La Libertad Avanza llegó al lunes 3 de agosto con los votos todavía sin asegurar para llevar al recinto la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el proyecto que pretende reformar la Ley 26.737, la norma que desde 2011 fija en el 15% del territorio nacional el techo para la titularidad extranjera de tierras rurales. Luego de cinco intentos fallidos y al menos 17 versiones del texto circulando entre los bloques, el oficialismo tomó una decisión: resignar la pretensión original de su propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de suprimir cualquier tope, y ofrecer en cambio un límite más alto pero reconocible: el 25% del territorio de cada provincia.

La modificación fue confirmada por fuentes oficiales. El nuevo texto establece el tope únicamente a nivel provincial, lo que elimina el límite por departamento o municipio que existía en la ley vigente. Eso significa que las adquisiciones extranjeras podrán concentrarse en una misma zona geográfica dentro de una provincia sin restricción adicional, siempre que no superen el porcentaje provincial. El detalle, técnico en apariencia, es políticamente determinante: la concentración territorial de capital extranjero en corredores estratégicos, cuencas hídricas o zonas de frontera quedaría sin freno específico.

Bullrich al frente de una negociación sin votos garantizados

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tomó la conducción política de la negociación y anunció una conferencia de prensa para este martes por la tarde, donde explicará los cambios introducidos al proyecto. La sesión está prevista para el jueves 7 de agosto, pero los números siguen siendo ajustados. El interbloque peronista suma 25 votos en contra, a los que se suman los dos representantes de Movere por Santa Cruz y la senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien ya hizo público su rechazo. El senador radical Maximiliano Abad anticipó que rechazará el capítulo 3 del proyecto, precisamente el que modifica la Ley de Tierras.

Con 35 votos propios declarados y 34 rechazos confirmados, el destino del proyecto depende de un puñado de legisladores provinciales y de los bloques aliados que todavía no cerraron posición. Un senador que, en principio, se opone al texto resumió la situación con precisión: «Hoy no tienen los votos, pero no solo porque algunos nos oponemos, sino porque nadie sabe cuál es el proyecto que van a llevar al recinto.» El mismo legislador agregó que lo llamaron durante todo el fin de semana, pero que la redacción final del texto seguía sin quedar clara.

La advertencia de Domínguez: «Pone en riesgo la soberanía nacional»

El exministro de Agricultura Julián Domínguez alertó que la modificación de la Ley de Tierras «pone en riesgo la soberanía nacional» y advirtió que el debate «excede cualquier diferencia partidaria». En declaraciones públicas, Domínguez señaló que el principal cambio que introduce la iniciativa es «conceptual», porque «convierte la tierra en un activo financiero» cuando el territorio es, en su visión, constitutivo de la identidad de la nación y de los pueblos. Recordó además el origen de la Ley 26.737, sancionada en 2011 como respuesta al avance de grandes fondos de inversión internacionales sobre extensiones de tierra tras la crisis financiera global de 2008. «Por el bien de los argentinos, ojalá que este proyecto no salga», concluyó.

Las voces críticas no se limitaron al campo político. Frente al debate legislativo, se multiplicaron las convocatorias para movilizarse frente al Congreso. El diputado nacional Leandro Santoro llamó públicamente a participar de la protesta con un mensaje en redes sociales: «El 6 de agosto, todos al Congreso.»

Una concesión que no cambia el fondo del problema

La modificación de LLA tiene la forma de una concesión pero no resuelve el problema de fondo que sus críticos identificaron desde el inicio del debate: la extranjerización progresiva del territorio argentino. La ley vigente ya reconocía en 2011 que el país enfrentaba un problema real: un estudio del CONICET y la UBA, difundido en enero de 2026, reveló que existen 13 millones de hectáreas en manos extranjeras y que 36 departamentos ya superan el tope legal del 15%. El nuevo proyecto no recupera esas tierras; las legitima con un techo más alto.

El giro del oficialismo tampoco resuelve la crítica de fondo que hicieron organizaciones indígenas, ambientalistas y excombatientes de Malvinas: que el acceso al agua, el control de cuencas hídricas y la soberanía sobre recursos estratégicos no se protegen con un porcentaje provincial sino con una política de Estado que el proyecto no contempla. El debate del jueves, si se llega a abrir el recinto, promete reproducir esa disputa.

Puntos clave

• El oficialismo modificó el proyecto y elevó de 15% a 25% el tope de tierras que pueden adquirir capitales extranjeros, ahora calculado por provincia en lugar de por departamento.
• La nueva redacción abandona la propuesta original de Federico Sturzenegger de eliminar todo límite a la compra de tierras por extranjeros.
• La senadora Patricia Bullrich convocó una conferencia de prensa para este martes a las 16 horas y la sesión está prevista para el jueves 7 de agosto.
• Los votos siguen sin estar asegurados: el interbloque peronista más aliados suman al menos 28 rechazos confirmados frente a 35 votos propios declarados del oficialismo.
• El exministro Julián Domínguez advirtió que el proyecto «pone en riesgo la soberanía nacional» y convierte la tierra en un mero activo financiero.