Buenos Aires
¡Cuidado con las rutas! La dura advertencia de Vialidad
La Federación de Vialidad Nacional cuestiona el decreto que promueve concesiones de rutas y señala un esquema privatizador que perjudica al interés público.
Lo que tenés que saber
- El gobierno nacional oficializa el decreto 28/2025 para licitar tramos de la Red Vial Nacional.
- La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) rechaza la medida y la considera un “modelo ineficiente”.
- Se habilita la licitación de tramos gestionados por Caminos del Río Uruguay, empresa con un historial de irregularidades y mala gestión.
- El decreto permite la prórroga del contrato actual y perpetúa el mal estado de las rutas.
- Las concesionarias tendrán el control de “zonas de camino” sin obligación de pagar un canon al Estado.
- Los usuarios continúan pagando altos peajes sin mejoras en la infraestructura vial.
Críticas a un modelo privatizador
El reciente decreto 28/2025, promulgado por el gobierno de Javier Milei, establece nuevas licitaciones para tramos de la Red Vial Nacional, incluyendo el Corredor Vial 18, que abarca rutas clave como la Nacional 14, la Nacional 12 y el puente Rosario-Victoria. Sin embargo, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) ha expresado un fuerte rechazo a la medida, asegurando que esta iniciativa favorece a los empresarios y perpetúa el deterioro de la infraestructura vial del país.
Negocios privados y falta de control estatal
Desde la FEPEVINA alertan que este decreto favorece un “esquema privatizador” que, según indican, agrava los errores cometidos durante los años 90, cuando se implementaron concesiones viales que no solo no resolvieron los problemas de las rutas, sino que los empeoraron. “El modelo propuesto no sólo replica los errores de los 90, sino que los agrava”, señalaron en su comunicado.
El Corredor Vial 18, que actualmente está bajo la administración de Caminos del Río Uruguay SA, enfrenta numerosas denuncias por el mal estado de las rutas, la falta de mantenimiento y el incumplimiento de los contratos. A pesar de este historial de irregularidades, el decreto permite la prórroga del contrato actual, lo que, según FEPEVINA, “perpetúa el deterioro de las rutas y alimenta un modelo ineficiente”. A su juicio, este enfoque prioriza el lucro privado sobre el bienestar de los usuarios y la mejora de la infraestructura vial.

Zonas de camino: un “negocio redondo”
Además de las concesiones de rutas, el decreto también otorga a las concesionarias el control de las “zonas de camino”. Esto les permitirá desarrollar proyectos como estaciones de servicio, paradores o incluso hoteles en las áreas adyacentes a las rutas. Lo que más preocupa a la FEPEVINA es que las concesionarias no estarán obligadas a pagar un canon al Estado nacional por estos desarrollos, lo que representa un “negocio redondo” que no beneficia a los usuarios ni al país.
La crisis de recursos en Vialidad Nacional
Otra crítica recurrente de la FEPEVINA se refiere a la falta de recursos para realizar las tareas básicas de mantenimiento de las rutas. Según indican, la subejecución del presupuesto destinado a Vialidad Nacional ha dejado a la entidad sin los recursos necesarios para garantizar una infraestructura vial segura y funcional. Los usuarios, por su parte, siguen pagando elevados peajes, sin que estos contribuyan a la mejora de las rutas, que continúan en malas condiciones.
Buenos Aires
Palos en la rueda: el INAES suspendió 6.667 cooperativas en plena crisis y la Provincia advierte por el empleo
La Resolución 2076/26 suspende la autorización para funcionar de entidades con documentación asamblearia y balances pendientes. En territorio bonaerense son 1.916 las suspendidas y 299 las intimadas, según el IPAC, que pidió al organismo revisar los padrones.
Seis mil seiscientas sesenta y siete cooperativas suspendidas en todo el país, 1.916 de ellas en territorio bonaerense y otras 299 intimadas: ese es el saldo de la Resolución 2076/26 del INAES que denunció el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El rechazo lo expresó Gildo Onorato, titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), el equivalente bonaerense del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). La norma suspende la autorización para funcionar de cooperativas y mutuales que no presentaron documentación asamblearia y estados contables.
El alcance de la resolución
El INAES determinó la suspensión de la autorización para funcionar de las cooperativas y mutuales que incumplieron con la presentación de la documentación asamblearia y de los estados contables correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 6 de agosto de 2026.
Según difundió un medio especializado, la medida alcanza a las entidades inscriptas hasta el 31 de diciembre de 2024 que no cumplieron con las obligaciones previstas en las leyes 20337, de cooperativas, y 20321, de mutuales, y en las normas complementarias del organismo.
Las entidades incluidas en los anexos I a VI de la resolución no podrán realizar trámites ante el INAES hasta que regularicen su situación. Además, el organismo dispuso la instrucción de sumarios administrativos por los incumplimientos detectados.
El rechazo de la Provincia
“Repudiamos la Resolución del INAES 2076/26, que suspende 6.667 cooperativas en todo el país. Esta resolución le impide trabajar al 40% de las cooperativas de la provincia de Buenos Aires”, alertó Onorato.
El funcionario bonaerense agregó: “Venimos haciendo un esfuerzo enorme desde la provincia de Buenos Aires para sostener las fuentes de trabajo que garantizan las cooperativas y hoy nos desayunamos con la suspensión de 1916 cooperativas y 299 cooperativas intimadas en la provincia de Buenos Aires”.
El reclamo apunta al impacto sobre el empleo en un contexto de crisis económica. “Tenemos que acompañar y sostener las fuentes de trabajo, no poner más palos en la rueda a los trabajadores en esta crisis económica”, sostuvo Onorato.
Finalmente, el titular del IPAC pidió una revisión: “Le pedimos al Inaes que revea los padrones de cooperativas publicados y la situación de las miles de entidades suspendidas”.
Los plazos para regularizar la documentación
La resolución establece plazos diferenciados para las cooperativas y mutuales que obtuvieron su personería jurídica durante 2023, 2024 y 2025 y que no presentaron la documentación requerida.
Las entidades constituidas en 2023 y 2024 deberán presentar la documentación asamblearia y los estados contables adeudados dentro de los 30 días hábiles administrativos. Las constituidas en 2025 tendrán 60 días hábiles administrativos para cumplir con esa obligación.
La discusión de fondo es cuánto pesa el cumplimiento formal frente a la continuidad de las fuentes de trabajo, el eje del reclamo bonaerense, que pide revisar los padrones antes de sostener la suspensión de miles de entidades.
Lo que tenés que saber:
- La Resolución 2076/26 del INAES suspende la autorización para funcionar de cooperativas y mutuales con documentación asamblearia y estados contables pendientes.
- El IPAC bonaerense, que conduce Gildo Onorato, denunció la suspensión de 6.667 cooperativas en todo el país.
- En la provincia de Buenos Aires hay 1.916 cooperativas suspendidas y 299 intimadas, según Onorato.
- Las entidades de los anexos I a VI no pueden realizar trámites ante el INAES hasta regularizar, y se instruyen sumarios administrativos.
- Las constituidas en 2023 y 2024 tienen 30 días hábiles administrativos para presentar la documentación; las de 2025, 60.
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