Buenos Aires
Provincias ratificaron la vigencia de la lucha contra el trabajo infantil
Durante el II Encuentro Federal por el Trabajo las carteras laborales y organizaciones sindicales elaboraron un documento conjunto en el marco de las acciones por el Día Mundial.
El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Walter Correa, participó del II Encuentro Federal por el Trabajo que se realizó en La Rioja. En esta oportunidad, las autoridades de los distintos estados provinciales analizaron las acciones que se llevan adelante para la erradicación de trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente.
En el marco de las acciones que se realizan durante el mes de junio a nivel mundial para concientizar sobre la magnitud del problema del trabajo infantil y promover iniciativas para erradicarlo, los representantes de los Ministerios de Trabajo provinciales y de las organizaciones gremiales participantes, firmaron una declaración como el resultado del diálogo entre las partes:
Las Provincias participantes, representadas por sus máximas autoridades laborales junto a las organizaciones sindicales presentes y firmantes, reunidas en La Rioja en el día de la fecha, con la presencia del Sra. Vicegobernadora, Teresita Madera y autoridades locales, en relación a la temática convocante, “Día internacional de lucha por la erradicación del trabajo infantil”, y que fuera declarado de Interés Provincial por la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Provincia de La Rioja mediante Decreto 144/2024, han arribado a las siguientes conclusiones:
Que en este Día Mundial contra el Trabajo Infantil, jornada establecida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2002 para concientizar sobre la magnitud del problema del trabajo infantil y promover iniciativas para erradicarlo deviene imprescindible recordar la plena vigencia de distintos instrumentos legales internacionales emitidos por OIT, Unesco y Unicef, que han definido incuestionablemente que la educación es obligatoria y la infancia debe ser libre de trabajo.
La erradicación del trabajo infantil se encuentra dentro de los primeros convenios de la Organización Internacional del Trabajo desde su constitución. Es uno de los principios y derechos fundamentales, establecidos en la correspondiente Declaración de la OIT en 1998. Los Convenios de la OIT Núm. 138 (edad mínima) y Núm. 182 (peores formas de trabajo infantil) son los marcos normativos referentes de la problemática. Ambos han sido ratificados por la Argentina en 1996 (Ley 24.650) y 2000 (Ley 25.255), respectivamente.
Es de suma relevancia, resaltar que la Ley 26.390 establece la “prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente”
En nuestro país, la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la Ley 26.061 y la Ley 26.206 consagran el derecho de niñas, niños y adolescentes a la educación gratuita, obligatoria y universal, e instituyen a la educación como un bien público y un derecho social, responsabilidad principal e indelegable del Estado, como así también su protección integral.
Por su parte, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas e insta a los países a tomar medidas inmediatas y efectivas para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y la trata de personas, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidas el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, para 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.
A pesar de la plena vigencia de este plexo normativo, a la fecha las autoridades laborales no hemos sido convocadas a sesionar en el Consejo Federal del Trabajo (creado por Ley 25512, Pacto Federal del Trabajo) y la CONAETI no ha convocado a reuniones plenarias desde diciembre pasado.
Por otra parte, observamos con preocupación, que los resultados de la 8va encuesta de UNICEF a hogares con niñas, niños y adolescentes, una medición de alcance nacional que se realiza de manera ininterrumpida desde 2020, arrojan resultados alarmantes en cuanto al incremento de la pobreza infantil. En efecto, unos 10 millones de chicas y chicos argentinos comen menos carne y lácteos en comparación al año pasado por falta de dinero. Además, según el mismo relevamiento, los ingresos de casi la mitad de los hogares con menores de edad no alcanzan para cubrir gastos básicos de alimentación, salud y educación. En las familias también se redujo el consumo de verduras y frutas (58%), y solo aumentó la ingesta de fideos y harinas (24%).
En este marco es imposible soslayar el incremento exponencial de la pobreza en relación a los niños y niñas desde la asunción del actual gobierno. Ello es consecuencia directa del abandono deliberado por parte del Estado Nacional de la ejecución de políticas de orden institucional, y del brutal ajuste sobre los sectores populares a través de la desregulación total de la economía, excepto el techo que se ha puesto a la negociación paritaria, al Salario Mínimo, y a las jubilaciones y pensiones. Más allá de cualquier objeción política o ideológica resulta absolutamente repudiable haber retenido alimentos en depósitos gubernamentales, esgrimiendo excusas dilatorias que solo cedieron frente a una decisión judicial.
La erradicación del trabajo infantil en Argentina requiere un enfoque multidimensional que combine la implementación de leyes estrictas, la mejora del acceso a la educación, a la salud y un sistema robusto de protección social. Es crucial persistir en reclamar que se prioricen estas áreas y se desarrollen políticas efectivas para asegurar que todos los niños y niñas puedan crecer en un entorno seguro, saludable y educativo, libre de la necesidad de trabajar.
El trabajo infantil prolifera en condiciones socioeconómicas y culturales específicas, que varían según el contexto regional y nacional. Las sociedades con altos niveles de desigualdad tienden a tener mayores tasas de trabajo infantil, ya que los niños y niñas de los sectores más vulnerables son los más afectados.
