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Gremiales

La CGT repudió intervención e intento de privatización de los medios públicos

La central gremial destacó el importante rol que cumplen estos medios para «garantizar el derecho a una comunicación plural».

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La CGT repudió este martes la intervención de los medios públicos dispuesta por el Gobierno y la intención de privatizarlos según lo planteado en la ley de ‘Bases’; consideró que va «en contra de la soberanía nacional» y realzó el «rol central» que cumplen para «garantizar derecho a una comunicación plural».

«La Confederación General del Trabajo expresa su repudio ante la intervención de los medios públicos dispuesta el pasado lunes 5 de febrero. Mediante el Decreto 117/24 el Poder Ejecutivo Nacional designó un interventor para administrar RTA S.E. (Televisión Pública y Radio Nacional), TELAM S.E., EDUCAR S.E. y Contenidos Públicos S.E., violando la normativa vigente en la materia y pasando por encima del Congreso, ya que varias de estas empresas contaban con directores designados por distintas representaciones parlamentarias», dijo en un comunicado.

De esta manera hizo referencia al decreto publicado en el Boletín Oficial en el que se oficializó la intervención por el plazo de un año -período que podrá ser prorrogado por única vez por decisión de la Jefatura de Gabinete- y se designó al abogado Diego Martín Chaher como interventor de RTA y, con carácter ad-honorem, de Télam, Contenidos Públicos y del portal Educ.Ar.

Para la central obrera esta decisión del Gobierno de Javier Milei «se encuentra en sintonía con su intención de privatizar las empresas de medios públicos, entre otras sociedades del Estado o con participación estatal, en detrimento de la soberanía nacional».

El Consejo Directivo Nacional de la CGT expresó que «los medios públicos ocupan un rol central en la sociedad democrática» y los consideró «fundamentales para garantizar el derecho a una comunicación plural, con perspectiva federal y en la que se contemplen las voces de los distintos actores sociales».

También señaló que sin medios públicos, la agenda informativa «queda a merced de los grandes conglomerados privados de medios y sus intereses económicos».

«Por lo tanto, la CGT expresa su solidaridad y acompañamiento a las acciones gremiales, administrativas y judiciales promovidas desde las organizaciones

gremiales de la comunicación, en defensa de los medios públicos y el derecho a una comunicación plural y democrática», concluyó.

Educación

Paro universitario: docentes presionan al Gobierno por salarios y fondos

CONADU y sindicatos del sector realizarán una medida nacional el 27 y 28 de agosto. Reclaman recursos para las instituciones públicas y una actualización de haberes, mientras sigue la controversia política y judicial por la normativa vigente.

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La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmó un paro nacional de 48 horas para el 27 y 28 de agosto.

La medida cuenta con el respaldo de distintos sindicatos universitarios, entre ellos FEDUBA, y se inscribe en un conflicto que combina reclamos salariales con cuestionamientos por el financiamiento de las universidades públicas.

El frente sindical exige además que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación permanece en disputa luego de su ratificación por parte del Congreso tras el veto presidencial.

El financiamiento universitario es uno de los ejes del conflicto

Los gremios sostienen que las universidades no están recibiendo las transferencias presupuestarias previstas por la legislación ratificada por el Poder Legislativo.

Según el planteo sindical, la falta de esos recursos afecta los gastos necesarios para el funcionamiento cotidiano de las instituciones y también partidas destinadas a salarios y becas estudiantiles.

El reclamo se desarrolla en paralelo con una disputa judicial, debido a la existencia de fallos que ordenan el cumplimiento de la normativa.

Los sindicatos reclaman una nueva negociación salarial

El otro eje central de la protesta es la situación de los haberes docentes.

La conducción sindical cuestiona que las actualizaciones salariales otorgadas durante los últimos meses hayan sido definidas de manera unilateral y sin una reapertura de la paritaria formal.

Las entidades gremiales sostienen que los incrementos quedaron por debajo de la inflación acumulada y calculan una pérdida cercana al 30% del poder adquisitivo desde diciembre de 2023.

Para recuperar el nivel de compra de ese período, los sindicatos estiman que sería necesario un aumento superior al 50% sobre los salarios actuales.

La pérdida salarial afecta especialmente a las dedicaciones simples

De acuerdo con el reclamo sindical, el deterioro de los ingresos golpea con mayor intensidad a quienes tienen dedicaciones simples y semi-exclusivas.

Las dificultades también alcanzan a los cargos de dedicación exclusiva y se vinculan, según las organizaciones, con la pérdida de profesionales que optan por oportunidades laborales mejor remuneradas.

Representantes del sistema universitario advierten sobre la migración de docentes e investigadores con formación de posgrado hacia el sector privado o instituciones del exterior.

Universidades advierten por la salida de investigadores

La brecha salarial con otros ámbitos laborales es señalada como uno de los factores que favorecen el desplazamiento de profesionales altamente calificados.

Según las autoridades y representantes universitarios, esta situación impacta en la capacidad de las instituciones para sostener equipos de investigación, proyectos científicos y tecnológicos y actividades académicas.

El conflicto, por lo tanto, abarca tanto las condiciones laborales de los docentes como los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario.

Los gremios podrían profundizar las medidas

El paro de agosto se concretará mientras continúa la controversia por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las organizaciones sindicales advirtieron que podrían profundizar el plan de lucha si no reciben respuestas concretas del Poder Ejecutivo.

La medida de 48 horas quedó establecida para el 27 y 28 de agosto, con reclamos vinculados al financiamiento universitario, los salarios docentes y el cumplimiento de la legislación vigente.

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