Judiciales ⚖️
La reforma del Consejo de la Magistratura llega a Diputados
El Frente de Todos necesita acuerdo con bloques provinciales para alcanzar la aprobación del proyecto del Senado.
Por Silvia Rajcher y Silvina Angiono
El Frente de Todos (FdT) deberá enhebrar acuerdos con los bloques provinciales para poder sancionar el proyecto del Consejo de la Magistratura, aprobado el jueves último por el Senado, que establece una nueva conformación del organismo abocado a la designación de jueces.
De hecho, con la sanción del Senado del jueves, la Cámara baja sólo contaba con cuatro días hábiles para debatir el nuevo proyecto, sin contar jueves y viernes de la Semana Santa que se conmemora la próxima semana.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley sancionada en el 2006 que tenia un Consejo de la Magistratura integrado por 13 miembros, una situación que -para el alto tribunal- «no respetaba el equilibrio» en su composición y puso un término para aprobar la ley, que se cumple el próximo viernes 15, plazo que la Cámara de Diputados no podrá cumplir.
La dificultad para cumplir con ese límite establecido por la Corte Suprema fue advertida por el presidente del bloque de diputados nacionales del FdT, Germán Martínez, quien alertó que tras la sanción del Senado la Cámara baja «sólo tiene cuatro días hábiles» para tratar el proyecto y sostuvo que «el desenlace de esta historia depende de la Corte Suprema de Justicia».
«Estamos metidos en este entuerto por el fallo de la Corte», dijo Martínez en las últimas horas, en referencia el fallo del máximo tribunal que declaró la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que se dispuso en 2006, actualmente vigente.
En esa oportunidad, el máximo tribunal otorgó al Congreso un plazo de 120 días -que vence el próximo viernes 15- para sancionar una ley que establezca una nueva estructura del organismo encargado de proponer magistrados para que los designe el Presidente de la Nación, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces y eventualmente sancionarlos y enviarlos a juicio político.
A un mes y medio de la apertura de las sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados no pudo avanzar aún con el tratamiento de un conjunto de leyes económicas claves para el Gobierno debido a las diferencias para conformar las comisiones asesores del cuerpo por falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición.
Para poder avanzar en esta agenda se deben terminar de conformar las comisiones asesores del cuerpo que son indispensables para analizar y emitir los dictámenes que luego se tratan en el recinto de sesiones del cuerpo legislativo.
En tanto, y para avanzar con la reforma del Consejo de la magistratura, el oficialismo tendrá el desafío de buscar los acuerdos necesarios para alcanzar los 129 positivos que se necesitan, ya que las leyes derivadas de la Constitución Nacional se aprueban con mayorías especiales.
En este contexto, el oficialismo tiene 118 miembros -pero 117 votos porque el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa no vota -solo lo hace en caso de empate- con los cual necesita una docena de votos y allí va a tener que buscar acuerdos con el interbloque Provincias Unidas, el interbloque Federal, Movimiento Popular Neuquino, y Ser para lograr avanzar con la reforma.
Hasta el momento, el FdT podría tener el respaldo de los cuatro legisladores de Provincias Unidas, 1 del MPN, con lo cual le faltan siete votos para alcanzar los 129 votos.
Por su parte, en el interbloque Federal -integrado por ocho miembros- los tres de Córdoba Federal van a mantener la postura que tuvo la senadora Alejandra Vigo de votar en contra de la iniciativa, mientras habrá que ver que postura asumen los dos socialistas y los tres de Identidad Bonaerense, que integra Graciela Camaño, miembro del Consejo de la Magistratura.
En tanto, Juntos por el Cambio (JxC) votará en contra del proyecto como hizo en el Senado ya que quiere volver a poner en vigencia la ley que había hasta el 2006 donde había 20 miembros y era presidido por la Corte Suprema de Justicia.
Tras la sanción del Senado, el presidente de la bancada radical Mario Negri dijo que «el proyecto aprobado por el kirchnerismo-PJ en el Senado denota que quieren quedarse con el manejo de los recursos económicos del Poder Judicial para seguir condicionando a la Justicia. Por eso no aceptaron nuestra propuesta de que la Corte presida el Consejo de la Magistratura».
«Hay una postura mayoritaria del bloque de Juntos por el Cambio que tiene que ver con proponer una modificación que sea un correlato del fallo de la Corte que estableció y conceptualizó algunas consideraciones», preciso la diputada del JxC, Ximena García.
Según precisó la diputada de JxC, «proponemos que sean 20 los miembros del Consejo, que el presidente sea el presidente de la Corte Suprema y que también se constituyan ternas permanentes de los concursados para que puedan cubrirse las vacantes con las ternas de quienes han obtenido los primeros lugares».
«Cualquier otra propuesta que no vaya en consonancia con el fallo puede correr el riesgo de ser tachada de inconstitucionalidad», aseveró la diputada nacional de la UCR por Santa Fe.
Desde el bloque de diputados nacionales de Evolución Radical, que preside Rodrigo De Loredo, señalaron que la media sanción del Senado «deja a la Justicia sin los cambios que necesita», al tiempo que «agrega incertidumbre e inestabilidad» y la calificaron como «la tercera de una serie de reformas negativas, superficiales e inconstitucionales».
El proyecto sancionado en el Senado
El proyecto sancionado en el Senado establece que el Consejo de la Magistratura estará integrado por 17 miembros de los cuales seis corresponderán al Congreso, cuatro a los jueces, cuatro a los abogados, dos a los académicos, y uno al Poder Ejecutivo.
Uno de los cambios introducidos por el Senado para tener una conformación mas federal es que los cuatro jueces y los cuatro abogados que formen parte de la magistratura sean elegidos uno por cada región del país: AMBA, Norte, Centro y Sur del país.
