Gremiales
Gremio jerárquico de energía reclamó que el servicio eléctrico vuelva al Estado
La Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía Eléctrica (Apsee) señaló este sábado su «preocupación» ante «la desastrosa administración de las compañías generadoras y distribuidoras» de electricidad, y reclamaron que el servicio sea estatizado.
La Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía Eléctrica (Apsee), cuyo secretario general es Carlos Minucci, señaló este sábado su «preocupación» ante «la desastrosa administración de las compañías generadoras y distribuidoras» de electricidad, y reclamaron que el servicio sea reintegrado al Estado nacional.
A través de un comunicado, el gremio sostiene que produce «desazón» observar «la ausencia de responsabilidad de las privadas, luego del extenso tiempo transcurrido desde que se hicieron cargo del servicio, durante el cual nunca cumplieron el contrato de concesión» respectivo.
«Ese contrato determinó la necesidad de mantener la calidad del servicio público. El maquillaje no es suficiente, porque solo enmascara las serias deficiencias de las prestaciones. Los directivos privilegiaron la caja y evitaron las inversiones para sortear el derrumbe de la red y soslayar la cantidad de los prolongados cortes, invisibilizados detrás de la pauta publicitaria», señala la misiva.
Asimismo, el comunicado del gremio de extrabajadores considera que a los directivos de estas firmas nunca «les tembló el pulso para ocultar la falta de mantenimiento y obsolescencia de las instalaciones y tampoco para demostrar insensibilidad ante el ruego de los usuarios de que restablezcan la energía», y rechazaron que «los reclamos despersonalizados sean respondidos por grabaciones realizadas a la medida de cada requerimiento».
«La ausencia de escrúpulos de los empresarios que administran la industria eléctrica, muchas veces desde el exterior, produce que no les importe lo que venden sino la rentabilidad y la mera distribución de los dividendos», expresan.
Jubilados y pensionados del sindicato aseguraron que esos directivos «no están habilitados para operar empresas de servicios esenciales de interés nacional y popular, ya que la energía eléctrica es considerada un derecho humano».
También enfatizaron que el personal de conducción del gremio siempre fue «el capital humano considerado servidor público, encargado de sostener hasta con el precio de sus vidas el buen funcionamiento del servicio», y denunciaron que las compañías niegan de forma permanente «las actualizaciones salariales de los trabajadores más calificados, que deben garantizar las prestaciones sin fallas».
«No obstante la vigencia de tarifas dolarizadas, optan por desacreditar al personal estable y otorgar a terceros tareas de relevante importancia, por lo que en esas condiciones es preciso que el servicio sea reintegrado al Estado», concluyeron.
Gremiales
Fate: el SUTNA rechaza el desalojo y convoca para este lunes
La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó desalojar la planta de Fate en San Fernando, ocupada por 920 trabajadores desde el 18 de febrero. El SUTNA calificó la medida de «disparate jurídico», anunció que apelará y convocó a una concentración para este lunes frente a la fábrica.
Veinticuatro trabajadores imputados por usurpación, una planta de 44 hectáreas que lleva siete meses ocupada, y una nueva orden judicial de desalojo: así está el conflicto de Fate, la fábrica de neumáticos de Virreyes, partido de San Fernando, que el lunes 21 de septiembre volverá a ser el centro de una nueva jornada de resistencia obrera.
La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que hizo lugar al recurso presentado por Javier Madanes Quintanilla, propietario de la empresa, en el marco de una denuncia por usurpación contra el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). El tribunal consideró que las instancias de conciliación obligatoria habían sido agotadas y que la continuidad de la ocupación ya no podía encuadrarse como herramienta para destrabar el conflicto laboral.
