El Gobierno de Javier Milei repitió este jueves, en el Palacio Pizzurno, la misma oferta que ya había sido rechazada a comienzos de mes por la totalidad de los gremios universitarios: un 3% de aumento salarial en septiembre y otro 3% en octubre. La respuesta de los sindicatos fue idéntica a la anterior. «El aumento no es el deseado y vamos a tomar medidas», avisó una de las partes presentes en la audiencia con autoridades del Ministerio de Capital Humano. La paritaria universitaria está, en los hechos, rota.

Las negociaciones se desarrollaron en el marco de la convocatoria de la Secretaría de Educación, con la participación de representantes de los sindicatos docentes agrupados en torno a la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y otros gremios del sector. A las 15 horas, una segunda audiencia convocó a los gremios no docentes, que luego se reunirán con los docentes para definir las próximas medidas de fuerza. La opción que toma mayor fuerza en el conjunto del movimiento sindical universitario es la convocatoria a una nueva marcha nacional, que sería la quinta desde el inicio de la actual administración y la segunda en lo que va de 2026.

La brecha presupuestaria: $7,3 billones vs. $11 billones

El trasfondo de esta disputa es el Presupuesto 2027. El Gobierno asignó $7,3 billones para las universidades públicas nacionales, una cifra que los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) considera insuficiente: sus autoridades estiman que se necesitan al menos $11 billones para sostener salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales universitarios. La diferencia es de un 33%. Casi el 90% de esos recursos corresponde a remuneraciones de docentes y no docentes, lo que convierte el debate salarial en la columna vertebral del conflicto presupuestario.

Los sindicatos docentes exigen, además del magro aumento oficial, una recomposición del 32,5% que los salarios universitarios perdieron durante los dos primeros años de la gestión libertaria. Esa cifra se corresponde con lo que establece la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, cuya aplicación el Ejecutivo resiste pese a contar con dos poderes del Estado en su contra.

Dos poderes del Estado ordenan cumplir la ley; el Ejecutivo se niega

El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, fue contundente: «Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes.»

El respaldo judicial a esa posición es sólido. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick ordenó en diciembre que el Ejecutivo cumpla los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que regulan la actualización salarial y el financiamiento del sistema universitario. El 1 de septiembre rechazó el pedido oficial de levantar la cautelar, y la Corte Suprema había confirmado su vigencia el 25 de junio. Pese a ello, el Gobierno sostiene que la aplicación plena de la ley no fue ordenada judicialmente y que los aumentos previstos para octubre dejan los salarios por encima de lo que establece el fallo. Los rectores, en cambio, acusan a los abogados del Estado de dilatar los pagos con escritos procesales, y el CIN impulsa una demanda contra el decreto con el que Milei promulgó la ley pero suspendió su ejecución.

Menem habla de Massa; el ciclo lectivo 2027 empieza a correr peligro

La reinstalación del conflicto universitario en la agenda pública obligó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a salir a dar explicaciones. En diálogo con un medio porteño, Menem cuestionó al kirchnerismo: «¿Qué sensibilidad tenía Massa cuando recortó $70.000 millones en el 2023 para las universidades públicas? No vi ningún kirchnerista peleando por ese recorte, el más fuerte de toda la historia.» El mensaje fue retuiteado de inmediato por el presidente Milei, quien sumó: «DATO VS RELATO». El entrismo comunicacional del círculo presidencial en el debate universitario es, en sí mismo, un síntoma de la presión que el tema genera.

En el entorno del Gobierno, la postura es intransigente: «Si quieren más partidas, deberán decir a qué otros sectores les vamos a sacar. No tenemos problema.» Sin embargo, según trascendió en el ámbito universitario, los propios rectores comienzan a evaluar advertir públicamente que el inicio del ciclo lectivo 2027 podría estar en riesgo si el conflicto no se resuelve. El argumento podría ser trasladado por los gobernadores provinciales, cuyo territorio alberga a las más de 50 universidades nacionales distribuidas en todo el país.

El CIN ya presentó su propuesta presupuestaria ante el Congreso de la Nación, ámbito donde se discutirá el Presupuesto 2027. Las universidades pidieron además que se apliquen multas a funcionarios y que se evalúe una causa penal por presunta desobediencia a la orden judicial. El conflicto universitario tiene, en este escenario, todos los ingredientes para escalar.

Lo que tenés que saber:

• El Gobierno reiteró la oferta del 3% en septiembre y 3% en octubre; los gremios la rechazaron por segunda vez.
• Los sindicatos docentes reclaman además una recomposición del 32,5% establecida por la Ley de Financiamiento Universitario 27.795.
• El Presupuesto 2027 asigna $7,3 billones a las universidades, un 33% menos de los $11 billones que exigen los rectores.
• Tanto el Poder Legislativo como el Judicial ya ordenaron al Ejecutivo cumplir la ley; el Gobierno resiste.
• Los gremios preparan una quinta marcha nacional y los rectores advierten que el inicio del ciclo lectivo 2027 podría verse afectado.