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Aporte solidario: el oficialismo confía en sancionar el proyecto, aunque la oposición ratificó su rechazo
Con el proyecto, que el Frente de Todos busca aprobar en una sesión especial, se busca recaudar unos 307.000 millones de pesos y destinarlos a planes de salud y proyectos productivos para afrontar las consecuencias de la pandemia.
Con el proyecto, que el Frente de Todos busca aprobar en una sesión especial, se busca recaudar unos 307.000 millones de pesos y destinarlos a planes de salud y proyectos productivos para afrontar las consecuencias de la pandemia de coronavirus.
El oficialista Frente de Todos (FdT) confió en que logrará los 129 votos necesarios para aprobar el martes próximo el proyecto de aporte solidario extraordinario impulsado por ese espacio, mientras que la oposición de Juntos por el Cambio ratificó su rechazo a la iniciativa.
Con el proyecto, que el Frente de Todos busca aprobar en una sesión especial, el Gobierno planea recaudar unos 307.000 millones de pesos y destinarlos a planes de salud y proyectos productivos para afrontar las consecuencias de la pandemia de coronavirus.
La sesión especial fue solicitada por el presidente de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, junto a los jefes de los interbloques, Federal, Eduardo Bucca; Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón y Acción Federal, Felipe Álvarez.
El respaldo de estas bancadas opositoras le asegura al oficialismo poder sancionar este dictamen en la sesión, ya que se requieren una mayoría calificada de 129 votos.
La sesión especial contará con mayor número de diputados de Juntos por el Cambio en el recinto, ya que ese bloque anticipó que más allá de la virtualidad en el contexto de la pandemia, solicitará mayor presencialidad de legisladores en Buenos Aires para tratar temas como aporte solidario, la llamada reforma judicial, la movilidad jubilatoria y el Presupuesto 2021.
El proyecto de aporte solidario, cuyos autores son Máximo Kirchner y Carlos Heller, obtuvo dictamen de comisión el 25 de septiembre y cuenta además con el apoyo de sectores políticos, sociales, sindicales y culturales, que se manifestaron a favor de la iniciativa en distintas oportunidades.
«Creemos que el número mágico de 129 votos se logrará superar», aseguró Heller, en declaraciones radiales, al sostener que el oficialismo «tiene 117 diputados y requiere inevitablemente del apoyo de otros sectores que, se espera, van a estar de acuerdo».
«Todo hace suponer que será así porque lo manifestaron en el debate de la comisión», confió el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda en declaraciones a FM Delta.
El dictamen, que se tratará en el recinto el martes 17, prevé el cobro de una tasa del 2 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.
La recaudación de ese aporte se destinará un 20% a la compra o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria, 20% a las pymes, 15% a los programas para el desarrollo de los barrios populares, 20% al programa integral de becas Progresar y 25% programas de exploración y desarrollo de gas natural, a través de Enarsa, según el proyecto.
En esa línea, el diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, afirmó que, de aprobarse el proyecto de aporte extraordinario, permitirá llegar con ayuda a los que más necesitan en un momento de emergencia y crisis» y ayudará a que «se alcancen niveles mínimos de justicia social» en el país.
También el diputado nacional Itaí Hagman (Frente de Todos) se mostró esperanzado en que el martes se pueda obtener media sanción del proyecto y consideró que se trata de una iniciativa «racional y sensata».
El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, afirmó en Twitter que el proyecto de aporte solidario «es necesario para superar la crisis que dejó Mauricio Macri y las consecuencias de la pandemia» del coronavirus.
En tanto, desde la oposición, el jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, ratificó que esa bancada rechazará el proyecto y recordó que desde ese espacio opositor presentaron un dictamen de minoría en contra de la iniciativa impulsada por el oficialismo. «En los sectores productivos lo que hay que hacer es incentivar y que haya trabajo», argumentó Negri esta mañana en diálogo con a radio La Red.
Además de Negri, el diputado nacional de la UCR por Mendoza Luis Petri adelantó en su cuenta de Twitter el rechazo de ese bloque al proyecto, al sostener que «sin eufemismos, el proyecto es desastroso desde todo punto de vista, es inconstitucional, supone una doble imposición, aumenta la presión impositiva, es confiscatorio, desalienta las inversiones y no es coparticipado a las provincias que sostienen el sistema de salud».
«De la pandemia se sale cuidando el trabajo, no con más impuestos que desalientan la inversión, generan inseguridad jurídica y achican el aparato productivo del país», afirmó, por su parte, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, en declaraciones a la prensa desde el aeropuerto de El Palomar (EPA) para pedir su reapertura.
