Trabajadores de la planta de Georgalos, ubicada en la localidad bonaerense de Victoria, se movilizaron nuevamente este lunes para exigir la reincorporación de cinco operarios despedidos luego de haber participado de una huelga. La protesta, que tuvo como epicentro la colectora del Acceso Norte Ramal Tigre a la altura del kilómetro 23, estuvo marcada por un fuerte operativo de Gendarmería y la tensión con la empresa, que se niega a acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia.

El conflicto

• Los cinco trabajadores despedidos habían adherido a un paro en reclamo por sobrecarga laboral.
• Georgalos respondió con despidos, que fueron repudiados por sus compañeros y el gremio STIA.
• La empresa los acusa de «sabotaje», y asegura que fueron denunciados judicialmente.
• El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria, pero la firma la desconoce.

Protesta sin corte total

Pese a la intención inicial de cortar la traza principal de la Panamericana, los trabajadores permanecieron en la colectora de calle Uruguay y no subieron al ramal principal. La fuerte presencia de efectivos de Gendarmería, que bloqueaban los accesos a la autopista, evidenció una estrategia de disuasión similar a la aplicada en otras protestas sindicales bajo el protocolo de “orden público” del Ministerio de Seguridad nacional.

Reclamos del gremio

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA) denunciaron que los despidos son “una represalia antisindical” y que también se eliminó el bono por productividad. “Es un mensaje directo para disciplinar al resto de los trabajadores: si reclamás, te echan. Y eso no lo vamos a permitir”, señaló un delegado gremial.

Declaraciones cruzadas

Georgalos, en un comunicado oficial, afirmó que “los trabajadores despedidos protagonizaron actos de sabotaje dentro de la planta” y justificó la desvinculación. No obstante, hasta el momento no trascendieron pruebas concretas ni resoluciones judiciales que validen esa acusación. La empresa tampoco dio marcha atrás con los despidos pese a la vigencia de la conciliación obligatoria, lo que podría derivar en sanciones administrativas por parte de la cartera laboral provincial.