La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), junto con organizaciones sociales, marcharon hoy por las calles céntricas de la capital provincial para exigir justicia y escuelas seguras al cumplirse dos años de la explosión en la escuela albergue 144 del paraje Aguada San Roque, que causó la muerte de tres personas.

La movilización, donde se recordó a la docente Mónica Jara y a los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi que fallecieron por la explosión, fue acompañada por un paro de 24 horas convocado por el gremio docente.

En el acto, realizado este mediodía en las puertas de la Casa de Gobierno, las secretarias generales de Añelo-Chihuidos-San Roque y Cutral Có-Plaza Huincul, leyeron un documento en representación de la ATEN en el que hicieron una reseña de lo sucedido y exigieron “justicia para Mónica, Mariano y Nicolás”.

Además, repudiaron “las conductas negligentes y vinculadas a la corrupción de quienes no garantizaron una institución segura”, y expresaron su acompañamiento a las familias de las víctimas.

Por último, ratificaron “el compromiso como organización de sostener política y judicialmente todas las acciones necesarias tanto para la obtención de justicia en el juicio, que debe realizarse no más allá del inicio del próximo año, como para lograr el cumplimiento del derecho a habitar establecimientos donde esté garantizado un espacio seguro”.

La explosión en la escuela del paraje Aguada San Roque, ubicado a 58 kilómetros de la ciudad de Añelo, ocurrió el 29 de junio de 2021 a partir de las tareas en la instalación de gas que realizaron el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal, ese día a las 13.50 los dos operarios se dirigieron con la docente Jara a un sector del albergue destinado a las niñas y se produjo la explosión.

Esto provocó la muerte inmediata de Francés y Spinedi, mientras que trece días después la docente falleció en un centro de salud especializado de la ciudad de Mendoza al que había sido trasladada con más del 90% de la superficie corporal quemada y con compromisos de la vía aérea y del pulmón.

La investigación judicial determinó las imputaciones por distintos delitos penales de diez personas, siete de las cuales son funcionarios públicos que continúan en sus cargos.