Gremiales
ATE llevó a la Justicia el DNU que privatizó YCRT: denuncian inconstitucionalidad y violación de derechos laborales
El gremio de estatales presentó una demanda judicial contra el Decreto 115/25, que privatizó Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Sostiene que la medida vulnera la negociación colectiva y la estabilidad del empleo público, y exige la declaración de inconstitucionalidad de los artículos clave del decreto.
La decisión del Gobierno de privatizar Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 115/25 desató una fuerte reacción del gremio estatal ATE, que calificó la medida como «inconstitucional» y «violatoria de derechos fundamentales». Según Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, el decreto «flagrantemente viola el derecho a la negociación colectiva y a la estabilidad del empleo público», pilares fundamentales del trabajo estatal.
La demanda, presentada ante el Juzgado N° 73 de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Nacional del Trabajo, busca frenar la implementación del decreto y garantizar la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que regula las relaciones laborales en la empresa. «El principio de progresividad de los convenios colectivos está protegido por la Constitución Nacional, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Americana de Derechos Humanos», explicó Aguiar.
Los puntos más cuestionados del DNU
ATE centró su demanda en los artículos 8 y 9 del DNU, que, según el gremio, alteran de manera inconstitucional el marco normativo que regula las relaciones laborales en YCRT. Estos artículos permiten la modificación unilateral del Convenio Colectivo de Trabajo, lo que, según Aguiar, «deja a los trabajadores en un estado de indefensión y genera graves perjuicios».
El gremio también denunció que el decreto desconoce la «ultraactividad» de los convenios colectivos, un principio que garantiza la vigencia de los acuerdos laborales hasta que se negocie uno nuevo. «El Presidente de la Nación no tiene facultades para dar de baja el instrumento que regula las relaciones laborales dentro de la empresa, ni siquiera con las facultades extraordinarias delegadas por el Congreso», afirmó el titular de ATE.
Un conflicto con raíces en los años 90
La privatización de YCRT no es un hecho aislado en la historia reciente de la empresa. Durante la década de 1990, el Gobierno de Carlos Menem también intentó privatizar el yacimiento, en el marco de una política de desregulación y venta de activos estatales. Sin embargo, a pesar de los cambios en la figura jurídica de la empresa, el Convenio Colectivo de Trabajo se mantuvo vigente, lo que, según ATE, refuerza la ilegalidad del actual decreto.
Aguiar recordó que YCRT funcionó durante más de 30 años bajo distintas figuras legales, pero nunca se alteró la vigencia del convenio colectivo. «Este antecedente demuestra que el decreto actual no solo es inconstitucional, sino también un retroceso en términos de derechos laborales», señaló.
El impacto en los trabajadores y la economía regional
La privatización de YCRT no solo afecta a los derechos laborales de sus empleados, sino que también tiene implicancias económicas y sociales para la región de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. El yacimiento es una de las principales fuentes de empleo en la zona, y cualquier alteración en su estructura podría generar un impacto significativo en la economía local.
ATE advirtió que, de mantenerse vigentes los artículos cuestionados del DNU, se generaría «un estado de indefensión» para los trabajadores, lo que podría derivar en despidos, precarización laboral y pérdida de derechos adquiridos. «El pronunciamiento de la Justicia debe darse con celeridad para evitar mayores perjuicios», insistió Aguiar.
¿Qué sigue para YCRT y los trabajadores?
El conflicto en torno a YCRT pone en evidencia las tensiones entre el Gobierno y los gremios estatales, en un contexto donde las políticas de ajuste y privatización vuelven a estar en el centro del debate. Mientras ATE espera una resolución judicial favorable, el futuro de los trabajadores de YCRT y de la empresa misma sigue siendo incierto.
La demanda presentada por ATE no solo busca frenar la implementación del decreto, sino también sentar un precedente en defensa de los derechos laborales y la negociación colectiva. En un país con una larga historia de conflictos laborales, el caso de YCRT podría convertirse en un símbolo de resistencia frente a las políticas de ajuste.
CABA
Residentes de hospitales de CABA paran y marchan al Ministerio de Salud porteño
La Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad paralizó este miércoles más de 20 efectores de salud y convocó a una movilización al Ministerio de Salud porteño en reclamo de recomposición salarial, contra la fragmentación de la carrera médica y por la emergencia en salud mental.
Más de 20 efectores de salud de la Ciudad de Buenos Aires adhirieron al paro convocado por la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la CABA. La medida de fuerza, con cobertura de guardias desde las 8, incluyó una movilización al Ministerio de Salud porteño, con concentración desde las 11 en el Obelisco.
El reclamo central de los trabajadores jóvenes de la salud pública apunta al ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós: exigen una recomposición salarial frente al deterioro sistemático del poder adquisitivo de sus ingresos en el contexto de una inflación que no cede. Entre los hospitales que confirmaron adhesión se encuentran centros de alta complejidad como el Elizalde y el Gutiérrez, dos de los principales hospitales pediátricos del país, y el Hospital Fernández, referente de la atención general en la Ciudad.
Un pliego que va más allá del salario
La movilización no se redujo a la cuestión salarial. La Asamblea llevó al Ministerio un conjunto de demandas que reflejan la crisis estructural que atraviesa el sistema de salud público porteño. Entre los puntos del pliego se destaca el rechazo a la fragmentación de la carrera profesional, un modelo de organización que los residentes y concurrentes denuncian como degradante para las condiciones laborales y la formación médica en los efectores públicos.
También exigieron que la Ciudad declare la emergencia en salud mental y rechazaron cualquier medida que restrinja el acceso de la población al sistema público de salud. La convergencia de estos reclamos dibuja un cuadro de deterioro que no es coyuntural sino que lleva años profundizándose, en un sector donde los residentes trabajan largas jornadas a cambio de estipendios que el proceso inflacionario ha licuado de manera sostenida.
El contexto: salarios contra inflación
El paro de los residentes y concurrentes porteños se inscribe en un clima de conflictividad creciente en el sector salud a nivel nacional. La pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores sanitarios es uno de los efectos más documentados del proceso de ajuste que caracterizó a la gestión de Javier Milei desde diciembre de 2023. Según datos del INDEC, la Canasta Básica Total acumuló una variación interanual del 30,4% a marzo de 2026, sobre una base ya erosionada por las devaluaciones y los tarifazos de los primeros meses de gestión libertaria. Para los residentes, cuyos estipendios no acompañaron esa dinámica de precios, la ecuación se vuelve insostenible.
La Ciudad de Buenos Aires gestiona uno de los sistemas de salud pública más complejos del país, con hospitales de alta complejidad y una red de centros de atención primaria que depende en buena medida del trabajo de residentes y concurrentes. Que más de 20 de esos efectores hayan paralizado sus actividades esta jornada revela la magnitud del malestar acumulado en una franja de profesionales que sostiene gran parte de la atención cotidiana de los sectores más vulnerables de la Ciudad.
Lo que tenés que saber
- La Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA realizó un paro este miércoles con cobertura de guardias y movilización al Ministerio de Salud porteño desde el Obelisco.
- Más de 20 efectores de salud de la Ciudad adhirieron a la medida, entre ellos los hospitales pediátricos Elizalde y Gutiérrez, y el Hospital Fernández.
- El reclamo central es una recomposición salarial ante la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación, dirigido al ministro Fernán Quirós.
- El pliego también incluye el rechazo a la fragmentación de la carrera profesional, la declaración de emergencia en salud mental y la defensa del acceso al sistema público.
- La medida refleja el deterioro sostenido de las condiciones laborales en el sector salud pública bajo el contexto de ajuste de la gestión Milei.
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