Gremiales

Paro total en subtes y premetro

Trabajadores enfatizaron que, en el ámbito del subte y el Premetro, hubo ya 330 casos de contagios por coronavirus confirmados y 6 fallecidos, de los cuales 3 eran mayores de 60 años, que integraban los llamados grupos de riesgo.

Publicado hace

5 años

03.02.2021

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) realiza desde las 6 y hasta las 9 de hoy un paro «total» en las seis líneas del subterráneo y el Premetro «en resguardo de la salud y la vida del personal», ante «la decisión de Metrovías de obligar a los empleados mayores de 60 años a retomar las tareas de manera presencial».

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En tanto, la empresa consideró «injustificada» la medida de fuerza que «impide el traslado de los trabajadores esenciales», según un comunicado difundido este miércoles por la mañana.

«El gremio denuncia la actitud ilegal e irresponsable de Metrovías, que sancionó a trabajadores mayores de 60 años, integrantes de los denominados grupos de riesgo, y los obligó a retomar las tareas habituales de forma presencial, luego de presionarlos e intimidarlos», indicó el gremio, que, a su vez, señaló que el paro se trata de «una medida de autodefensa de los derechos».

El parte de prensa gremial fue firmado por los secretarios general, adjunto y de Prensa, Roberto Pianelli, Néstor Segovia y Enrique Rositto.

En tanto, la empresa Metrovías indicó que, «a la fecha, son un total de 48 colaboradores de entre 60 y 65 años los que fueron convocados», que «no constan como integrantes de grupo de riesgo».

«De dicho total, algunos están prestando servicio y ayudando a que todos los días podamos brindar un servicio seguro y confiable mientras que 35 de ellos no se presentaron al examen médico de rigor», argumentaron desde la compañía en el comunicado difundido esta mañana.

En tanto, los trabajadores enfatizaron que, en el ámbito del subte y el Premetro, hubo ya 330 casos de contagios por coronavirus confirmados y 6 fallecidos, de los cuales 3 eran mayores de 60 años, que integraban los llamados grupos de riesgo.

«Ese número representa casi un 10 por ciento del total de trabajadores y es muy superior al promedio de contagios que ocurren en la ciudad de Buenos Aires, en la que los casos positivos alcanzan el 3 por ciento de la población», indicaron los sindicalistas.

Para los dirigentes, la situación «se agrava si se considera que los grupos de más de 60 años, a los que convocó Metrovías de forma ilegal, tienen un índice de letalidad del 5,65 por ciento», en tanto solicitaron «disculpas» a los usuarios que «sean afectados».

Los sindicalistas convocaron a la concesionaria y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a «reflexionar» respecto de «la actitud ilegal adoptada y del riesgo de vida al que exponen al personal».

Pianelli y Segovia habían denunciado el lunes pasado que Metrovías «rompe la paz social e intenta provocar un conflicto» al obligar al personal mayor de 60 años a concurrir a sus puestos laborales habituales, por lo que había determinado el estado de alerta del gremio.

«Metrovías procura violentar la Resolución 207/20 del Ministerio de Trabajo. En Buenos Aires, los casos positivos de coronavirus son inferiores al 3 por ciento, pero al comparar ese índice con el registrado en la actividad supera el 9 por ciento», puntualizaron.

También, sostuvieron que «los trabajadores de subterráneos mantuvieron el servicio diario en funcionamiento desde el inicio de la pandemia», y rechazaron «la decisión patronal».

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Etiquetas:decreto Gremiales Medida de fuerza metrovias Paro Personal de riesgo premetro Sindicato Subterráneo trabajadores

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Desregulación

Sindicatos aeronáuticos denuncian penalmente a Milei y Caputo por la venta de Intercargo a precio vil

La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, falsedad ideológica y defraudación al Estado, al cuestionar la tasación oficial de 45 millones de dólares para la empresa estatal de servicios aeroportuarios.

Publicado hace

4 horas

14.05.2026

ElArgentino.ar

¿Estafa al pueblo? La denuncia penal que pone en jaque la privatización de Intercargo

★ La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) radicó este jueves una denuncia penal ante la justicia federal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en el proceso de valuación y privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos argentinos. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, sorteado para intervenir en el expediente.

Los delitos imputados y el eje de la denuncia

La acusación sindical imputa tres delitos específicos: defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados al proceso que culminó en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo pasado. Esa resolución fijó el precio base de la privatización de Intercargo en torno a los 45 millones de dólares, una cifra que el gremio calificó de «inexplicable» frente a los indicadores económicos y la rentabilidad reciente de la compañía.

La tasación que dio origen a ese valor base fue realizada por el propio BICE, bajo la conducción de Voss, mediante el método de flujo de fondos descontados. Desde APA cuestionaron tanto el resultado de esa valuación como la elección de la entidad para realizarla, al señalar que podrían haber intervenido organismos con mayor tradición y especialización en tasaciones de activos públicos.

Intercargo: empresa estratégica y 1.500 puestos de trabajo en juego

Intercargo presta servicios de rampa, carga y descarga de equipaje y asistencia a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. Su privatización fue habilitada por la Ley Bases (27742), que autorizó la venta del 100% del paquete accionario mediante licitación pública nacional e internacional, sin participación estatal residual. Según estimaciones sindicales, alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico están vinculados a la empresa.

El gremio denunciante advirtió que la fijación del valor base podría implicar un perjuicio económico significativo para el Estado y alertó sobre el riesgo de lo que describió como un «vaciamiento del patrimonio público». En ese sentido, APA anticipó que además de la vía judicial impulsará acciones en el plano gremial para frenar la operación en los términos actuales.

El contexto: privatizaciones, FMI y el desguace del Estado

La denuncia se inscribe en el marco más amplio de la política privatizadora del gobierno de Javier Milei, parte del programa de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En abril de 2025, el Ejecutivo suscribió un nuevo Servicio Ampliado con el organismo por USD 20.000 millones, que condicionó la política económica nacional al cumplimiento de metas de reservas y equilibrio fiscal. El Foro Economía y Trabajo, un espacio integrado por economistas vinculados al movimiento sindical, advirtió en documentos públicos que ese esquema subordina las decisiones sobre activos estatales a las exigencias del organismo multilateral.

En ese contexto, la privatización de Intercargo se suma a un proceso de desguace del Estado que, según datos del propio Foro, acumuló recortes reales del 86% en gasto de capital y del 61% en programas sociales desde el inicio de la gestión libertaria, mientras la deuda total con el FMI alcanzó los USD 57.100 millones al cierre de 2025.

Un nuevo frente judicial para la gestión libertaria

La causa en manos del fuero federal abre un nuevo flanco de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, en un escenario donde la administración de Milei ya enfrenta investigaciones por la causa $Libra, el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni (con un patrimonio investigado que supera los USD 840.000, según la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita) y los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Mientras el Ejecutivo sostiene que el proceso de privatización de Intercargo se ajusta a estándares internacionales y busca mejorar la eficiencia del sector aerocomercial, los gremios advierten que la subvaluación de activos públicos constituye un mecanismo de transferencia de riqueza a manos privadas, financiado en definitiva por el conjunto de la sociedad.