Hoy los índices señalan que todas las causas enumeradas se potencian en nuestra nación, con grave riesgo para nuestros niñas y niños de ingresar en los tristes listados que encabezan regiones como el África Subsahariana, Asia Meridional o de nuestra América Latina y el Caribe, que no tienen la riqueza que abunda en nuestro territorio o bien sufren conflictos bélicos que explican situaciones injustificables en nuestra Patria.
La erradicación del trabajo infantil es un desafío que requiere un esfuerzo concertado y sostenido a nivel local, nacional e internacional.
Nos concierne a las provincias argentinas, Estados preexistente a la propia Nación, refrendar con políticas activas, compromiso y una autentica agenda federal de dialogo y acciones, este camino de lucha en pos de la definitiva eliminación de este problema y garantizando así un futuro mejor para todos los niños, niñas y adolescentes de nuestra querida Patria.
Nada menos puede pretenderse en este significativo día, donde la Organización Internacional del Trabajo ha publicado “Cada 12 de junio, la Organización Internacional del Trabajo se une a sus mandantes y socios de todo el mundo para conmemorar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil… El Llamamiento a la Acción de Durban, adoptado por los delegados al término de la 5ª Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil en 2022, muestra el camino a seguir. Argentina, fue anfitrión de la 4ta Conferencia Internacional y participó de esta 5º Conferencia en Durban, Sudáfrica.
Por los esfuerzos en este sentido, Argentina ha sido reconocida en diciembre de 2022 como «País Pionero» dentro de la Alianza 8.7, una coalición internacional que reúne a Estados Miembros de Naciones Unidas comprometidos con la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para acelerar los esfuerzos en la prevención y erradicación el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de personas.
Ha llegado el momento de hacer realidad la erradicación del trabajo infantil.
Suscriben:
Marcelo Pedehontaá, secretario de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa; Julia Comán, secretaria de Trabajo de Santiago del Estero; Sonia Castiglione, ministra de Trabajo y Empleo de Tierra del fuego; Myriam Espinosa, secretaria de Trabajo de La Rioja; y Walter Correa ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
Por las organizaciones sindicales: Antonio Jorge Reynoso, sindicato de Camioneros; Eduardo Peña, SETIA; Alicia Susana Luna, ATUR; Walter Cabra, ATI; Juan Lujan, AOT; Víctor Romero, UORLA; Raúl Páez Contreras, sindicato de Empleados legislativos; Ramón Peña, conductor representante de Taxis; Diego Mercado, Estaciones de servicio SUOES Cuyo; Rúben Díaz, Sevilar; Orlando Gómez, la Bancaria; Carlos Milligan, AMET; Julio Federico Zalazar, Secalar; Fernanda Hiser, Sadop; Iván Marcelo Vega, UPSRA; Jorge Gaitán, SOEM; Oscar Navarro, SIPOS; Nicolás Saad, SOEGYPE; Guillermo Urbano, ATSA; Omar Raúl Muga, UATRE-AIMOGASTA; Andrea Cruz, SACRA; Lara Edith González, Fatpren; Alejandra Quiroga, ATRAAC; Carlos Cabrera, Judiciales; Amalia Cristina Cortez, UTEDYC; Cergio Enzo Fuentes, Taxis; Rodolfo Martínez, Plásticos; Silvia Ramírez, AGEOM; Daniel Mercado, UPCN; Fernando Córdoba, Luz y Fuerza; Esteban Carrizo, Vialidad nacional; Mauricio Luna, UATRE- Chilecito; Antonio Brizuela, ATUR; Fabián Guerrero, Federación de Pasteleros; Laura Pedraza, Defensa del consumidor Sivara; Daniel H. Duarte, sindicato del Vidrio; Diego Mercado Herrera, AJEPROC; Diego Quintanilla, Argentina de Remisse; Omar Alarcon, Fatpren; Alejandra Quiroga ATRAAC; Daniel Peralta, ADDIUP UNLAR; Ada Noelia Páez, UDA; Omar Carrizo, UOM; Luis Alberto Cuello; Uthgra La Rioja; Sebastián Di Fiori, UOCRA; Rosa Isabel González, Comercio; Juan Nicolás Agüero, APINTA; Gustavo Ariel Nieto, Panaderos; Juan Carlos Avila, Farmacias; Ignacio Colina, Selar, Roque Omar Cedrón, UATRE- Capital.
Buenos Aires
Chapadmalal vuelve a la Provincia: el Senado bonaerense le pone freno al negocio de Milei
El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por mayoría el proyecto de la senadora Fernanda Raverta para recuperar la Unidad Turística Chapadmalal, cedida originalmente por la Provincia a la Nación con destino exclusivo al turismo social. La iniciativa instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones judiciales contra el gobierno nacional por «desnaturalización del fin social» del complejo, mientras el gobierno de Javier Milei planea entregarlo en concesión a privados por 30 años.
