La Cámara de Diputados sesionará el próximo martes para decidir si acepta o rechaza las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de Ley de Alquileres, en una jornada en la que también se debatirán el proyecto que establece la continuidad desde 2024 de la devolución del IVA a sectores de menores ingresos, el que fomenta la producción del Gas Natural Licuado (GNL) y los que disponen la creación de tres universidades, entre otros.

En la sesión especial convocada para las 12 del martes, también fueron incluidos un proyecto denominado ‘Argentina Inclusiva’; el Plan de Ciencia y Tecnología 2030; la Ley ‘Olimpia’ y una iniciativa de respaldo a la industria del Calzado.

La mayor atracción de la sesión estará en el debate por la Ley de Alquileres, donde la Cámara debe resolver si acepta las modificaciones que el Senado le hizo hace diez días al proyecto a instancias del Frente de Todos, o si insiste con el texto que -motorizado por Juntos por el Cambio- los diputados aprobaron en agosto.

La reforma originaria, que fue votada el 23 de ese mes en la Cámara baja, establece que los contratos de alquiler tengan un plazo mínimo de dos años, contra los tres años que rigen en la actualidad, y que los ajustes puedan hacerse cada cuatro meses con la libertad de ambas partes para elegir el mecanismo a emplear entre varias fórmulas o índices.

En su redacción original, las partes debían convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, con contratos por dos años, y, o bien podían aplicar como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), o bien una combinación de todos estos índices.

Pero el proyecto votado hace diez días en la Cámara alta salió con modificaciones, entre las que se estableció en tres años el plazo mínimo legal de locación, y, por otro lado, se agregó que «los contratos de locación con destino» a vivienda deberán ser estipulados «en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses».

También el Senado modificó el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y estableció que «los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el BCRA».

El proyecto aprobado por el Senado además incorporó un último párrafo sobre el artículo 9, en el que determinó que «los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo».

A la sesión del martes ambas posturas llegan con una marcada paridad, e incluso podría darse el escenario de que en las dos votaciones -insistir o aceptar modificaciones- sean más los negativos, ya que los tres diputados libertarios rechazarían ambas con el argumento de que el Estado no se debe entrometerse en el tema alquileres.

Llegado ese punto, desde el FdT interpretan que al no poder insistir Diputados con su texto original quedará avalado el del Senado, según el artículo 81 de la Constitución.

En tanto, JxC dice que en ese caso queda la Ley vigente (aprobada en 2020), ya que el artículo 82 de la Carta Magna impide la sanción «tácita o ficta» de un proyecto.

De no mediar negociaciones previas, la cuestión se resolvería en la noche del martes o madrugada del miércoles, ya que Alquileres es el último ítem en el temario de diez proyectos.

Previamente, el oficialismo no tendría dificultades para sumar aliados que respalden el proyecto del Poder Ejecutivo que establece el programa «Compre sin IVA», un régimen que reintegra el 21% de las compras realizadas en comercios minoristas y/o mayoristas, con un tope de hasta $18.800 mensuales.

El beneficio opera mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras, como también a través de las tarjetas emitidas en el marco del «Programa Alimentar» y del «Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – Potenciar Trabajo».

La iniciativa, que es cuestionada por JxC por «la coyuntura electoral en que se aborda», busca plasmar en ley desde el 1º de enero de 2024 los beneficios que hoy se encuentran ejecutados mediante instrumentos de menor rango.

El Régimen de Promoción del GNL, también impulsado por el Poder Ejecutivo, busca «favorecer las condiciones de industrialización del gas natural e incentivar el desarrollo de toda la cadena del GNL, así como la industria de los bienes de capital asociada», según había asegurado la secretaria de Energía, Flavia Royon, al exponer en julio pasado sobre el proyecto ante un plenario de comisiones que analiza el tema.

Ese plenario conjunto de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda, que también recibió en julio al presidente de YPF Pablo González, daría el lunes, en la reunión prevista para las 15.30, el aval para que el proyecto llegue al recinto un día después.

JxC advirtió en esos debates sobre «la falta de un plan energético integral y a largo plazo», aunque no cerró las puertas a un acompañamiento parcial de la iniciativa; en tanto que los interbloques Provincias Unidas, Federal y el Movimiento Popular Neuquino ya expresaron sus respaldos.

Por último, figura en el listado a debatir el proyecto de ley de Promoción de la Industria del Calzado y su cadena de valor, iniciativa que busca que todos sus actores, proveedores de materias primas, industriales, trabajadores, marcas y consumidores se vean favorecidos con una mayor oferta de pares y modelos de variada tecnología, con empleos calificados y de mayor calidad, con una industria mejor equipada y capaz de exportar, y con mayores ventas de productos hechos en el país y a mejores precios para el consumidor final.