Las autoridades del Congreso Nacional firmaron este lunes un acuerdo paritario con los tres gremios que representan al personal legislativo. El pacto establece una suba salarial del 1,3% mensual para los meses de marzo, abril y mayo —es decir, un 3,9% acumulado en el trimestre— y el pago de un bono de $100.000 para todos los empleados, tanto de planta permanente como transitoria.

La rúbrica contó con la firma del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel; y los secretarios generales de APL (Norberto Di Próspero), ATE Congreso (Claudio Britos) y UPCN (Martín Roig).

Los aumentos llegarán de manera retroactiva, aunque quedaron lejos de compensar la pérdida del poder adquisitivo que los trabajadores arrastran desde diciembre.

Sueldos: del mínimo al cargo político

Con los nuevos valores, un trabajador legislativo en la categoría más baja percibirá un salario bruto de $653.000. La mayoría del personal —que se ubica en la categoría séptima— cobrará en torno a $1.100.000 brutos. En tanto, un director de comisión, uno de los cargos más altos dentro de la estructura del Congreso, pasará a recibir alrededor de $2.300.000.

El esquema, sin embargo, fue criticado por algunos bloques opositores, que habían solicitado abrir la negociación salarial ante la fuerte erosión del poder de compra y el aumento del costo de vida. El INDEC informó que la inflación de abril fue del 8,8%, acumulando 65% en los primeros cuatro meses del año. En ese marco, la suba trimestral del 3,9% no alcanza ni siquiera a empatar un mes de inflación.

La voz sindical: una estrategia de contención

En un comunicado conjunto, los sindicatos justificaron la firma del acuerdo como una estrategia de «defensa del salario y de los puestos de trabajo». Sostuvieron que “esta medida se da en un clima de negociación y discusión constante, reconociendo que no podemos ser indiferentes a las urgencias económicas que atravesamos como sociedad”.

También subrayaron que “lo conseguido no es un punto de llegada, sino claramente, el inicio de un proceso para seguir avanzando en la recuperación de nuestro dañado poder adquisitivo”. Desde APL, señalaron que el diálogo con las autoridades legislativas continuará, con el objetivo de “mantener la paz laboral y evitar despidos”.

La decisión de aceptar un aumento menor a la inflación reflejó también las condiciones restrictivas del escenario actual. El Gobierno nacional impuso un tope de gastos para los poderes del Estado, y tanto Menem como Villarruel respondieron a la línea de ajuste marcada por el presidente Javier Milei. En ese contexto, el acuerdo se leyó más como un gesto político que como una solución real al deterioro del ingreso.

Ajuste fiscal y tensiones internas

La paritaria del Congreso se dio en medio de un congelamiento generalizado del gasto público y una ola de despidos en distintos organismos del Estado. Según el último relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde diciembre se perdieron más de 20.000 puestos en la administración pública nacional.

Además, el Ejecutivo redujo partidas a universidades, suspendió obras públicas y eliminó programas de asistencia. El Congreso, que debe sancionar en los próximos días una nueva versión de la Ley Bases y el paquete fiscal, busca dar señales de austeridad, aun cuando eso implique tensionar con los gremios.