Gremiales
El Gobierno prorrogó la tregua con controladores mientras Empleo Público traba las paritarias
La Secretaría de Trabajo postergó por cinco días más el conflicto con ATEPSA, mientras la paritaria sigue trabada por la política salarial de Empleo Público que conduce Maximiliano Fariña.
★ La Secretaría de Trabajo de la Nación extendió hoy la conciliación obligatoria hasta el 26 de enero en el marco del conflicto entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que conduce Paola Barritta.
La medida administrativa, confirmada por fuentes oficiales, prorroga por cinco días hábiles la tregua que venía rigiendo desde el 23 de diciembre, cuando se había dictado la primera conciliación obligatoria ante el plan de lucha del gremio.
Nueva audiencia convocada para el viernes
La Secretaría de Trabajo convocó a las partes para una nueva audiencia el viernes 23 de enero a las 11 horas. Mientras esté vigente la conciliación obligatoria, el gremio no puede realizar medidas de fuerza.
Según las normativas que regulan los servicios esenciales, ATEPSA debe presentar un cronograma de medidas con cinco días de anticipación, y los paros no pueden afectar más del 45% de las operaciones aéreas debido a la esencialidad del servicio de navegación aérea.
El nudo del conflicto: la pauta salarial oficial
La paritaria de EANA no depende de la empresa estatal sino de la pauta que establezca la Secretaría de Empleo Público, bajo la órbita de Maximiliano Fariña. Esta dependencia del área que conduce Fariña traba la negociación, ya que el núcleo económico del Gobierno mantiene su postura de austeridad salarial.
El conflicto comenzó en julio de 2024, cuando en la previa de las vacaciones de invierno se dictó una primera conciliación obligatoria. En agosto se concretaron tres jornadas de paro nacional, que se suspendieron tras un acuerdo transitorio que contempló una recomposición salarial del 15% distribuida en cuatro tramos.
En noviembre, ATEPSA retomó las medidas con nueve jornadas de paro focalizadas en vuelos de carga y paralización total de capacitaciones técnicas y mantenimiento de infraestructura. En diciembre, el gremio afectó vuelos de pasajeros por dos jornadas, lo que derivó en la conciliación obligatoria vigente.
Denuncias cruzadas en la Justicia
El conflicto trascendió al ámbito judicial con investigaciones sobre dos ejes. Por un lado, la Justicia analiza la validez de un acta paritaria de fines de 2023, donde se investiga la responsabilidad de Gabriela Logatto, ex presidenta de EANA, y de Paola Barritta en la supuesta creación de un documento que establecía aumentos anticipados para 2024 y que no figura en los registros oficiales de la compañía.
Por otro lado, EANA formalizó denuncias penales contra el gremio por acciones que, según la empresa, habrían puesto en riesgo la seguridad de los vuelos. Las denuncias incluyen la colocación de elementos sindicales en las torres de control que podrían haber interferido con la visibilidad y operación técnica.
Temporada alta con operatividad condicionada
El vencimiento de la conciliación obligatoria sitúa al Gobierno en una encrucijada en plena temporada alta de viajes. La operatividad del transporte aéreo depende de controladores aéreos que, por su especialización técnica, resultan insustituibles.
Si ATEPSA retoma las medidas de fuerza una vez vencida la conciliación, la estabilidad de la aviación civil y comercial en todo el territorio argentino podría verse comprometida en el momento de mayor flujo de pasajeros del año.
Puntos clave:
• La Secretaría de Trabajo extendió la conciliación obligatoria con controladores aéreos hasta el 26 de enero
• La paritaria de EANA depende de la pauta que establezca Empleo Público, a cargo de Maximiliano Fariña
• El conflicto lleva más de seis meses con medidas de fuerza intermitentes desde julio de 2024
• Existen denuncias cruzadas en la Justicia por un acta paritaria cuestionada y por riesgos a la seguridad aérea
• La prórroga busca evitar paros en plena temporada alta de vuelos
Desregulación
Retiros voluntarios en el Estado: ATE denuncia presión y marcha a Olivos
El Decreto 1203/2026 alcanza a unos 20.000 empleados, según Sturzenegger, y a 21.187, según ATE; quien adhiera no podrá volver al Estado por ocho años y su cargo se elimina del presupuesto. El gremio habla de “despido extorsivo” y se moviliza el miércoles a la Quinta de Olivos.
