Gremiales
Paritaria estatal 2026: cronograma a la baja y un poder adquisitivo que no se recupera
El Gobierno oficializó subas escalonadas para la administración pública hasta mayo, pero el rechazo de ATE y los números de la inflación acumulada exponen el límite real de la medida.
Aumentos a cuentagotas: estatales pierden ante la inflación
★ El Gobierno nacional publicó este lunes en el Boletín Oficial el Decreto 206/2026, que homologa las actas acuerdo firmadas el 6 de marzo con los gremios del sector público y establece un cronograma de aumentos escalonados con carácter retroactivo para el personal permanente y transitorio de la administración pública nacional. La normativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
Un esquema que va a la baja
Los incrementos pactados decrecen mes a mes: 2,50% en enero, 2,20% en febrero, 2% en marzo, 1,70% en abril y 1,50% en mayo, siempre calculados sobre las retribuciones habituales vigentes al cierre del período anterior. El diseño del cronograma no es un dato menor: los porcentajes más altos se aplican sobre salarios ya devaluados por meses de retraso, y los más bajos se reservan para los meses más recientes, justo cuando la inflación acumulada pesa con mayor fuerza.
La medida fija además los topes para el pago de servicios extraordinarios, que irán desde $791.210 en enero hasta $851.392 en mayo, sin incluir adicionales por zona ni premios por asistencia. A su vez, establece que las sumas fijas remunerativas no bonificables otorgadas oportunamente por el Decreto 56/20 se mantendrán sin modificaciones hasta el 31 de mayo de 2026.
La fractura sindical y los números reales
La negociación dejó al descubierto una fractura entre los dos principales gremios del sector. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Andrés Rodríguez, avaló el acuerdo y destacó que la paritaria acumulada entre junio de 2025 y mayo de 2026 alcanza el 20,97%, con un total de bonos por $225.000 en ese período.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en cambio, rechazó la propuesta de manera categórica. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, calificó el bono de $40.000 previsto para mayo como «miserable» y sostuvo que los incrementos pactados «no frenan la caída del poder adquisitivo que experimentaron durante los últimos dos años los salarios del sector público». Según el gremio, los trabajadores estatales acumularon una pérdida del 45,3% del poder adquisitivo durante la gestión de Milei y reclaman un ingreso mínimo de $2.200.000.
Los propios datos respaldan la alarma sindical: el período paritario junio 2025 a mayo 2026 cerraría con un aumento acumulado del 21%, mientras que la inflación al cierre de enero ya se ubicaba en 19,5%, lo que deja un margen mínimo que se estrechará aún más en los meses siguientes.
La Casa Rosada y el techo a las paritarias
El acuerdo con los estatales se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo: según consignó Infobae, el Gobierno apunta a sostener los aumentos salariales por debajo de la inflación, con una pauta que ronda el 2% mensual, en línea con su objetivo de equilibrio fiscal. Esta política no es exclusiva del sector público; el Ministerio de Economía condicionó también la homologación de convenios privados a que los incrementos no superen ese tope.
El resultado concreto de esa estrategia ya fue documentado por el INDEC: en noviembre de 2025, los salarios del sector público crecieron apenas 1,2%, mientras la inflación de ese mes fue del 2,5%, acumulando el tercer mes consecutivo de caída del poder adquisitivo.
Alcances y detalles de la norma
El Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) quedó incluido en el esquema de actualización, con impacto en viáticos, reintegros por gastos de comida y movilidad, y adicionales específicos por zona. Mediante el Decreto 208/2026, el Ejecutivo extendió ajustes para el personal docente y administrativo de organismos como la Escuela Nacional de Bibliotecarios y el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), dependiente del ENACOM.
En el área sanitaria, el decreto fija nuevos valores para los residentes nacionales del Ministerio de Salud y el Hospital Garrahan: un jefe de residentes cobrará $1.473.717 en enero y llegará a $1.585.814 en mayo; un residente de primer año percibirá entre $1.117.549 y $1.202.555 en el mismo período.
Además, se estableció el pago de una suma fija excepcional y no bonificable de $40.000 en mayo de 2026, de percepción única por persona, con el argumento oficial de cubrir el «diferencial inflacionario acumulado».
Puntos clave:
- El Decreto 206/2026 establece aumentos escalonados del 2,50% al 1,50% mensual para los estatales nacionales, con carácter retroactivo desde enero.
- El acuerdo fue firmado por UPCN y rechazado por ATE, que denuncia una pérdida del 45,3% del poder adquisitivo durante la gestión Milei.
- Los topes para servicios extraordinarios van de $791.210 en enero a $851.392 en mayo, sin adicionales por zona.
- Se suma un bono excepcional de $40.000 en mayo, calificado de «miserable» por ATE.
- La paritaria acumulada del período (21%) apenas supera la inflación registrada a enero (19,5%), con proyección de nuevas pérdidas reales en los meses siguientes.
Economía 💲
Negocio redondo: Milei confisca el salario, las fintechs de sus amigos cobran la deuda
Un informe de ATE Capital revela que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5%. La mora crediticia se multiplicó 3,4 veces y ya alcanza al 18,63% de los trabajadores estatales, que debieron recurrir a fintechs y financieras con tasas usurarias para pagar alimentos, alquiler y servicios.
Casi uno de cada cinco empleados del Estado argentino está en mora con alguna entidad financiera. No por especulación ni por mal manejo del dinero, sino porque el salario que percibe no alcanza para cubrir los gastos básicos del mes.
