La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó que esta medianoche iniciará un cese de tareas de 24 horas a nivel nacional en los servicios de corta y media distancia de todas las empresas que «incumplen el pago del aumento salarial resuelto y acordado» para esos sectores y advirtió que no permitirá «presiones» del sector patronal al Gobierno, informó el sindicato que encabeza Roberto Fernández.

«Se verificaron los incumplimientos en empresas del AMBA, La Plata, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Tucumán, donde habrá paro. La UTA no permitirá a los grupos monopólicos que presionen al Gobierno nacional para obtener beneficios», aseguró el gremio.

El sindicato destacó en un comunicado que «los aumentos fueron acatados y cumplidos en Bahía Blanca, Catamarca, Chaco, La Rioja, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Jujuy, La Pampa, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, San Nicolás de los Arroyos, Santa Cruz, Santiago del Estero y Trelew, por lo que el transporte y servicio de pasajeros está allí garantizado y será normal», puntualizó.

«La UTA no permitirá a los grupos monopólicos que pretenden ejercer presión sobre las autoridades nacionales para obtener mayores recursos económicos que generen su discusión en los espacios e instancias adecuadas y que utilicen a los trabajadores y usuarios como rehenes de sus pedidos sectoriales», añadió la entidad sindical.

Los dirigentes exigieron al Gobierno que haga respetar los derechos y que aplique «el articulo 6 de la resolución conjunta de las Secretarias de Gestión del Transporte y de Articulación Interjurisdiccional para no perjudicar a los usuarios», y lamentó «el perjuicio que genere la protesta por un pequeño grupo que responde a intereses de Dota».

En ese sentido, el gremio denunció que ese grupo paró de forma sorpresiva a partir de las 16 de hoy por «mayores recursos para sus patrones», y aseguró que «los trabajadores no paran sino que retienen sus tareas para garantizar su incremento salarial».

Las alusiones al sector patronal están vinculadas con el Grupo Dota, que inició a media tarde de este jueves un lockout con la paralización de varias líneas que dejó a pie a millares de personas, las que debieron acudir repentinamente a otros transportes.

Fuentes oficiales dijeron que el cese anticipado de Dota fue «un lockout patronal» y ratificaron que a las empresas «se les depositó en las últimas horas» el dinero reclamado como compensaciones y para hacer frente a los aumentos salariales pactados recientemente, pero algunas «están abonando los sueldos al valor anterior y están al límite de la defraudación».

Las fuentes oficiales dijeron que «hay empresas que pagan y otras que no pagan» los aumentos correspondientes y admitieron la disparidad en ese sentido.

Tampoco descartaron que sea una forma de «presión» de las compañías que podrían pretender «una nueva estructura de costos y más margen de ganancias» de manera inmediata y destacaron que recientemente hubo un aumento de valor de los pasajes.

«Solo el monopolio Dota lanzó desde las 16 de hoy un adelanto de la medida de fuerza, que es absolutamente patrocinada por ese sector patronal», dijo a Télam el secretario de Prensa de la UTA, Mario Calegari.

El secretario general del gremio, Roberto Fernández, ratificó también la huelga, en tanto el Ministerio de Transporte confirmó que esta semana abonó un monto suficiente para que las compañías paguen los incrementos salariales, según las fuentes oficiales.

«En la empresa que no pague lo que se acordó, no se trabajará y no habrá servicios desde la medianoche», había dicho Fernández a Télam, pero las cinco cámaras del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) respondieron a través de las redes sociales que las escalas de haberes dispuestas por una resolución conjunta de Trabajo y Transporte «no están homologadas, son ilegítimas y carecen de validez jurídica».

Fuentes de la cartera laboral indicaron a Télam que en caso de iniciarse la huelga nacional no será posible dictar una nueva conciliación obligatoria, ya que ese instrumento fue aplicado por «su plazo máximo».

Las empresas advirtieron que las compensaciones que reciben del Estado, a excepción de los costos salariales, están calculadas «a precios de diciembre último», y exigieron «el cumplimiento de las obligaciones de Transporte y legalidad para realizar la mejora».

«La UTA reclama se aplique en la liquidación de salarios incrementos dispuestos por una resolución conjunta (de ambos ministerios) que no tiene validez jurídica, dado que se impone un aumento salarial sin acuerdo del gremio y de las cámaras del sector», añadieron.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había asegurado hoy en la Casa de Gobierno que Trabajo y Transporte «trabajarán durante todo el día» para evitar el paro de la UTA, en tanto Transporte sostuvo que el monto girado a las compañías «es suficiente para abonar los aumentos salariales el quinto día hábil del mes siguiente».

Desde el Ministerio de Transporte que encabeza Diego Giuliano se recordó que el Estado nacional abonó esta semana 27 mil millones de pesos a las empresas prestatarias del servicio, 6.500 millones de pesos más que el mes anterior.

Según Transporte, ese adelanto de dinero contempló la actualización de costos no salariales como combustible, neumáticos, seguro y mantenimiento del sistema a valores de abril, y dijo que realiza un análisis y evaluación del funcionamiento del sector, incluido el parque automotor y su operación real para considerar futuras compensaciones.

También detalló que la mejora salarial del mes anterior tuvo que realizarse a través de una resolución conjunta porque el empresariado «no acordó la paritaria laboral y pretendió que el Estado reconociera incrementos sobre sus márgenes de ganancia».

«El Estado, responsable de aportar más del 80 por ciento del financiamiento del sistema de transporte automotor, que además procura la eficiencia y accesibilidad del servicio público de transporte para los usuarios, debió hacerse cargo del reconocimiento de la pretensión salarial de los trabajadores», indicaron desde Transporte.

Además desde esa cartera informaron que se está llevando adelante un análisis «en profundidad sobre el funcionamiento del sector», incluido el parque automotor vigente y la operación real del mismo para considerar «futuras compensaciones económicas».

La UTA y las juntas ejecutivas seccionales ratificaron «la vigencia y exigibilidad de la resolución conjunta, que determinó las escalas salariales para los trabajadores del AMBA y del interior tras el acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap)», y rechazaron que el personal de todo el país «se convierta en rehén de las problemáticas que puedan afrontar los servicios».

«Las diferencias existentes entre el sector empresario y la autoridad de aplicación son completamente ajenas e independientes de los salarios de los trabajadores, quienes no pueden ni deben esperar disposiciones reglamentarias, convenios o rendiciones para percibir sus haberes. No pueden ser rehenes de la problemática del servicio», afirmó el comunicado de la UTA de esta semana.