El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) atraviesa una grave crisis institucional a poco más de un año y medio de su creación, producto de una interna política en el Gobierno de la Ciudad que, al día de hoy, impide la renovación de los contratos anuales correspondientes a 2026.

El IDECBA fue creado mediante la Ley 6724, sancionada en la Legislatura porteña con un amplísimo consenso político (55 votos afirmativos de los 58 legisladores presentes y 3 abstenciones). Tal como señala el propio organismo en su sitio web, “el nuevo instituto hereda la trayectoria de los 137 años de existencia de la DGESYC, creada en 1887”.

Sin embargo, ya entrado el mes de febrero, no se renovó ni un solo contrato anual, a pesar de que el presupuesto para tal fin fue aprobado a fines de 2025 por la Legislatura de la Ciudad. Esta situación afecta a cerca del 30% del total de trabajadores y trabajadoras del organismo, poniendo en serio riesgo su funcionamiento.

Ante la falta de renovación de los contratos, la conducción del Instituto dispuso un llamado “plan de contingencia” que, por definición, no puede sostenerse en el tiempo. Dicho esquema implica la reasignación de tareas y funciones, capacitaciones forzadas y/o sobrecarga laboral para personal de planta permanente y transitoria, con el objetivo de continuar los operativos de campo con un 30% menos de personal. Las dificultades, tensiones y presiones derivadas de esta situación ya comienzan a hacerse visibles.

La estabilidad laboral y el principio constitucional de “a igual tarea, igual remuneración” son condiciones indispensables para garantizar la producción de estadísticas públicas de calidad, confiables y al servicio de la sociedad.

Desde ATE Capital se viene reclamando de manera sostenida la renovación total e inmediata de los contratos 2026 en el IDECBA, así como el respeto por los derechos laborales de todas y todos los trabajadores del organismo.

Además, se continúa exigiendo:

El cobro del ítem “Adicional Ley 6724” (ex Fondo Estímulo) para todo el personal.

El pase a planta permanente.

Que ningún salario esté por debajo de la línea de pobreza.

El cumplimiento integral de los compromisos asumidos en el ámbito paritario.