De más de 84.000 personas alojadas en 2023, el complejo de Chapadmalal pasó a cero turistas en 2025 y 2026. Ese dato brutal resume lo que el gobierno de Javier Milei hizo con uno de los emblemas históricos del turismo social argentino: un predio construido en los años 40 para que los trabajadores, los niños y los jubilados pudieran conocer el mar con hospedaje de calidad y pensión completa, ahora en camino a convertirse en un negocio privado.
El martes, el Senado bonaerense respondió con una decisión política concreta. El bloque peronista Fuerza Patria impulsó y logró la media sanción del proyecto de ley presentado por la senadora marplatense Fernanda Raverta, que declara la voluntad del Estado provincial de recuperar la titularidad y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal (UTC) e instruye a la Fiscalía de Estado bonaerense a iniciar las acciones judiciales necesarias para exigirle a la Nación la devolución del predio. El expediente, registrado como E 120 2026-2027, pasa ahora a la Cámara de Diputados provincial para completar su tratamiento legislativo.
Un predio cedido con una condición que Milei ignoró
El origen jurídico del conflicto es claro: la Provincia de Buenos Aires cedió originalmente los terrenos de Chapadmalal al Estado nacional con un fin específico e irremplazable, el turismo social. Construido entre 1948 y 1949 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón y diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo como parte de una política de democratización del descanso, el complejo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2013. La administración de Javier Milei ignoró ese mandato de origen y avanzó en dos movimientos concretos: el Decreto 216/2025 eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social, y la Resolución 129/2026, publicada en el Boletín Oficial, oficializó el pase a disponibilidad de la totalidad del personal de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba.
El plan del gobierno nacional es concesionar el complejo de Chapadmalal a privados por un plazo de 30 años y subastar el complejo de Embalse. Para el ministerio de Gobierno bonaerense, encabezado por Carlos Bianco, se trata de una «trampa administrativa»: primero se declara que el predio está «subutilizado», luego se quita el personal y finalmente se habilita la venta o la concesión directa. Bianco ya formalizó ante la administración nacional el pedido de transferencia inmediata del complejo a la órbita provincial.
La ley que activa la Fiscalía de Estado
El proyecto aprobado en el Senado bonaerense va más allá de una declaración de intenciones. La norma declara «la voluntad» del Estado provincial de «recuperar la titularidad de dominio y asumir la administración de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal debido a la desnaturalización del fin social para el cual fueron afectados» e instruye a la Fiscalía de Estado a «interponer las acciones judiciales y medidas cautelares necesarias ante las jurisdicciones competentes, a fin de obtener la reivindicación, restitución o retrocesión de los inmuebles que integran la UTC fundadas en la desviación de su finalidad pública, el incumplimiento del cargo de uso social originario y la defensa del patrimonio histórico y social».
Durante el debate, Raverta colocó el conflicto en términos de modelo de país: «Chapadmalal no es solamente un complejo hotelero, es un modelo de país. Para algunos, es un activo que puede venderse al mejor postor. Para nosotros, es parte de la historia de la Argentina, del derecho de los trabajadores al descanso y de una política pública que permitió que miles de familias fueran al mar por primera vez». La senadora también recordó que «cuando esta provincia decidió ceder su tierra a un gobierno nacional para que construyera ese complejo, fue con ese objetivo, y ahora el Gobierno nacional no lo está cumpliendo».
La oposición apoyó la privatización
El proyecto fue aprobado por mayoría, con la votación en contra del senador del PRO y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien avaló el modelo de Milei para la concesión privada del predio. Montenegro sostuvo que «la única forma de progreso no puede ser siempre el Estado», un argumento que el peronismo bonaerense rechazó de plano en el recinto. La postura del PRO y de La Libertad Avanza significó, en los hechos, respaldar que un complejo declarado Monumento Histórico Nacional y construido para los trabajadores quede en manos de empresarios privados durante tres décadas.
Kicillof: «Marcha a un negocio inmobiliario»
El gobernador Axel Kicillof ya había trazado el diagnóstico con precisión. «Me parece que, como ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario», declaró durante una visita a Mar del Plata, al ser consultado sobre el futuro del complejo. «La onda viene de demolición y destrucción», agregó el mandatario bonaerense, quien exigió que, si la Nación decide desprenderse del predio, la administración sea transferida en forma inmediata a la Provincia. El ministro de Turismo bonaerense, Augusto Costa, sintetizó el impacto con un dato que no admite interpretación: «De alojar a más de 84.000 personas en 2023, pasamos a cero turistas en 2025 y 2026».
En el Congreso nacional, los senadores peronistas Juliana di Tullio y Eduardo «Wado» de Pedro presentaron un proyecto paralelo para transferir Chapadmalal a la provincia de Buenos Aires, con la condición de que el predio mantenga su destino de turismo social y que su venta o cambio de uso quede prohibida sin autorización del Poder Legislativo nacional. La pinza legislativa, en la Cámara alta bonaerense y en el Congreso nacional, marca una estrategia coordinada del peronismo para bloquear judicialmente y políticamente la entrega del complejo.
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