Legislativo
Diputados tratarán un proyecto para proteger a Aerolíneas Argentinas de su venta y desguace
La iniciativa, impulsada por el diputado Máximo Kirchner, apunta a evitar que en el futuro se intente una privatización y desguace de la aerolínea de bandera sin la intervención del Congreso.
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados abrirá mañana el debate de un proyecto de ley del oficialismo que busca reformar la ley de estatización de Aerolíneas Argentinas para prohibir la transferencias de acciones de la línea área sin la autorización de los dos tercios de los miembros de la Cámara baja y del Senado.
La iniciativa, impulsada por el diputado del Frente de Todos (FdT) Máximo Kirchner, apunta a evitar que en el futuro se intente un desguace de la aerolínea de bandera sin la intervención del Congreso, ante las advertencias que habían hecho los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de «privatizar empresas públicas», señaló el equipo de trabajo de Kirchner en un comunicado.
Según estimaron fuentes cercanas a la bancada oficialista, en la reunión prevista para las 14 en el segundo piso del anexo A de la Cámara baja «se buscará emitir dictamen», teniendo en cuenta que en la comisión de Legislación General, a cargo de Lucas Godoy (Frente de Todos-Salta), el oficialismo cuenta con mayoría.
En ese cuerpo parlamentario, la bancada presidida por Germán Martínez cuenta con 16 de los 31 integrantes, mientras que JxC suma 14 y el interbloque Federal, uno.
En los fundamentos del proyecto presentado el 17 de julio pasado, Kirchner planteó que el objetivo es «proteger lo conseguido y ahuyentar a los ‘fantasmas privatizadores'», como también «poner límites a quiénes disfrazados de eficientes gestionadores privados lo único que han hecho es utilizar al Estado como fuente de financiamiento de pingües negocios personales».
La iniciativa propone reformar la ley 26466/08, que declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral S.A., y prohíbe expresamente «la transferencia de las acciones» sin una autorización previa del Congreso.
El proyecto detalla que la autorización del Congreso a cualquier transferencia de acciones de Aerolíneas requerirá de la aprobación con el voto favorable «de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara».
Para modificar la ley 26.466, la propuesta promueve incorporar un párrafo al primer artículo de la normativa, lo que que permitiría incluir en el texto de la norma el mismo requisito que figura en el artículo 10 de la ley 26.741/2012, por la cual se expropió el 51% de las acciones de la petrolera YPF.
En el artículo 10 de la ley que pasó al Estado la mayoría del paquete accionario de YPF se dejó constancia que, como la expropiación se debió a una causa de utilidad pública, «se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Honorable Congreso votada por las dos terceras partes de sus miembros».
En el resumen que acompaña el proyecto se planteó que la necesidad de restringir a través de una ley cualquier cesión o transferencia de acciones se debe a la proliferación de «discursos irresponsables, alejados de la mirada estratégica que debe tener la construcción de un país para todos y todas».
«Se pretende volver a cero el esfuerzo que tanto le ha costado al pueblo argentino para reconstruir las empresas públicas luego de la estafa de las privatizaciones. Otra vez se impulsa la excusa de una empresa deficitaria que debe cerrar o debe estar en manos privadas como una idea nueva», se advirtió.
Además, se remarcó que las voces opositoras que impulsan la privatización total o parcial de Aerolíneas «ignoran la importancia que genera una línea de bandera» y omiten hablar «de los 11.029 puestos de trabajo que deben protegerse de manera directa y de los otros 92.652 promovidos de manera indirecta».
Desde un planteo similar a lo que sostenido por la vicepresidenta Cristina Kirchner, el diputado Kirchner destacó el rol clave que adquiere la empresa «para todos aquellos que trabajan y viven en nuestro extenso territorio nacional», en particular para los que residen en lugares a los que «por razones antieconómicas no llegan ni llegarán explotadores aéreos privados».
La presentación del proyecto se concretó luego de que, en el marco de la campaña de las PASO, Bullrich manifestara que «las empresas tienen que financiarse» y definiera a Aerolíneas como «un gasto que utiliza una cantidad minoritaria de personas».
Por su parte, Milei sostuvo que las empresas «YPF y Aerolíneas Argentinas tienen que ser privatizadas» y añadió que «nada de lo que se haga desde el Estado» puede ser considerado como «eficiente».
Legislativo
Duro debate en el Senado por ley de tierras para extranjeros y desalojo de barrios populares
El Senado de la Nación volvió a debatir este miércoles el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, en una jornada que expuso las profundas contradicciones de una iniciativa que, bajo el rótulo de proteger la propiedad, habilita la venta de tierras argentinas a capitales extranjeros, acelera desalojos y amenaza con dejar a más de un millón de familias de barrios populares sin garantías habitacionales.
Tierra a la venta: LLA busca habilitar a extranjeros a comprar suelo argentino sin límites
★ El plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, fue escenario de un fuerte cruce entre la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Mientras el oficialismo apura los tiempos y busca emitir dictamen la semana próxima, la oposición y las organizaciones sociales advirtieron que el proyecto es un retroceso histórico en materia de soberanía territorial, derecho a la vivienda y protección ambiental.
Un proyecto con cinco bombas de tiempo
Presentado formalmente en el Congreso el 27 de marzo de 2026 bajo el expediente PE-13/2026, el proyecto fue defendido en una primera ronda de debates por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien lo enmarcó en los dos pilares que define el gobierno de Javier Milei: equilibrio fiscal y libertad económica.