«Un disparate jurídico»: la respuesta del SUTNA
El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, no tardó en responder. El viernes, en conferencia de prensa frente a la planta, calificó el fallo de «disparate jurídico» y cuestionó de fondo la intervención del fuero penal en una disputa que, a su criterio, es estrictamente de naturaleza laboral. «El desalojo es un hecho de violencia sobre los trabajadores que son víctimas de un lockout y están protegiendo sus puestos de trabajo. Después de dar toda una explicación sobre que no se puede meter la Justicia penal en un ámbito laboral, los jueces terminan diciendo que hay que avanzar en un desalojo», señaló Crespo.
El gremialista también anunció que el sindicato apelará la medida y presentará recursos ante la Casación para evitar que el fallo quede firme. «Obviamente, el sindicato va a apelar y va a presentar los recursos para Casación para que no quede firme este tipo de disparate», afirmó. Además, convocó a organizaciones obreras, políticas y sociales a concentrarse este lunes frente a la planta y reclamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que intervenga en el conflicto.
Siete meses de lockout: la historia de un cierre que el SUTNA llama ilegal
El conflicto se inició el 18 de febrero de 2026, cuando Fate anunció el cierre definitivo de su planta y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y sin cumplir con los acuerdos de no despidos. Desde entonces, integrantes del SUTNA mantienen la ocupación del predio. El sindicato sostiene que la paralización de la producción constituyó un lockout patronal ofensivo, orientado a redirigir inversiones de la empresa hacia los sectores de energía y aluminio, y que la permanencia de los trabajadores en la planta tiene por objetivo resguardar la maquinaria, evitar el vaciamiento y reclamar la conciliación obligatoria.
El caso tuvo, además, un antecedente judicial que el SUTNA recuerda: en marzo, la misma Sala II había revocado una primera orden de restitución dictada por el juez de Garantías Esteban Rossignol, argumentando que las negociaciones laborales aún estaban abiertas y que debía privilegiarse la conciliación. Ahora, con ese argumento agotado por el tribunal, el escenario se invirtió. La nueva resolución activó además la imputación formal de 24 personas por la permanencia en el predio.
La CGT y el reclamo de paro general activo
El miércoles 16 de septiembre, el SUTNA se reunió con la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede de la central obrera. El sindicato llevó al encuentro el planteo de la necesidad de poner fin al lockout patronal y planteó la conveniencia de convocar a un paro general activo. «El triunfo de los trabajadores de Fate sobre este ilegal lockout patronal significaría un enorme paso para el movimiento obrero en estos momentos tan oscuros, trayendo esperanza a toda la clase obrera», sostuvo el gremio en un comunicado posterior a la reunión.
El SUTNA también denunció lo que califica como «criminalización» de la protesta: el intento de elevar a juicio a trabajadores que, desde su perspectiva, se limitan a defender sus puestos frente a una acción patronal que consideran ilegal. «Llamamos a todas las organizaciones obreras y a los periodistas a acercarse a la fábrica para defender esta lucha, que se volvió una pelea de todo el pueblo trabajador que resuena en los diarios de todo el mundo. Fate no se cierra», concluyó Crespo en su intervención del viernes.
Este lunes, a partir de las 10, la concentración frente a la planta de San Fernando reunirá a representantes gremiales del SUTNA junto a organizaciones sociales y políticas. El sindicato tiene prevista además una conferencia de prensa en el lugar.
Lo que tenés que saber
- La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de la planta de Fate en Virreyes, partido de San Fernando, haciendo lugar al recurso del propietario Javier Madanes Quintanilla.
- El SUTNA rechazó la medida, la calificó de «disparate jurídico» y anunció que apelará ante la Casación para impedir que el fallo quede firme.
- 24 personas fueron imputadas por usurpación en el marco de la causa penal vinculada a la ocupación de la planta.
- El conflicto se inicia el 18 de febrero de 2026, con el cierre de la fábrica y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar el Procedimiento Preventivo de Crisis.
- Este lunes 21 de septiembre, organizaciones obreras, sociales y políticas se concentrarán frente a la planta a las 10 horas para rechazar el desalojo.
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