La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) oficializó este viernes la reducción del 20% en las tarifas máximas de practicaje y pilotaje mediante la Resolución 46/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida cierra formalmente el capítulo más agudo del conflicto portuario que paralizó el transporte fluvial y marítimo del país durante los últimos días, aunque lo hace a un costo político significativo para el gobierno de Javier Milei: la rebaja no es una concesión voluntaria sino la contraprestación pactada a cambio de que los trabajadores depusieran las medidas de fuerza.

Una derrota táctica disfrazada de acuerdo

El origen del conflicto fue el Decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que eliminaba regulaciones del servicio de practicaje vigentes desde 1991 con el argumento de remover barreras de entrada y facilitar la incorporación de nuevos prestadores. El rechazo de los trabajadores del sector fue inmediato y contundente: prácticos, pilotos y baqueanos fluviales iniciaron un lock-out que afectó el funcionamiento de los puertos desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, comprometiendo el flujo de comercio exterior que transita por las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, por donde pasa cerca del 80% de las exportaciones e importaciones del país.

Ante la envergadura del conflicto, el Ejecutivo retrocedió: primero suspendió temporalmente los efectos del decreto mediante el Decreto 716/2026, restituyendo el marco regulatorio anterior, y luego negoció en el Ministerio de Seguridad Nacional los términos de la reapertura del servicio. El acuerdo incluyó tres puntos centrales: la reanudación regular del servicio, la creación de una mesa intersectorial permanente para consensuar un nuevo reglamento de practicaje, y la baja inmediata del 20% en los aranceles del sector. La Resolución 46/2026 es la expresión administrativa de ese tercer punto.

Cómo se aplica la quita tarifaria

La normativa establece que la reducción del 20% se aplicará sobre el resultado de los cálculos del Régimen de Tarifas Máximas vigente desde 2018. Tanto la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje como la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante expresaron formalmente su conformidad con el recorte arancelario en el marco del acuerdo general.

La rebaja entra en vigencia de forma inmediata, aunque con un condicionamiento central: tendrá validez estrictamente de manera provisoria, mientras dure la suspensión temporal de la reforma del practicaje. Esa fórmula revela la fragilidad del acuerdo. El conflicto de fondo, la tensión entre la pretensión desregulatoria del gobierno y la resistencia del sector al desmantelamiento de un esquema que garantiza condiciones laborales y seguridad en la navegación, quedó diferido hacia la mesa de negociación, no resuelto.

El patrón que se repite

El desenlace del conflicto portuario reproduce un patrón que se ha vuelto recurrente en la gestión de Milei: la desregulación por decreto genera una crisis inmediata, el gobierno anuncia represalias que nunca llegan a materializarse, y finalmente negocia una salida que implica revertir, al menos parcialmente, la medida original. En este caso, la secuencia fue especialmente visible: el Decreto 690/2026 se convirtió en el Decreto 716/2026 de suspensión en el lapso de pocos días, y el sector que el gobierno amenazó con sancionar terminó obteniendo una reducción tarifaria del 20%.

La apuesta de Sturzenegger por desregular el practicaje sin acuerdo previo con los actores del sector no solo fracasó en sus objetivos inmediatos sino que generó un daño económico concreto en uno de los eslabones más sensibles del comercio exterior argentino. La mesa intersectorial que ahora se crea debería haber existido antes del decreto.

Puntos clave

• La ANPyN publicó la Resolución 46/2026 en el Boletín Oficial, que oficializa la rebaja del 20% en las tarifas máximas de practicaje y pilotaje.
• La quita rige de forma provisoria, mientras dure la suspensión del Decreto 690/2026 de desregulación del sector.
• El acuerdo incluyó también la creación de una mesa intersectorial permanente para redactar un nuevo reglamento de practicaje con participación sectorial.
• Tanto la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje como la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales confirmaron su conformidad con lo acordado.
• El conflicto expuso la incapacidad del gobierno para implementar reformas desregulatorias sin consenso previo en sectores estratégicos del comercio exterior.