Educación
Docentes agotaron stock de computadoras en un día, pero desde Ctera exigen que se entreguen gratis
Los equipos fueron adquiridos con créditos de tasa del 12% por los docentes que perciben el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), algo que fue cuestionado desde el gremio.
Docentes de educación obligatoria y superior no universitaria agotaron en un día el stock de 25.000 computadoras, a las que accedieron con créditos a tasa subsidiada, según lo dispuesto tras un acuerdo entre el Gobierno nacional y las cámaras electrónicas, por lo que «en las próximas semanas» se renovará la disponibilidad de equipos, informó el Ministerio de Educación.
Los créditos fueron ofrecidos hace una semana a los docentes que perciben el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) para que puedan acceder a computadoras de largo alcance con tasa del 12% y un descuento del 20%, muy inferiores a las del mercado, para lo cual la cartera educativa invirtió 50 millones de pesos
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, destacó que “cuando comenzamos con el proyecto, nos encontramos con la dura realidad de que el sector productivo nacional de la electrónica estaba paralizado y no se encontraba stock disponible en el país».
«el éxito verificado en esta línea para docentes es el puntapié inicial para poner en marcha las capacidades del sector».
«Frente a esa situación, convocamos a las tres cámaras del sector y se articuló para que dispongan para el programa el máximo stock posible a la brevedad, que ascendió a 25 mil computadoras, aportando un descuento del 20% en el precio”, precisó el ministro.
La cartera educativa nacional destacó que de esta forma se pudo establecer «una plataforma que ponga en valor a este entramado productivo, generando casi 500 recontrataciones estimadas de cara al 2020 y hasta 1.200 en los próximos 18 meses». Ademas, detalló que «el éxito verificado en esta línea para docentes es el puntapié inicial para poner en marcha las capacidades del sector» electrónico.
Para CTERA el Estado debe proveer las computadoras gratis
«Ante el anuncio que realizará el Ministerio de Educación, de préstamos para adquirir computadoras, y los numerosos reclamos recibidos en los sindicatos docentes provinciales, desde CTERA sostenemos que es el Estado el que debe proveer en forma gratuita los insumos necesarios para que lxs docentes puedan realizar su trabajo en el marco de la pandemia», señala un comunicado firmado por secretaria general del gremio, Sonia Alesso, y el adjunto, Roberto Baradel.
La misiva también sostiene que durante el aislamiento «lxs docentes han realizado multiplicidad de trabajos, con un compromiso encomiable, sin contar en muchos casos con las herramientas necesarias». «Afirmamos que el Estado debe proporcionar esas herramientas en forma gratuita como CTERA lo ha manifestado en diversas reuniones con el Ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación ante las Ministras y Ministros de Educación provinciales», concluye.
CABA
Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri
El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.
El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.
Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.
Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.
El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.
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