Gremiales
El Espacio Audiovisual Nacional advierte sobre la caída del cine si se sanciona la ley ómnibus
El Espacio Audiovisual Nacional, alertó hoy que el proyecto de ley ómnibus «pone en riesgo la continuidad del cine argentino y si se avanza con la propuesta», la actividad «dejará de existir».
El Espacio Audiovisual Nacional (EAN), integrado por diferentes colectivos del sector, alertó hoy que el proyecto de ley ómnibus enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso «pone en riesgo la continuidad del cine argentino y si se avanza con la propuesta», la actividad «dejará de existir».
«El proyecto no solo modifica la composición administrativa del Instituto Nacional del Cine y las Artes Audiovisuales (Incaa), sino que también le quita una parte importante de sus ingresos, al limitarlos únicamente al 10 por ciento de la venta de entradas de cine, eliminando el 25 por ciento de lo que el Enacom le cobra a las televisoras», se precisa desde el EAN.
«Además, si bien estipula que al menos 75 por ciento de los fondos del Incaa deberán ser destinados al fomento de la producción audiovisual, limita a un proyecto cada dos años por productora», agrega.
Otros puntos sobresalientes del proyecto de ley es la apertura de créditos para producir, pero con una tasa «de mercado», según el texto ingresado el martes a la Cámara Baja del Parlamento Nacional, se quejan.
El EAN, también señaló que, de aprobarse, «el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (único Clase A de América Latina, calificación que comparte con Cannes, Venecia y Berlín, entre otros), el mercado Internacional Ventana Sur (el más acudido de la región) y la escuela de cine Enerc corren riesgo de ser desfinanciados y desaparecer».
En el comunicado, la asociación comentó que la industria audiovisual «genera trabajo genuino para más de 600 mil personas y representa el 5,2 por ciento de la economía» de manera directa e indirecta».
EAN está integrado por la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (APIMA), Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), el Proyecto Cine Independiente (PCI), y la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores).
Gremiales
Marcha Federal por la Salud: trabajadores, gremios y organizaciones le dicen basta a Milei
Bajo el lema «La salud no puede esperar», la movilización central partió desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo. El presupuesto del área cayó un 40% desde que asumió Javier Milei y el Programa Remediar pasó de distribuir 79 medicamentos gratuitos a solo 3.
Remediar sin remedios, PAMI sin presupuesto: el mapa del desfinanciamiento sanitario bajo Milei
★ Miles de trabajadores de la salud, sindicatos, organizaciones sociales y colectivos de pacientes se movilizaron este miércoles en la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, convocada por el Foro por el Derecho a la Salud bajo la consigna «La salud no puede esperar». La columna central partió a las 13 horas desde el Ministerio de Salud de la Nación, en Avenida 9 de Julio y Moreno, por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo. La protesta se replicó de manera simultánea en Jujuy, Chaco, Rosario, Córdoba y otras provincias del país.
Un sistema sanitario bajo la motosierra
Los datos que motorizaron la movilización son contundentes. Según cifras difundidas por los propios convocantes y reportadas por diversos medios, desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40%. A ese retroceso acumulado se sumó, para el ejercicio 2026, un recorte adicional de más de 63.000 millones de pesos en las partidas del área sanitaria.
Las consecuencias son concretas e inmediatas. El Programa Remediar, que históricamente distribuyó 79 medicamentos gratuitos, quedó reducido a solo 3, dejando sin acceso a más de 20 millones de personas. El presupuesto del PAMI fue recortado un 40%, con deudas que superan los 500.000 millones de pesos a prestadores, lo que se traduce en jubilados y jubiladas sin turnos ni atención. Según datos difundidos por los organizadores, más de 742.000 personas perdieron su cobertura médica y un millón de familias quedaron sin respuestas frente a un sistema que se retira.
El médico Manuel Fonseca, referente del Foro por el Derecho a la Salud, describió la situación con precisión: «El ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento.» Por su parte, el médico sanitarista Leonel Tesler advirtió, en la previa a la movilización, que «el sistema estatal está en una crisis sin pandemia», mientras los hospitales públicos operan con una ocupación cercana al 90% y el personal trabaja desgastado y sin refuerzos.
Los reclamos del sector
La convocatoria articulada por el Foro sintetizó una agenda de reclamos precisos:
- No al cierre o desfinanciamiento del Programa Remediar.
- No al desfinanciamiento del PAMI ni a la imposición de topes en coberturas.
- No al desguace del Programa Nacional de Inmunizaciones, exigiendo la provisión de vacunas para personas mayores de 65 años, embarazadas, niños y niñas.
- No al retroceso en políticas de Salud Mental.
Los organizadores también señalaron que el 80% de las obras sociales no logra cubrir con su recaudación el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que se traduce en una reducción de prestaciones y mayores dificultades para acceder a tratamientos. Además, advirtieron que uno de cada cuatro jubilados no puede acceder a los medicamentos que necesita.
La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras) declaró un paro nacional en el sector para acompañar la jornada de protesta. Su secretario general, Pablo Maciel, afirmó que la jornada tendría «carácter federal» y que el gobierno de Milei «avanza en la eliminación del principio de la salud como derecho universal, reemplazando el rol del Estado como garante del acceso sanitario por una lógica mercantil y excluyente.» También adhirieron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA), la CICOP y numerosas agrupaciones de residentes y estudiantes.
La posición oficial y las acusaciones cruzadas
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, rechazó el encuadre de la protesta. Argumentó que «el financiamiento de los programas que impulsa el Ministerio de Salud está garantizado» y atribuyó los ahorros a «un sistema de compras más ordenado, eficiente y libre de intermediarios». Desde La Libertad Avanza, funcionarios y legisladores del oficialismo apuntaron al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, a quienes acusaron de operar como «promotores activos» de la movilización a través de redes sociales. La provincia de Buenos Aires fue además la única jurisdicción que no participó de la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) del lunes 18 de mayo, donde los ministros provinciales acordaron un comunicado conjunto sobre reglas y responsabilidades entre Nación y provincias.
El contexto de un ajuste en cadena
La marcha federal del sector salud llega pocas semanas después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria que sacudió al país en rechazo al ajuste en educación. La repetición del formato no es casual: los mismos mecanismos de desfinanciamiento que vaciaron las universidades nacionales, con recortes reales que según datos del Foro Economía y Trabajo superan el 20% desde 2023, se aplican ahora con igual o mayor intensidad sobre el sistema sanitario. El patrón es el mismo: achicamiento del Estado, transferencia de responsabilidades a las provincias sin transferir recursos, y una lógica de ajuste que recae sobre los sectores que más dependen del sistema público, aquellos que no pueden pagar una prepaga ni costear un medicamento en una farmacia.
Puntos clave:
- El presupuesto del Ministerio de Salud cayó un 40% desde diciembre de 2023.
- Un recorte adicional de 63.000 millones de pesos se aplicó para el ejercicio 2026.
- El Programa Remediar pasó de 79 medicamentos gratuitos a solo 3, afectando a más de 20 millones de personas.
- Fesintras declaró paro nacional y movilizaciones simultáneas en varias provincias.
- Un millón de familias quedaron sin cobertura médica según los convocantes.
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