Gremiales
El Gobierno prorrogó la tregua con controladores mientras Empleo Público traba las paritarias
La Secretaría de Trabajo postergó por cinco días más el conflicto con ATEPSA, mientras la paritaria sigue trabada por la política salarial de Empleo Público que conduce Maximiliano Fariña.
★ La Secretaría de Trabajo de la Nación extendió hoy la conciliación obligatoria hasta el 26 de enero en el marco del conflicto entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que conduce Paola Barritta.
La medida administrativa, confirmada por fuentes oficiales, prorroga por cinco días hábiles la tregua que venía rigiendo desde el 23 de diciembre, cuando se había dictado la primera conciliación obligatoria ante el plan de lucha del gremio.
Nueva audiencia convocada para el viernes
La Secretaría de Trabajo convocó a las partes para una nueva audiencia el viernes 23 de enero a las 11 horas. Mientras esté vigente la conciliación obligatoria, el gremio no puede realizar medidas de fuerza.
Según las normativas que regulan los servicios esenciales, ATEPSA debe presentar un cronograma de medidas con cinco días de anticipación, y los paros no pueden afectar más del 45% de las operaciones aéreas debido a la esencialidad del servicio de navegación aérea.
El nudo del conflicto: la pauta salarial oficial
La paritaria de EANA no depende de la empresa estatal sino de la pauta que establezca la Secretaría de Empleo Público, bajo la órbita de Maximiliano Fariña. Esta dependencia del área que conduce Fariña traba la negociación, ya que el núcleo económico del Gobierno mantiene su postura de austeridad salarial.
El conflicto comenzó en julio de 2024, cuando en la previa de las vacaciones de invierno se dictó una primera conciliación obligatoria. En agosto se concretaron tres jornadas de paro nacional, que se suspendieron tras un acuerdo transitorio que contempló una recomposición salarial del 15% distribuida en cuatro tramos.
En noviembre, ATEPSA retomó las medidas con nueve jornadas de paro focalizadas en vuelos de carga y paralización total de capacitaciones técnicas y mantenimiento de infraestructura. En diciembre, el gremio afectó vuelos de pasajeros por dos jornadas, lo que derivó en la conciliación obligatoria vigente.
Denuncias cruzadas en la Justicia
El conflicto trascendió al ámbito judicial con investigaciones sobre dos ejes. Por un lado, la Justicia analiza la validez de un acta paritaria de fines de 2023, donde se investiga la responsabilidad de Gabriela Logatto, ex presidenta de EANA, y de Paola Barritta en la supuesta creación de un documento que establecía aumentos anticipados para 2024 y que no figura en los registros oficiales de la compañía.
Por otro lado, EANA formalizó denuncias penales contra el gremio por acciones que, según la empresa, habrían puesto en riesgo la seguridad de los vuelos. Las denuncias incluyen la colocación de elementos sindicales en las torres de control que podrían haber interferido con la visibilidad y operación técnica.
Temporada alta con operatividad condicionada
El vencimiento de la conciliación obligatoria sitúa al Gobierno en una encrucijada en plena temporada alta de viajes. La operatividad del transporte aéreo depende de controladores aéreos que, por su especialización técnica, resultan insustituibles.
Si ATEPSA retoma las medidas de fuerza una vez vencida la conciliación, la estabilidad de la aviación civil y comercial en todo el territorio argentino podría verse comprometida en el momento de mayor flujo de pasajeros del año.
Puntos clave:
• La Secretaría de Trabajo extendió la conciliación obligatoria con controladores aéreos hasta el 26 de enero
• La paritaria de EANA depende de la pauta que establezca Empleo Público, a cargo de Maximiliano Fariña
• El conflicto lleva más de seis meses con medidas de fuerza intermitentes desde julio de 2024
• Existen denuncias cruzadas en la Justicia por un acta paritaria cuestionada y por riesgos a la seguridad aérea
• La prórroga busca evitar paros en plena temporada alta de vuelos
Gremiales
ATE confirmó el regreso de los 12 trabajadores despedidos en Olivos tras el cambio en Seguridad
La organización gremial informó que los empleados regresarán a sus funciones luego de la reorganización de la residencia presidencial. Serán destinados a la Casa Rosada y a las oficinas de Presidencia de Avenida 25 de Mayo al 600.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comunicó este jueves la reincorporación de 12 trabajadores que habían sido despedidos de la Quinta de Olivos luego de la salida del Gobierno nacional de Belén Agudiez, quien se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General y era considerada una funcionaria clave del entorno de la secretaria de Presidencia, Karina Milei.
El sindicato informó la novedad a través de su cuenta en la red social X. “ATE consiguió la reincorporación de les compañeres despedidos en Olivos”, expresó la organización.
En el mismo comunicado, ATE sostuvo que “la organización y la lucha colectiva dieron resultado” y señaló que los trabajadores “vuelven a sus puestos de trabajo”.
Según informó ATE, los trabajadores serán distribuidos entre la Casa Rosada y las oficinas de Presidencia ubicadas en Avenida 25 de Mayo al 600.
La redistribución forma parte del reordenamiento del esquema laboral derivado de los cambios implementados en la estructura de seguridad de la residencia presidencial.
El sindicato también planteó, a partir de este episodio, la necesidad de fortalecer la organización gremial frente a situaciones que considera injustas. “Frente a cada injusticia necesitamos ser cada vez más quienes nos organizamos en ATE para defender nuestros derechos”, expresó.
Qué cambió en la seguridad de la Quinta de Olivos
El Gobierno nacional anunció el jueves pasado una modificación en el esquema de seguridad de la Quinta de Olivos. La decisión estableció que Casa Militar concentre todas las tareas vinculadas con la protección de Javier Milei y su círculo.
La modificación derivó en el desplazamiento de 15 personas y en el desarme de la estructura que hasta ese momento administraba la residencia presidencial.
El proceso contempla un plazo de 60 días para completar los movimientos de personal vinculados con la nueva organización.
Casa Militar quedó a cargo de toda la seguridad presidencial en Olivos
Casa Militar depende del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez. Con la nueva estructura, su personal asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente de la Nación y su familia.
La institución militar ya tenía bajo su responsabilidad una parte de la seguridad del jefe de Estado. Con la modificación anunciada por el oficialismo, pasó a concentrar todas las funciones relacionadas con la protección de esos espacios.
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