En medio de la crisis por los 1.200 despidos anunciados en el Ministerio de Justicia, un trabajador de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos falleció tras sufrir un infarto en su lugar de trabajo. El empleado, con más de 30 años de servicio y cercano a la jubilación, no pudo ser reanimado debido a que los desfibriladores del edificio no funcionaron, lo que generó indignación entre sus compañeros y representantes gremiales.

Tensión y Angustia por los Despidos

La muerte del trabajador ocurrió en el marco de una creciente tensión laboral provocada por los despidos masivos. Según el delegado de ATE, Rubén López, el ambiente de incertidumbre y las medidas de achicamiento impactaron gravemente en la salud emocional de los empleados: «Hubo medidas violentas, la gente estuvo altamente angustiada». López señaló que la situación del trabajador fallecido refleja el deterioro generalizado en las condiciones laborales del sector.

El impacto de la falta de equipos de reanimación también fue denunciado por los empleados. «Los desfibriladores que quedaban en el edificio no funcionaron», explicó López, destacando el deterioro no solo en términos salariales y emocionales, sino también en las condiciones de seguridad y protección dentro del Ministerio.

Una Ola de Despidos y su Impacto

Los despidos en el Ministerio de Justicia no son un fenómeno aislado, sino parte de un ajuste más amplio que ya afectó a más de 80 trabajadores en áreas críticas como la Secretaría de Derechos Humanos, el Registro de la Propiedad Automotor y Acceso a la Justicia. El ajuste es visto por los gremios como un ataque directo a la estabilidad laboral y al funcionamiento de las áreas claves de la cartera.

Uno de los puntos más conflictivos es el sistema de contrataciones a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), un ente cooperador que desde los años 80 permite la contratación de personal para el Ministerio. El ministro Mariano Cúneo Libarona ya había expresado su intención de reformar el sistema y «cerrar registros», lo que desató una oleada de despidos. «De cinco mil trabajadores que somos, quieren que queden dos mil», denunció un trabajador afectado.

Desmantelamiento de Áreas Claves y el Futuro de la Justicia

La situación ha generado una profunda preocupación por el futuro del Ministerio de Justicia. López advirtió sobre el desmantelamiento de programas esenciales, como el Programa de Protección de Testigos y el Programa de Trata de Personas, lo que podría provocar un aumento de delitos: “Cuando el Estado se retira, entran otras organizaciones y eso nos hace vivir peor”.

Los trabajadores continúan con medidas de protesta. Se espera que una nueva asamblea confluya en Plaza de Mayo, junto con otras organizaciones afectadas por los recortes en el Estado.