★ El senador nacional del PJ Jorge Capitanich presentó este martes un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei avanzó en una reforma integral de la Ley de Inteligencia. En un comunicado, el legislador peronista calificó la medida como «inconstitucional, discrecional y peligrosa» y advirtió que habilita un salto hacia esquemas de «vigilancia masiva, sin controles democráticos ni debate parlamentario».

El proyecto de Capitanich se basa en varios ejes de impugnación, utilizando en parte un análisis del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al que cita textualmente al indicar la creación de una «policía secreta» dadas las atribuciones que otorga el DNU, incluyendo la posibilidad de detener personas sin orden judicial.

Espionaje político y derogación de garantías

El senador menciona que este decreto pone un manto de legalidad a un «espionaje antidemocrático e inconstitucional», señalando que, al expandir las facultades de contrainteligencia, se consolida la lógica del «enemigo interno» y se habilita el espionaje por razones políticas, sindicales o periodísticas, prácticas expresamente prohibidas por la ley 27.126 que el propio DNU 614 de 2024 derogó.

En la misma línea, cuestiona que el decreto concentre en la SIDE la elaboración, administración y control de todo el presupuesto de inteligencia, configurando un esquema «opaco y discrecional que hace peligrar el control democrático».

Falta de necesidad y urgencia constitucional

«El Poder Ejecutivo no puede reformar la Ley de Inteligencia por decreto», afirmó Capitanich y remarcó que no existe la «necesidad y urgencia» que exige la Constitución para validar un DNU, al aclarar que el Presidente tenía la posibilidad de modificar la Ley de Inteligencia mediante la elaboración de un proyecto de ley y su tratamiento parlamentario.

El exgobernador de Chaco cerró su comunicado señalando: «Este no es solo un DNU. Es la consolidación, vía decreto, de un sistema de control y vigilancia que cercena libertades, concentra poder de manera extrema y nos retrotrae a épocas que creíamos superadas. Es un golpe a la división de poderes y un salto al abismo institucional. El Congreso debe reafirmar su autoridad y derogar este instrumento inconstitucional».

Estrategia legislativa y judicial paralela

La presentación del proyecto de Capitanich se suma a las acciones impulsadas por otros bloques opositores. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentó un amparo judicial junto a Mónica Frade y Esteban Paulón ante el fuero Contencioso Administrativo para pedir la suspensión del decreto, mientras que los bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal e Izquierda impulsan el rechazo del DNU en el Congreso Nacional.

La iniciativa de Capitanich utiliza como sustento el análisis del CELS, organismo de derechos humanos con reconocida trayectoria en la defensa de garantías constitucionales y la fiscalización de organismos de inteligencia. Esta referencia fortalece los argumentos jurídicos del proyecto al basarse en un análisis técnico de una institución especializada.

El proyecto del senador peronista se inscribe en una estrategia opositora que combina acciones legislativas y judiciales para frenar la reforma del sistema de inteligencia impulsada por el Gobierno libertario, en un contexto de creciente tensión política sobre los límites del poder ejecutivo y el control democrático de los organismos de seguridad.

Puntos clave

• Jorge Capitanich presentó un proyecto de ley para derogar el DNU 941/2025 que reforma integralmente la Ley de Inteligencia.

• El senador calificó la medida como «inconstitucional, discrecional y peligrosa» y advirtió sobre un esquema de «vigilancia masiva» sin controles democráticos.

• El proyecto se basa en un análisis del CELS que denuncia la creación de una «policía secreta» con facultades para detener personas sin orden judicial.

• Capitanich cuestionó la concentración en la SIDE de la elaboración, administración y control de todo el presupuesto de inteligencia.

• El senador afirmó que no existe «necesidad y urgencia» constitucional para validar un DNU en esta materia y pidió al Congreso reafirmar su autoridad.