Además se incluyó una comisión, de «Asuntos Federales», integrada por cuatro senadores, como consejeros ad honorem, que no tendrán voto para la designación de jueces ni para el proceso disciplinario a los magistrados.
Economía 💲
Otro alivio judicial para Caputo: la Cámara frenó la causa por los fondos viales
La Cámara Federal sacó de la causa a la diputada Victoria Tolosa Paz y al gobernador Ricardo Quintela y suspendió los pedidos de informes ordenados por Lijo sobre un fideicomiso vial con 73,8% de subejecución. El fallo respaldó el planteo del fiscal Stornelli, en una investigación que apunta al Ministerio de Economía de Luis Caputo.
La Cámara Federal sacó de la causa a quienes pedían investigar el destino de los fondos de las rutas y dejó sin efecto las medidas de prueba que había ordenado el juez Ariel Lijo. El fallo llegó después de que el fiscal Carlos Stornelli, que había dictaminado desestimar la denuncia, apelara por vía de queja y se quejara de que el magistrado avanzó con pedidos de informes cuando él ya había planteado cerrar el expediente.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña, Bertuzzi y Yadarola, firmaron la resolución el miércoles en la causa por la supuesta malversación del fideicomiso Sistema Vial Integrado (SisVial). La investigación apunta al Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo, a quien el Poder Judicial volvió a darle un respiro en un expediente incómodo para el Gobierno de Javier Milei.
Qué resolvió la Cámara
Los camaristas revocaron el punto de una resolución de Lijo que había aceptado como querellantes a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Además, dejaron sin efecto las medidas ordenadas el 28 de agosto “al menos hasta tanto lo decidido adquiera firmeza”.
Ese día, Lijo había pedido informes al Ministerio de Economía sobre la gestión del fideicomiso, a Vialidad Nacional sobre distintas obras y rutas nacionales, y a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación para saber si hubo trabajos de auditoría sobre el fideicomiso vial. Esa información, que podía aportar datos concretos al expediente, queda ahora en suspenso.
El argumento de Stornelli: los fondos se podían invertir
Stornelli sostuvo que el Gobierno gestionó los fondos conforme a las pautas del Decreto 976/2001, que creó el fideicomiso. Según el fiscal, el artículo 21 de esa norma habilita al fiduciario, en este caso el Banco Nación, a invertir los recursos en títulos públicos o plazos fijos. Agregó que un decreto posterior, firmado por Milei en 2025, dejó vía libre para colocar los excedentes en instrumentos públicos.
Sobre esa base pidió la desestimación de la denuncia y reclamó ante la Cámara por la incorporación de los querellantes y por las medidas que dispuso Lijo después de su dictamen. La Cámara le dio la razón en ambos planteos.
Por qué rechazaron a Tolosa Paz y a Quintela
Tras escuchar a las partes durante semanas, Bertuzzi y Yadarola coincidieron en que ni la diputada de Unión por la Patria y ex ministra de Desarrollo Social ni el gobernador riojano reúnen los requisitos para ser parte. Tolosa Paz había invocado su condición de usuaria de las rutas nacionales 3 y 5. Los jueces respondieron que su calidad de legisladora y de usuaria “pueden demostrar un eventual interés en denunciar, pero no una lesión personal”, y que los hechos denunciados no la tienen como particularmente ofendida ni siquiera de manera hipotética.
Quintela, por su parte, había argumentado que varias rutas nacionales atraviesan La Rioja y que la decisión de colocar los fondos del SisVial en inversiones afectó económicamente a la provincia. Para los camaristas, no se advierte de qué modo los actos denunciados pudieron afectar a la provincia de forma “directa, singular y diferenciada”. Agregaron que el hecho de que las rutas crucen el territorio provincial, o de que la provincia haya costeado gastos puntuales en alguna de ellas, no la convierte en particularmente ofendida.
Los fundamentos conocidos del fallo giran en torno a quién puede ser parte de la causa y no despejan si la colocación de los fondos viales en instrumentos financieros fue la decisión correcta.
El origen de la denuncia: una subejecución del 73,8%
La denuncia penal nació de una investigación periodística del diario La Nación, firmada por Hugo Alconada Mon, que señaló que la tasa de subejecución del fideicomiso alcanzó el 73,8% durante la administración libertaria. Según esos datos, se ejecutó el 11,3% de lo recaudado en 2024, el 39% de lo recaudado en 2025 y el 18,5% de los fondos obtenidos entre enero y mayo de 2026.
Los recursos del SisVial tienen afectación específica para obras viales y provienen de una porción del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Es decir que el dinero que se cobra a quienes cargan nafta tiene un destino fijado: mantener y mejorar las rutas del país. El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que una parte de esos impuestos la dispone el Ministerio de Economía, y no precisó cuánto corresponde a cada destino.
Lo que tenés que saber:
- La Sala I de la Cámara Federal revocó la aceptación de Victoria Tolosa Paz y Ricardo Quintela como querellantes en la causa por el fideicomiso SisVial.
- Los camaristas dejaron sin efecto las medidas que Lijo ordenó el 28 de agosto, al menos hasta que lo resuelto adquiera firmeza.
- Stornelli había dictaminado la desestimación de la denuncia y sostuvo que el Decreto 976/2001 permite invertir los fondos en títulos públicos o plazos fijos.
- Los jueces consideraron que ni la diputada ni el gobernador acreditaron una afectación directa por la forma en que se administraron los fondos.
- La denuncia se basó en una subejecución del 73,8% del fideicomiso durante la gestión libertaria, según una investigación periodística.
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