Gremiales
El Consejo del Salario fracasó: la CGT pidió $911.000, empresarios ofrecieron $400.000 y decide el Gobierno
La CGT reclamó un piso de $911.000 y los empresarios ofrecieron apenas $400.000, frente a un SMVM actual de $376.600. Ante el fracaso de la negociación, la Secretaría de Trabajo tomará la decisión unilateralmente. El secretario de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que el organismo es «una puesta en escena» y que el salario mínimo quedó en niveles de indigencia.
El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionó este viernes sin llegar a un acuerdo para fijar el nuevo monto del salario mínimo, y la definición quedará en manos del Gobierno nacional, que lo establecerá por resolución propia. La brecha entre las posiciones de trabajadores y empleadores resultó tan pronunciada que no hubo margen para ningún punto de encuentro: los gremios nucleados en la CGT y las dos CTA reclamaron un piso de $911.000, mientras que los representantes empresariales ofrecieron $400.000, poco más del doble del valor vigente.
El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se encuentra actualmente en $376.600, cifra que resulta del cronograma de ajustes fijado en la reunión del organismo de noviembre de 2025. Ese valor funciona como referencia no solo para determinar una remuneración básica, sino también para el cálculo de una serie de programas sociales, prestaciones y subsidios, lo que convierte a la discusión en un asunto que excede el ámbito estrictamente salarial.
La intención del Gobierno: salarios de bolsillo cerca de $800.000
Detrás de la reunión virtual de este viernes flotaba una señal que la Secretaría de Trabajo hizo trascender en las horas previas: el Gobierno nacional busca que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $800.000, lo que equivaldría a un bruto de aproximadamente $1.100.000. Ese objetivo, sin embargo, no formó parte de la agenda formal del encuentro y quedó como un telón de fondo no discutido durante la jornada.
El encuentro se realizó de manera virtual, a través de Zoom, pese al reclamo expreso de la CGT de la semana pasada para retornar a la presencialidad. El Gobierno rechazó ese pedido, sosteniendo el formato remoto que viene utilizando en el último período. La decisión fue leída por los sectores sindicales como una señal más de la desjerarquización del espacio de negociación.
Por el sector empleador participaron Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez, en representación de la Unión Industrial Argentina (UIA), junto a Ricardo Diab y Juan Massi, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Por los trabajadores, estuvieron Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar por la CGT, y Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro por las dos CTA. Todos los sectores contaron con sus asesores técnicos durante la sesión.
Aguiar: «El Consejo del Salario es inservible»
La voz más dura tras el cierre de la sesión fue la del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien no escatimó adjetivos para describir el estado del organismo. Según el dirigente, los representantes empresariales propusieron un aumento de apenas 1,8% para septiembre y 1,7% mensual de ahí hasta abril, una suba que calificó de burla frente al costo de vida.
«Este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio», sostuvo Aguiar en un comunicado. El dirigente estatal apuntó directamente contra la naturaleza del espacio: «El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación.»
Aguiar fue aún más contundente al referirse al funcionamiento estructural del organismo: «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne solo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», afirmó. Y cerró con una advertencia: «Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer.»
Un organismo sin acuerdos hace más de dos años
La situación de este viernes no es una anomalía coyuntural sino la regla que se consolidó durante la gestión de Javier Milei. El Consejo del Salario no logra un acuerdo genuino entre partes hace más de dos años, y en cada oportunidad la brecha entre las posiciones sindicales y empresariales deriva en una definición unilateral del Ejecutivo. Ese patrón repetido convierte al organismo, creado para garantizar que el piso salarial se fije mediante el diálogo tripartito, en un trámite formal sin incidencia real sobre el resultado.
El SMVM vigente de $376.600 se obtiene tras una serie de actualizaciones que, en términos reales, no han logrado recuperar el poder adquisitivo perdido desde el inicio del programa de ajuste. La diferencia entre los $911.000 que reclamaron los sindicatos, los $400.000 que ofrecieron los empresarios y los $376.600 actuales resume con precisión la disputa: quién absorbe el costo de la estabilización y en qué medida los trabajadores de menores ingresos son forzados a financiarla con su capacidad de consumo.
Puntos clave
- El SMVM vigente es de $376.600, fijado por el cronograma acordado en noviembre de 2025.
- La CGT reclamó $911.000 y los empleadores ofrecieron $400.000, sin punto de encuentro posible.
- El Gobierno definirá el nuevo monto por resolución propia, reiterando el patrón de los últimos dos años.
- Rodolfo Aguiar (ATE) calificó al organismo de «inservible» y denunció que los empresarios propusieron aumentos de apenas 1,8% mensual.
- La Secretaría de Trabajo hizo trascender que el Gobierno busca salarios de bolsillo cercanos a $800.000, equivalentes a un bruto de $1.100.000.
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