Quien firme el retiro voluntario no podrá volver a trabajar en el Estado nacional durante ocho años y su cargo desaparecerá del presupuesto. Esa es la letra del decreto con el que el Gobierno de Javier Milei busca reducir la planta estatal, y que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) calificó como un “despido extorsivo”.
El Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Crea un régimen de retiro voluntario para el personal de planta permanente y los contratados por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional centralizada, con compensaciones económicas divididas en tres grupos de beneficiarios. Sturzenegger presentó la medida en su cuenta de X y estimó que unos 20.000 empleados están en condiciones de adherir; ATE, en cambio, elevó el universo alcanzado a 21.187 trabajadores.
Qué establece el decreto
La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre y la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública podrá prorrogarla por única vez, hasta 30 días corridos. El monto de la compensación depende de la edad y la antigüedad, con un máximo de hasta 25 sueldos. Los cargos de quienes se vayan serán eliminados del presupuesto y esas bajas no podrán usarse para justificar el ingreso de personal nuevo.
Quienes adhieran no podrán trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años bajo ninguna modalidad, con la excepción de la docencia en universidades nacionales; quien reingrese antes de tiempo deberá devolver parte de lo cobrado. Sturzenegger justificó esa cláusula en X: “Para evitar una puerta giratoria quienes participen no pueden volver a la administración”. Y defendió el esquema con otra frase: “Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos”.
Anotarse no garantiza la salida. Según el decreto, cada ministerio puede rechazar una solicitud para asegurar la continuidad de los servicios, y alcanza con invocar esa causa como fundamento. La administración tiene 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para responder, y si no contesta se entiende que la solicitud fue rechazada. La cláusula deja la última palabra en manos del Estado empleador: la adhesión depende menos de la voluntad del trabajador que de la decisión del ministerio.
Quedan excluidos, entre otros, quienes tengan un sumario abierto que pueda terminar en cesantía, un reclamo laboral contra el Estado del que no desistan o el trámite jubilatorio iniciado. Según ATE, quienes tengan mandato sindical vigente o sean candidatos a delegados deberán renunciar a ese cargo para adherir.
“No es retiro voluntario”: la respuesta de ATE
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, rechazó el régimen de plano. “No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social”, sostuvo en un comunicado del gremio.
El dirigente cuestionó el carácter voluntario del plan: “Si hay intimidación, el consentimiento no es libre”. Denunció además que las expresiones de los funcionarios son “o firmás el retiro o te paso a disponibilidad y después te echo”. Se trata de una denuncia del gremio cuyo contenido aún no se confirmó.
Aguiar recordó que en los años noventa también se presentaron los retiros como una oportunidad y que “los compañeros terminaron haciendo cola en el trueque”. Y apuntó contra el ministro: “Al que vamos a retirar y no de manera voluntaria es a Sturzenegger”.
El régimen se suma a una política de reducción de la planta que el propio Sturzenegger cifró en más de 77 mil empleados estatales desvinculados desde el inicio de la gestión libertaria.
La marcha a Olivos
ATE se movilizará el miércoles 21 de octubre, a las 17, a la Quinta Presidencial de Olivos bajo la consigna “No se aguanta más”. Aguiar explicó por qué eligió ese destino: “La Casa Rosada está vacía. No la pisan desde hace meses. Gobiernan desde Olivos y ahí los tenemos que ir a buscar”.
La protesta incluye además un pliego de reclamos: la pérdida del poder adquisitivo y la caída del salario real, paritarias por debajo de la inflación, el deterioro de los ingresos, el pluriempleo y el endeudamiento, la desvalorización de la carrera estatal, los despidos y la no renovación de contratos, la incertidumbre laboral, la reducción de puestos de planta y el cierre y vaciamiento de organismos públicos. Para el gremio, el retiro voluntario es una pieza más de un esquema de ajuste sobre el empleo público.
Lo que tenés que saber
- El Decreto 1203/2026, firmado por Milei, Santilli y Sturzenegger, creó un régimen de retiro voluntario para la Administración Pública Nacional centralizada.
- La inscripción va del 1 al 30 de noviembre, con una prórroga posible de hasta 30 días, y la compensación llega hasta 25 sueldos.
- Quienes adhieran no pueden volver al Estado durante ocho años y sus cargos se eliminan del presupuesto.
- Sturzenegger estimó unos 20.000 empleados elegibles; ATE habla de 21.187 trabajadores alcanzados.
- ATE marcha el miércoles 21 de octubre, a las 17, a la Quinta de Olivos.
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