Ese es el dato central del informe «Endeudados por Milei», elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital Federal (ATE Capital) y difundido en septiembre de 2026, que cruza datos salariales del sector público con la evolución de la mora crediticia registrada por el Banco Central entre 2023 y 2026.
El documento, coordinado por el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, establece una correlación directa entre la política salarial del gobierno de Javier Milei y el colapso financiero personal de cientos de miles de trabajadores. El propio Presidente lo reconoció públicamente: «El salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo».
40,5% de caída real del salario en dos años y medio
El informe construye una línea de tiempo precisa. En noviembre de 2024, con una inflación acumulada del 166% desde el inicio de la gestión y aumentos salariales otorgados del 87%, el poder adquisitivo de los estatales ya había caído un 29,7% y la mora se ubicaba en el 5,7%. En diciembre de 2025, la brecha se amplió: inflación acumulada del 259,2% contra un incremento salarial del 121,2%, lo que implicó una pérdida del 38,4% del salario real y una mora del 14,4%. En junio de 2026, el cuadro llegó a su punto más crítico: inflación acumulada del 319,8%, aumentos del 149,8% y un salario real que se redujo al 59,5% del valor que tenía al inicio de la gestión. La mora trepó al 18,63%.
La quita acumulada en dos años y medio, señala el informe, supera a la que sufrieron los trabajadores estatales durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, período que ya había sido considerado uno de los más duros para el empleo público en la historia reciente.
Del banco a la fintech: el circuito de la usura
La caída del salario real empujó a los trabajadores estatales fuera del sistema bancario tradicional y hacia alternativas financieras de mayor costo. El Banco Nación concentra 24.407 estatales en mora (8,56% de sus clientes del sector), pero las cifras más alarmantes se registran en las plataformas no bancarias: Tarjeta Naranja tiene 16.766 casos con una tasa de mora del 23,75%; MercadoLibre, 16.349 (13,19%); Naranja Digital, 9.653 (31,86%); y Moni Online presenta el caso más extremo, con 3.531 estatales en mora sobre un total de 5.832 clientes de ese segmento, lo que equivale al 60,53% de incobrabilidad.
Catalano fue contundente al señalar el mecanismo: «El ajuste brutal del gobierno sobre el salario de los estatales no sólo nos endeuda, sino que nos empuja fuera del sistema bancario. Terminamos cayendo en las plataformas que, oh causalidad, pertenecen a amigos del gobierno que hacen un negocio usurario amparado en la desregulación que el propio Milei impulsa. De un lado nos roban confiscando el salario, del otro nos esperan con tasas usurarias. Negocio redondo».
El informe también destaca que el 80,7% de quienes están en situación irregular ya no registra simples atrasos, sino que se encuentra en las categorías de riesgo alto o irrecuperable (Situaciones 4 y 5 del BCRA), lo que hace imposible la regularización o refinanciación de esas deudas con los ingresos actuales.
Fuerzas de seguridad y provincias del norte, los más golpeados
El informe revela una concentración del problema en los sectores de Seguridad y Defensa: el Ejército encabeza el ranking con una mora del 30,1%; el Servicio Penitenciario Federal registra el 28,5%; la Policía Federal, el 24,2%; Gendarmería, el 24,1%; Prefectura, el 21,9%; la Fuerza Aérea, el 21,8%; el Estado Mayor Conjunto, el 21,4%; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el 20,7%. Los organismos civiles se ubican, en general, por debajo del 20%.
La distribución territorial también expone una brecha brutal entre el interior del país y la Ciudad de Buenos Aires. En el norte y la Patagonia la mora supera el 25%: La Rioja lidera con el 29,38%, seguida por Formosa (28,69%), Santa Cruz (28,55%), Corrientes (26,50%), Salta (26,33%), Misiones (26,26%), Neuquén (25,88%), Santiago del Estero (25,51%) y Catamarca (25,12%). En el centro del país, Buenos Aires tiene el 19,35%; Córdoba, el 19,19%; Santa Fe, el 16%; y CABA, el 9,56%. En la Capital la tasa de mora es menos de un tercio que en La Rioja.
El mayor volumen de mora en términos absolutos se concentra en los trabajadores con cargas familiares de entre 36 y 55 años: 5.088 agentes civiles de la franja etaria de 36 a 45 años y 4.730 de 46 a 55 años están en situación irregular.
Las exigencias del gremio
Frente al cuadro documentado, ATE Capital formuló un conjunto de demandas: reapertura libre de las paritarias para recomponer el 40,5% de poder adquisitivo arrebatado, actualización de la canasta de referencia del IPC, condonación de las deudas generadas en condiciones de emergencia salarial, y establecimiento de topes legales a las tasas que las entidades no bancarias aplican sobre los haberes estatales. El reclamo apunta directamente a la política de ingresos del Gobierno, a la que el propio Catalano calificó como «confiscatoria».
- El salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.
- La mora crediticia en el sector se multiplicó 3,4 veces, pasando del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026.
- El 80,7% de los estatales en mora está en riesgo alto o irrecuperable según las categorías del BCRA.
- Moni Online registra el 60,53% de incobrabilidad entre sus clientes estatales; Naranja Digital, el 31,86%.
- Las fuerzas de Seguridad y Defensa concentran las tasas más altas de mora, con el Ejército encabezando la lista en el 30,1%.
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