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Gremiales

Paritaria estatal 2026: cronograma a la baja y un poder adquisitivo que no se recupera

El Gobierno oficializó subas escalonadas para la administración pública hasta mayo, pero el rechazo de ATE y los números de la inflación acumulada exponen el límite real de la medida.

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Aumentos a cuentagotas: estatales pierden ante la inflación

★ El Gobierno nacional publicó este lunes en el Boletín Oficial el Decreto 206/2026, que homologa las actas acuerdo firmadas el 6 de marzo con los gremios del sector público y establece un cronograma de aumentos escalonados con carácter retroactivo para el personal permanente y transitorio de la administración pública nacional. La normativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

Un esquema que va a la baja

Los incrementos pactados decrecen mes a mes: 2,50% en enero, 2,20% en febrero, 2% en marzo, 1,70% en abril y 1,50% en mayo, siempre calculados sobre las retribuciones habituales vigentes al cierre del período anterior. El diseño del cronograma no es un dato menor: los porcentajes más altos se aplican sobre salarios ya devaluados por meses de retraso, y los más bajos se reservan para los meses más recientes, justo cuando la inflación acumulada pesa con mayor fuerza.

La medida fija además los topes para el pago de servicios extraordinarios, que irán desde $791.210 en enero hasta $851.392 en mayo, sin incluir adicionales por zona ni premios por asistencia. A su vez, establece que las sumas fijas remunerativas no bonificables otorgadas oportunamente por el Decreto 56/20 se mantendrán sin modificaciones hasta el 31 de mayo de 2026.

La fractura sindical y los números reales

La negociación dejó al descubierto una fractura entre los dos principales gremios del sector. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Andrés Rodríguez, avaló el acuerdo y destacó que la paritaria acumulada entre junio de 2025 y mayo de 2026 alcanza el 20,97%, con un total de bonos por $225.000 en ese período.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en cambio, rechazó la propuesta de manera categórica. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, calificó el bono de $40.000 previsto para mayo como «miserable» y sostuvo que los incrementos pactados «no frenan la caída del poder adquisitivo que experimentaron durante los últimos dos años los salarios del sector público». Según el gremio, los trabajadores estatales acumularon una pérdida del 45,3% del poder adquisitivo durante la gestión de Milei y reclaman un ingreso mínimo de $2.200.000.

Los propios datos respaldan la alarma sindical: el período paritario junio 2025 a mayo 2026 cerraría con un aumento acumulado del 21%, mientras que la inflación al cierre de enero ya se ubicaba en 19,5%, lo que deja un margen mínimo que se estrechará aún más en los meses siguientes.

La Casa Rosada y el techo a las paritarias

El acuerdo con los estatales se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo: según consignó Infobae, el Gobierno apunta a sostener los aumentos salariales por debajo de la inflación, con una pauta que ronda el 2% mensual, en línea con su objetivo de equilibrio fiscal. Esta política no es exclusiva del sector público; el Ministerio de Economía condicionó también la homologación de convenios privados a que los incrementos no superen ese tope.

El resultado concreto de esa estrategia ya fue documentado por el INDEC: en noviembre de 2025, los salarios del sector público crecieron apenas 1,2%, mientras la inflación de ese mes fue del 2,5%, acumulando el tercer mes consecutivo de caída del poder adquisitivo.

Alcances y detalles de la norma

El Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) quedó incluido en el esquema de actualización, con impacto en viáticos, reintegros por gastos de comida y movilidad, y adicionales específicos por zona. Mediante el Decreto 208/2026, el Ejecutivo extendió ajustes para el personal docente y administrativo de organismos como la Escuela Nacional de Bibliotecarios y el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), dependiente del ENACOM.

En el área sanitaria, el decreto fija nuevos valores para los residentes nacionales del Ministerio de Salud y el Hospital Garrahan: un jefe de residentes cobrará $1.473.717 en enero y llegará a $1.585.814 en mayo; un residente de primer año percibirá entre $1.117.549 y $1.202.555 en el mismo período.

Además, se estableció el pago de una suma fija excepcional y no bonificable de $40.000 en mayo de 2026, de percepción única por persona, con el argumento oficial de cubrir el «diferencial inflacionario acumulado».

Puntos clave:

  • El Decreto 206/2026 establece aumentos escalonados del 2,50% al 1,50% mensual para los estatales nacionales, con carácter retroactivo desde enero.
  • El acuerdo fue firmado por UPCN y rechazado por ATE, que denuncia una pérdida del 45,3% del poder adquisitivo durante la gestión Milei.
  • Los topes para servicios extraordinarios van de $791.210 en enero a $851.392 en mayo, sin adicionales por zona.
  • Se suma un bono excepcional de $40.000 en mayo, calificado de «miserable» por ATE.
  • La paritaria acumulada del período (21%) apenas supera la inflación registrada a enero (19,5%), con proyección de nuevas pérdidas reales en los meses siguientes.

