Por Mariana Collante

En su cuenta de Instagram, Daniel Lipovetsky, diputado provincial bonaerense de Juntos por el Cambio, posteó el recorte de una entrevista a la jefa de su partido Patricia Bullrich. En un video, la dirigente decía que la ley de alquileres fue un error, y hay que reconocerlo. Por supuesto, Lipovetsky, uno de los impulsores de esa norma, habla de autocrítica y ahora proclama su arrepentimiento en redes, donde además insiste en que la norma votada en 2020 debe eliminarse. Quizás para el legislador pesen más sus ganas de ser candidato a intendente de la ciudad de La Plata y estar a tono con la derechización del arco político que decir una supuesta verdad sobre la ley de alquileres.

La norma que en Diputados fue votada por unanimidad, y en el Senado, principalmente por el Frente de Todos, rige a nivel nacional y establece en tres años el plazo mínimo de un contrato de locación, y una actualización anual del monto del alquiler haciendo un promedio entre el crecimiento de los salarios y la inflación. Este Índice de Contratos de Locación (ICL), desde julio del 2020 hasta diciembre de 2022 aumentó el 193%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período fue del 252, 39%. Es decir, que desde que rige la ley, los inquilinos e inquilinas pagaron aumentos 60 puntos por debajo de la inflación. Este dato, en un contexto de fuertes subas en los precios de bienes y servicios, puede pasar desapercibido para los propios locatarios, pero no para el mercado inmobiliario que presiona para modificar o derogar la ley. Juntos para el Cambio defiende los intereses del sector y en ese sentido deben ser leídas las declaraciones y acciones de los integrantes de esa fuerza política. Pero hay más.

La política de vivienda del Gobierno nacional se concentró solo en la entrega de 50 mil casas, algo que destacó el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Se trata de una cifra ínfima, si tenemos en cuenta que en Argentina hay más de 6 millones de inquilinos que deben destinar, en promedio, un 40 por ciento de sus ingresos al alquiler de su vivienda. La mayoría de la población desconoce la existencia de la ley de alquileres, por lo tanto, su cumplimiento es bajo. Esto se debe a que el instrumento legal no fue difundido por ninguna entidad estatal; el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat no hizo nada para su aplicación ni planteó ninguna política para los inquilinos. Y bien sabemos que cuando el Estado no interviene con regulaciones, gobierna el mercado.

En este espacio hemos insistido en mostrar la dificultad de acceder al alquiler de una vivienda, no solo por los altos precios, consecuencia de la inflación, sino también porque los propietarios buscan obtener rentabilidad en dólares. En estos días se conocieron datos sobre la alta incidencia de la plataforma AirBnB en la disminución de la oferta de propiedades para vivienda permanente. Este paisaje se completa con edificios vacíos y el negocio de la construcción de departamentos de lujo. Hasta ahora los preceptos del mercado inmobiliario fueron los únicos ganadores en la disputa por el espacio y el bienestar. Del otro lado está el drama de las familias sin casa propia, que amenaza con extenderse y agravarse si el Estado no cumple su función: regular, e imponer reglas a un mercado voraz.

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