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Metrodelegados denuncian frente a la OIT al Gobierno porteño por el asbesto en los subtes

El gremio citó que según la OIT existen «obligaciones precisas» sobre la prohibición del asbesto en los lugares de trabajo y «exigencias para su eliminación».

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La Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), junto a la CTA de los Trabajadores, presentaron hoy un escrito frente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde denunciaron al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por «la presencia de asbesto en los subtes» y el «incumplimiento de normas internacionales de protección a la salud».

A través de un comunicado la AGTSyP informó hoy que en la presentación efectuada ante la OIT denunciaron al gobierno porteño «por la presencia de asbesto en el ámbito del subte y por el incumplimiento de normas internacionales de protección de la salud contra esta sustancia cancerígena».

Como fundamento, el gremio citó que según la OIT existen «obligaciones precisas» sobre la prohibición del asbesto en los lugares de trabajo y «exigencias para su eliminación».

Asimismo, señalaron que los empleadores, en este caso, la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y la concesionaria Metrovías-Emova, tienen «la obligación de informar detalladamente y elaborar un plan que restrinja efectivamente el contacto con esta sustancia contaminante».

Los trabajadores nucleados en la AGTSyP sostuvieron que «ninguna de estas medidas se está llevando a cabo» con la «complicidad» del Gobierno porteño, a pesar de las medidas que la organización sindical ha estado llevando a cabo en reclamo del retiro del componente cancerígeno para evitar el riesgo que implica para trabajadores, usuarios y vecinos la exposición al mismo.

Una de las normas invocadas por la AGTSyP en su denuncia internacional es «el derecho de los trabajadores a interrumpir la prestación de servicios cuando esta conlleve un peligro para su salud».

También señalaron que esta decisión «no puede acarrear sanciones por parte del empleador» y que los representantes de los trabajadores deben «recibir información adecuada sobre las medidas tomadas para garantizar la seguridad y la salud», así como tener la «posibilidad de examinar todos los aspectos relacionados con su trabajo en este ámbito».

Según lo establecido en el Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores -refirieron- el empleador también «debe consultar a los trabajadores en relación con estos asuntos».

«Alertamos que seguiremos realizando todas las acciones para obtener respuesta a esta crisis sanitaria y a nuestra exigencia de la reducción de la jornada laboral», alertaron en el comunicado y advirtieron que no descartan nuevas medidas de fuerza en los próximos días.

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Basura porteña: la Ciudad descarta pagar indemnizaciones a recolectores y Moyano amenaza con la calle

La administración porteña confirmó en audiencia pública que los nuevos pliegos de recolección de residuos (2028-2038) no contemplarán indemnizaciones para los trabajadores del sector. El monto en disputa asciende a 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos. Pablo Moyano respondió con una movilización y dejó una advertencia sin matices: irán hasta las últimas consecuencias.

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El Argentino Diario-Pablo Moyano.
La Ciudad de Jorge Macri descarta pagar los 200 millones que les debe a los recolectores. Moyano dice que irán a fondo.

Doscientos millones de dólares en indemnizaciones quedarán afuera de los nuevos contratos de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La administración de Jorge Macri lo confirmó este lunes en una audiencia pública, poniendo en blanco sobre negro lo que el Sindicato de Camioneros venía advirtiendo desde hace semanas: que el gobierno porteño no tiene intenciones de incluir las compensaciones económicas para los aproximadamente 6.000 trabajadores del sector cuando finalicen las concesiones vigentes.

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, respondió con una movilización callejera antes de que la audiencia comenzara y dejó en claro la postura del gremio: no habrá marcha atrás. Los contratos actuales del servicio de recolección y barrido, prorrogados hasta septiembre de 2028, contemplan expresamente en su Régimen de Personal Operativo el ítem «Indemnizaciones Finales», que establece que al término del contrato el Gobierno de la Ciudad abonará a las empresas adjudicatarias los montos auditados para que estas indemnicen al personal. La gestión macrista pretende que ese ítem desaparezca en los pliegos que cubrirán el período 2028-2038.

«Nadie nos regaló nada»: la advertencia de Moyano

La semana pasada, en una asamblea del gremio, Pablo Moyano fue explícito respecto del nivel de conflicto que está dispuesto a escalar. «Nadie nos regaló nada. Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación», sostuvo ante los trabajadores. La advertencia no fue una figura retórica: este lunes la movilización se concretó frente al lugar donde se realizó la audiencia pública, anticipándose a la decisión oficial.

El reclamo del gremio tiene un sustento contractual concreto. El pliego licitatorio vigente, cuyo vencimiento fue prorrogado hasta septiembre de 2028, establece textualmente que «al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores». La pregunta que Camioneros lleva a la Legislatura porteña es si el presupuesto 2027, que Jorge Macri deberá presentar próximamente, incluirá las partidas necesarias para honrar ese compromiso.

El nuevo pliego: tecnología como respuesta política

Desde la administración porteña, la respuesta al conflicto gremial llegó envuelta en modernización tecnológica. La propuesta que la Ciudad puso sobre la mesa en la audiencia pública contempla que parte del pago a las empresas dependa del cumplimiento efectivo del servicio y de la evaluación de los vecinos. Entre las innovaciones previstas figuran seguimiento satelital de los camiones, sensores en contenedores, procesamiento de imágenes con inteligencia artificial y ajustes en los recorridos, el barrido y la recolección diferenciada. Ninguna de esas mejoras operativas, sin embargo, responde a la pregunta central del conflicto: quién pagará los 200 millones de dólares que los trabajadores consideran su derecho adquirido.

La tensión tiene una lógica política que va más allá del pliego técnico. Con vistas a las elecciones de 2027, el gobierno de Jorge Macri enfrenta la presión de mantener equilibradas las cuentas de la Ciudad sin comprometer partidas millonarias a futuro, mientras Camioneros, uno de los sindicatos con mayor capacidad de movilización del país, no está dispuesto a resignar conquistas contractuales bajo el argumento del ajuste. El resultado de esa ecuación se dirimirá, según todo indica, en la calle y en la Legislatura, antes de que los nuevos pliegos queden firmes.

Lo que tenés que saber:

  • La Ciudad confirmó en audiencia pública que los nuevos contratos de recolección (2028-2038) no incluirán el pago de indemnizaciones a los trabajadores del sector.
  • El monto en disputa asciende a aproximadamente 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos.
  • Pablo Moyano encabezó una movilización y advirtió que Camioneros hará «lo imposible» para que las indemnizaciones se efectivicen.
  • El pliego vigente, prorrogado hasta septiembre de 2028, establece expresamente la obligación del Gobierno porteño de financiar esas indemnizaciones al vencimiento de los contratos.
  • La propuesta oficial incorpora tecnología (GPS, sensores, IA) en el servicio pero no aborda el conflicto económico con el gremio.
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