Sin embargo, los cinco ejes centrales de la iniciativa despertaron alarmas incluso entre algunos aliados del Gobierno. El primero establece un mecanismo «sumarísimo» para la restitución de inmuebles, con desalojos exprés que, según sus críticos, reducen garantías procesales a los ocupantes. El segundo, y quizás el más polémico, elimina los límites vigentes desde 2011 para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales en Argentina, una restricción sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner precisamente para preservar la soberanía territorial.
El tercer eje apunta a la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, derogando artículos impulsados en 2020 por el diputado Máximo Kirchner que impedían vender bosques nativos, humedales y áreas protegidas durante 60 años tras un incendio, y cambiaban el uso de suelos agrícolas incendiados por 30 años. El cuarto modifica la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana (conocida como ley de barrios populares), sancionada en forma unánime en 2018, que garantiza suspensión de desalojos y regularización dominial para los sectores más vulnerables. El quinto punto reforma el sistema registral inmobiliario.
Un millón de familias en riesgo
Las organizaciones TECHO, Cáritas, UTEP, CELS, La Garganta Poderosa y Hábitat para la Humanidad Argentina advirtieron en conjunto que el proyecto «representa un retroceso profundo sobre la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana y pone en riesgo el acceso progresivo a la propiedad, la vivienda y los servicios básicos de más de un millón de familias que viven en barrios populares en todo el país». Desde TECHO precisaron que la iniciativa, tal como fue redactada, «podría dejar a 2 millones de niños en situación de calle».
En la audiencia de este miércoles, el referente de la Mesa de Barrios Populares de Bariloche, Luciano Celsi, puso números concretos al drama habitacional que el proyecto ignora: «El 92% de las familias que vivimos en barrios populares no tenemos acceso formal al agua, el 97% no tiene acceso a la red cloacal y el 98% no tiene conexión al gas». Celsi fue contundente: «No apoyamos esta iniciativa».
El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, fue más allá y denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina». Señaló además que desde la derogación de la ley de alquileres los precios acumularon un aumento superior al 400% en dos años, y que los datos del INDEC confirman que los alquileres siguen subiendo por encima de la inflación cada mes.
El constitucionalista Daniel Sabsay también cuestionó la iniciativa y señaló que «genera fuertes dudas en cuanto a la protección del medioambiente, la urbanización de barrios populares y una mirada poco contemplativa al problema habitacional en el actual contexto económico».
Soberanía, fuego y el cruce Vilar-Bullrich
El momento más tenso de la jornada llegó con el enfrentamiento entre la ministra bonaerense de Ambiente, Daniela Vilar, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Vilar señaló que se «necesita tener presa» a Cristina Fernández de Kirchner para aprobar leyes que van en contra de la soberanía del país, en referencia a la presión judicial sobre la ex presidenta que coincide con el avance de reformas regresivas en el Congreso.
Bullrich respondió acusando a Vilar de utilizar la reunión de comisiones para hacer «un panfleto político» y afirmó que la ex presidenta «llegó hasta la Corte Suprema de Justicia» sin acatar su fallo. «Estamos en veredas enfrente», remató Bullrich, y aseguró que el oficialismo «defiende a los ciudadanos comunes», al mismo tiempo que atacó la gestión bonaerense señalando que la provincia de Buenos Aires tiene «más usurpaciones que en el resto del país».
Vilar, por su parte, había explicado antes del cruce que la Ley de Manejo del Fuego «no prohíbe producir ni vender ni arrendar territorios» y que «intenta desincentivar la quema y el incendio para luego hacer el cambio de uso del suelo». El combatiente de incendios del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro, Paulino Inalaf, planteó una pregunta que el oficialismo no respondió: si se aprueba el proyecto y se producen incendios para habilitar negocios inmobiliarios, «¿qué políticas tienen para asegurar la seguridad y la soberanía argentina?».
El peronismo señala prioridades distintas
El ex diputado peronista Santiago Igon resumió la posición opositora con claridad: «Esta ley no la estamos necesitando. Lo que sí necesitamos es que llegue el tercio que le corresponde a la provincia por impuestos al combustible para arreglar las rutas. Necesitamos una política a favor de que las economías regionales puedan resurgir».
El único expositor que respaldó el proyecto fue el abogado especializado en derecho administrativo Mariano Marcucci, quien consideró que la ley «avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado y va a favor de las garantías de los particulares».
Según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia NA, el oficialismo aspira a emitir dictamen la semana próxima, aunque la decisión dependerá de si consigue el apoyo de los bloques dialoguistas. La meta del Gobierno es llevar el proyecto al recinto en la última semana de abril o la primera de mayo.
Puntos clave
- El Senado debatió por segunda vez el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Milei, con exposición de más de veinte especialistas y referentes sociales.
- El proyecto elimina los límites para la compra de tierras por extranjeros vigentes desde 2011, modifica la ley de barrios populares y deroga protecciones ambientales post-incendio.
- Organizaciones como TECHO, Cáritas, UTEP y el CELS advierten que el texto podría dejar a más de un millón de familias sin garantías habitacionales y a 2 millones de niños en situación de calle.
- El titular de Inquilinos Agrupados denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina», en un contexto de alquileres que aumentaron más del 400% en dos años.
- El oficialismo busca emitir dictamen la semana próxima y llevar el proyecto al recinto antes de fin de abril, condicionado al apoyo de los bloques aliados.
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