpido», dijo un senador libertario en el comedor del Senado, parafraseando el eslogan de campaña de Bill Clinton para señalar el origen de los errores tácticos. Según fuentes legislativas consultadas, la estrategia de veto al Presupuesto en caso de que el Senado no reincorporara el Capítulo XI habría partido del asesor presidencial Santiago Caputo.

Un cierre de año legislativo bajo presión

El Senado cerrará su año legislativo con una sesión en plenas fiestas de Navidad, un hecho inédito que refleja la urgencia del Gobierno por contar con instrumentos legales para afrontar los desafíos económicos de 2026. La estrategia de Bullrich, que buscaba consolidarse como líder del oficialismo en la Cámara alta, quedó seriamente dañada.

Ahora, según fuentes del oficialismo, el proyecto de reforma laboral —que consta de 213 artículos— deberá esperar hasta febrero para su tratamiento, con la incertidumbre de si los bloques dialoguistas mantendrán el mismo nivel de cooperación tras los cortocircuitos de diciembre.

El viernes 26, cuando se vote el Presupuesto 2026, se sabrá si el Gobierno logra cerrar el año con una victoria legislativa o si los errores no forzados le pasarán factura en el arranque del próximo período de sesiones ordinarias.

Puntos clave

• El Senado tratará el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal el 26 de diciembre, en sesión convocada por Victoria Villarruel.

• Los bloques dialoguistas acordaron sancionar el proyecto sin modificaciones respecto al texto aprobado en Diputados.

• Patricia Bullrich intentó el domingo convencer a los jefes de bloque de reincorporar el Capítulo XI, que incluía la derogación de leyes de financiamiento universitario y discapacidad, pero fracasó.

• La crisis política generada por errores en la negociación dejó en suspenso los planes del oficialismo de impulsar una reforma laboral durante el verano.

• El malestar del Pro y la UCR por decisiones del oficialismo en Diputados complica la construcción de mayorías para futuros proyectos del Gobierno.

Buenos Aires

Chapadmalal vuelve a la Provincia: el Senado bonaerense le pone freno al negocio de Milei

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por mayoría el proyecto de la senadora Fernanda Raverta para recuperar la Unidad Turística Chapadmalal, cedida originalmente por la Provincia a la Nación con destino exclusivo al turismo social. La iniciativa instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones judiciales contra el gobierno nacional por «desnaturalización del fin social» del complejo, mientras el gobierno de Javier Milei planea entregarlo en concesión a privados por 30 años.

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De más de 84.000 personas alojadas en 2023, el complejo de Chapadmalal pasó a cero turistas en 2025 y 2026. Ese dato brutal resume lo que el gobierno de Javier Milei hizo con uno de los emblemas históricos del turismo social argentino: un predio construido en los años 40 para que los trabajadores, los niños y los jubilados pudieran conocer el mar con hospedaje de calidad y pensión completa, ahora en camino a convertirse en un negocio privado.

El martes, el Senado bonaerense respondió con una decisión política concreta. El bloque peronista Fuerza Patria impulsó y logró la media sanción del proyecto de ley presentado por la senadora marplatense Fernanda Raverta, que declara la voluntad del Estado provincial de recuperar la titularidad y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal (UTC) e instruye a la Fiscalía de Estado bonaerense a iniciar las acciones judiciales necesarias para exigirle a la Nación la devolución del predio. El expediente, registrado como E 120 2026-2027, pasa ahora a la Cámara de Diputados provincial para completar su tratamiento legislativo.

Un predio cedido con una condición que Milei ignoró

El origen jurídico del conflicto es claro: la Provincia de Buenos Aires cedió originalmente los terrenos de Chapadmalal al Estado nacional con un fin específico e irremplazable, el turismo social. Construido entre 1948 y 1949 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón y diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo como parte de una política de democratización del descanso, el complejo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2013. La administración de Javier Milei ignoró ese mandato de origen y avanzó en dos movimientos concretos: el Decreto 216/2025 eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social, y la Resolución 129/2026, publicada en el Boletín Oficial, oficializó el pase a disponibilidad de la totalidad del personal de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba.

El plan del gobierno nacional es concesionar el complejo de Chapadmalal a privados por un plazo de 30 años y subastar el complejo de Embalse. Para el ministerio de Gobierno bonaerense, encabezado por Carlos Bianco, se trata de una «trampa administrativa»: primero se declara que el predio está «subutilizado», luego se quita el personal y finalmente se habilita la venta o la concesión directa. Bianco ya formalizó ante la administración nacional el pedido de transferencia inmediata del complejo a la órbita provincial.

La ley que activa la Fiscalía de Estado

El proyecto aprobado en el Senado bonaerense va más allá de una declaración de intenciones. La norma declara «la voluntad» del Estado provincial de «recuperar la titularidad de dominio y asumir la administración de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal debido a la desnaturalización del fin social para el cual fueron afectados» e instruye a la Fiscalía de Estado a «interponer las acciones judiciales y medidas cautelares necesarias ante las jurisdicciones competentes, a fin de obtener la reivindicación, restitución o retrocesión de los inmuebles que integran la UTC fundadas en la desviación de su finalidad pública, el incumplimiento del cargo de uso social originario y la defensa del patrimonio histórico y social».

Durante el debate, Raverta colocó el conflicto en términos de modelo de país: «Chapadmalal no es solamente un complejo hotelero, es un modelo de país. Para algunos, es un activo que puede venderse al mejor postor. Para nosotros, es parte de la historia de la Argentina, del derecho de los trabajadores al descanso y de una política pública que permitió que miles de familias fueran al mar por primera vez». La senadora también recordó que «cuando esta provincia decidió ceder su tierra a un gobierno nacional para que construyera ese complejo, fue con ese objetivo, y ahora el Gobierno nacional no lo está cumpliendo».

La oposición apoyó la privatización

El proyecto fue aprobado por mayoría, con la votación en contra del senador del PRO y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien avaló el modelo de Milei para la concesión privada del predio. Montenegro sostuvo que «la única forma de progreso no puede ser siempre el Estado», un argumento que el peronismo bonaerense rechazó de plano en el recinto. La postura del PRO y de La Libertad Avanza significó, en los hechos, respaldar que un complejo declarado Monumento Histórico Nacional y construido para los trabajadores quede en manos de empresarios privados durante tres décadas.

Kicillof: «Marcha a un negocio inmobiliario»

El gobernador Axel Kicillof ya había trazado el diagnóstico con precisión. «Me parece que, como ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario», declaró durante una visita a Mar del Plata, al ser consultado sobre el futuro del complejo. «La onda viene de demolición y destrucción», agregó el mandatario bonaerense, quien exigió que, si la Nación decide desprenderse del predio, la administración sea transferida en forma inmediata a la Provincia. El ministro de Turismo bonaerense, Augusto Costa, sintetizó el impacto con un dato que no admite interpretación: «De alojar a más de 84.000 personas en 2023, pasamos a cero turistas en 2025 y 2026».

En el Congreso nacional, los senadores peronistas Juliana di Tullio y Eduardo «Wado» de Pedro presentaron un proyecto paralelo para transferir Chapadmalal a la provincia de Buenos Aires, con la condición de que el predio mantenga su destino de turismo social y que su venta o cambio de uso quede prohibida sin autorización del Poder Legislativo nacional. La pinza legislativa, en la Cámara alta bonaerense y en el Congreso nacional, marca una estrategia coordinada del peronismo para bloquear judicialmente y políticamente la entrega del complejo.

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