Economía 💲

Calzado: más de 200 fábricas cerradas y una marcha contra el modelo de Milei

Fabricantes, talleristas y trabajadores marcharon a la Secretaría de Industria con un petitorio. Desde noviembre de 2023 se perdieron unos 10.000 empleos y el antidumping contra el calzado chino vence en diciembre.

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Marcha de la industria del calzado

Más de 200 fábricas cerradas y cerca de 10.000 puestos de trabajo perdidos desde noviembre de 2023: con ese saldo sobre los hombros, la industria del calzado salió a la calle este jueves y caminó hasta la Secretaría de Industria de la Nación para exigirle al Gobierno de Javier Milei que frene la sangría. Empresarios y trabajadores marcharon juntos, una postal que muestra hasta dónde llegó el deterioro de una actividad que ya no distingue entre patrones y obreros a la hora de contar pérdidas.

La movilización, bajo la consigna «¡La industria camina!», fue convocada por la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA). Partió desde Tacuarí y avenida Belgrano y reunió a fabricantes, comerciantes, proveedores, talleristas, pymes y operarios. El presidente de la CIC, Horacio Moschetto, entregó el petitorio en la sede de la Secretaría.

Qué reclama el sector

El documento pide la continuidad de las medidas antidumping contra el calzado proveniente de China, la regulación de las plataformas internacionales de comercio electrónico, la reducción de la carga impositiva y medidas para recuperar el consumo interno. En presentaciones previas, la CIC y UTICRA también habían reclamado la aplicación de la Ley Pyme, tarifas energéticas diferenciadas y una mesa de trabajo urgente con el Ministerio de Economía y la Secretaría de Industria y Comercio.

El punto más urgente tiene fecha: el antidumping vence el 14 de diciembre. El esquema fija un valor FOB de referencia de 15,70 dólares por par, y las importaciones declaradas por debajo de ese precio pagan la diferencia como derecho adicional. «Estamos presentando las pruebas para renovar el antidumping que nos vence en diciembre», había advertido Moschetto a fines de octubre. Si la medida cae, el sector teme una avalancha de calzado barato sobre un mercado interno que ya está planchado.

Los números de la crisis

Según los datos difundidos por el sector durante la marcha, la producción nacional cayó 25,6% entre 2023 y 2025, y en el primer trimestre de 2026 se derrumbó otro 24,3% frente al mismo período del año anterior. A fines de octubre, la CIC y UTICRA habían informado una contracción neta del 43% del empleo registrado desde fines de 2023 y una baja interanual de la producción del 24,8% entre enero y agosto de este año, con un agosto que se hundió 30,8%.

La proyección para 2026 ronda los 60 millones de pares, unos 20 millones menos que en 2025. La cámara empresaria también estima que en los últimos dos años ingresaron alrededor de 10 millones de pares de contrabando. «Lo principal es la caída del consumo. Aunque el resto de los factores también influye», sintetizó Moschetto. El diagnóstico desarma el relato oficial: no se trata solo de competencia externa, sino de un mercado interno que dejó de comprar.

El respaldo político

La marcha contó con el acompañamiento del intendente de Esteban Echeverría y presidente del Partido Justicialista local, Fernando Gray. «No podemos permitir que el Gobierno nacional continúe boicoteando a las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Con cada empresa que cierra son cientos los puestos de trabajo que se pierden», dijo. Gray remarcó además que la actividad demanda una enorme cantidad de insumos y servicios logísticos, por lo que cada caída en la producción golpea el movimiento comercial de las comunidades donde se asientan las fábricas.

La protesta de este jueves fue la continuidad del «Zapatazo solidario» del 27 de octubre, cuando fabricantes autoconvocados regalaron unos mil pares de zapatos en Plaza de Mayo para visibilizar la crisis. Un mes después, el reclamo creció en volumen, pero el Gobierno todavía no dio ninguna respuesta concreta.

Lo que tenés que saber

  • La CIC y UTICRA marcharon a la Secretaría de Industria y entregaron un petitorio.
  • El sector reporta más de 200 fábricas cerradas y unos 10.000 empleos perdidos desde noviembre de 2023.
  • La producción cayó 25,6% entre 2023 y 2025 y 24,3% en el primer trimestre de 2026.
  • El antidumping contra el calzado chino vence el 14 de diciembre.
  • El intendente Fernando Gray acompañó la movilización y cuestionó al Gobierno nacional.
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