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Educación

Paro docente: ¿Dónde arrancan las clases el lunes?

De acuerdo al calendario escolar oficial, las jurisdicciones que darán el puntapié inicial del ciclo lectivo son CABA, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

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Miles de estudiantes comenzarán este lunes el ciclo lectivo 2024 en escuelas de la ciudad de Buenos Aires y siete provincias, en un escenario marcado por el paro con movilización convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) en reclamo de la paritaria nacional y en rechazo de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y que impactará en los diferentes distritos con las demandas específicas de sindicatos locales.

De acuerdo al calendario escolar oficial, las jurisdicciones que darán el puntapié inicial del ciclo lectivo son CABA, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

Las escuelas de La Rioja, en tanto, comenzarán las clases el martes; en Santa Cruz iniciarán el jueves y el viernes 1 lo harán Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán.

El calendario se completará con el inicio de clases el lunes 4 en Chaco, Chubut, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca y Neuquén a las que se sumaron Jujuy y Salta, que en realidad iban a empezar este lunes pero aplazaron la fecha.

Por su parte, Río Negro comenzarán su ciclo lectivo el 11 de marzo, tras un periodo de intensificación desarrollado del 14 al 26 de febrero, se informó oficialmente.

En la Ciudad de Buenos Aires, donde algunos gremios docentes adhieren al paro de Ctera, un total de 745.000 estudiantes tienen previsto comenzar un nuevo ciclo lectivo en las 1.247 escuelas de gestión estatal y 1.487 privadas del distrito, según los datos brindados por el Ministerio de Educación porteño.

El lunes se dará inicio a las clases en los niveles inicial y primario y el lunes 4 de marzo será el caso del nivel secundario.

En tanto, los estudiantes de primer año de secundario de escuelas de gestión estatal iniciaron las clases el pasado 19 de febrero para cursar el Trayecto de Articulación entre Primaria y Secundaria.

Las vacaciones de invierno tendrán lugar entre el 15 y 26 de julio, indicaron.

En tanto, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), que nuclea a los docentes estatales, decidió «ir al paro nacional y movilización el lunes», mientras que los sindicatos de docentes privados desarrollarán actividad normal.

Franco Boczkowski, dirigente de UEPC, argumentó que además de adherir al «rechazo y repudio al terrible ajuste nacional», se suman los de la provincia, que «recorta los salarios docentes al no cumplir con los acuerdos paritarios» de la anterior gestión, y advirtió que el gobernador Martín Llaryora «pretende sostener un salario por debajo de la línea de pobreza».

El miércoles el gremio hará una asamblea para resolver sobre la propuesta que contiene el cierre de la paritaria 2023 y los primeros tres meses de la de 2024 (febrero, marzo y abril).

En Santa Fe, los sindicatos de docentes estatales (AMSAFE) y privados (SADOP) anunciaron que no comenzarán las clases este lunes –como estaba previsto-, al rechazar el incremento salarial propuesto por el gobierno de Maximiliano Pullaro del 7 por ciento a partir de marzo.

El secretario general de AMSAFE-Rosario, Juan Pablo Casiello, dijo que “la Asamblea manifestó un fuerte rechazo” a la oferta salarial y “el lunes las clases no comenzarán en Santa Fe”, en tanto remarcó que seguirá un plan de lucha con paros activos la semana próxima.

Similar postura de «rechazo» a la oferta salarial con paro y movilización a partir de la próxima semana adoptó el sindicato que nuclea a los docentes privados.

También en Corrientes los gremios docentes convocaron a un paro de actividades en el inicio del ciclo lectivo, al considerar que el Gobierno provincial «no ofreció una propuesta salarial satisfactoria». Las autoridades ofrecieron un piso salarial de 352 mil pesos a partir de marzo y la continuidad del Fonid (suspendido por Nación) con recursos provinciales.

El titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), Fernando Ramírez, señaló que «no hubo oferta que compense la pérdida de más del 50 por ciento del salario docente por la devaluación y la inflación en diciembre, enero y febrero».

En similar sentido, el secretario General de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), José Gea, dijo hoy que «necesitamos una propuesta superadora. El reclamo sigue siendo mejorar el salario básico, porque si siguen colocando cifras en negro, la carrera docente se va achatando».

También adhiere al paro la Asociación de Maestros de Enseñanza Técnica (AMET).

Por su parte, en Mendoza el Gobierno provincial y los gremios docentes llegaron días atrás a un acuerdo salarial, aunque desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Sute) adelantaron que el lunes adherirán a la medida de fuerza nacional con una movilización por la tarde hacia la Legislatura.

Carina Sedano, secretaria general de Sute, consideró que «no va a ser un inicio de clases tranquilo y con normalidad».

El Sute aceptó la propuesta realizada por el Ejecutivo provincial de un bono de 90.000 pesos para febrero y aumentos del 15% para febrero y 15 % en marzo, respectivamente.

Según el calendario de la Dirección General de Escuelas (DGE) mendocina, este lunes inician las clases estudiantes del nivel primario y el miércoles el secundario. El receso invernal será del 8 al 21 de julio.

En la vecina San Luis, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) realizará un paro y se unirá a la movilización que por la tarde realizará también la Asociación Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET); Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE); el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP); y la Unión de Trabajadores de la Educación Pública (UTEP) en la ciudad capital, Villa Mercedes y Merlo.

El secretario general de UDA-San Luis, Jorge Lazarini, dijo a Télam que la huelga se decidió luego de «haber agotado los canales de diálogo con el gobierno provincial en el contexto de una escalada inflacionaria desmedida que afecta al sector».

Por su parte, Soledad Correa Amiotti, secretaria general de UTEP, advirtió a Télam que «tenemos el pago del salario en cuotas que afecta prioritariamente a las maestras de grado» por lo que «hemos pedido al Gobierno provincial que llame urgente a una mesa de discusión sobre lo que aún no hay repuesta alguna».

El calendario provincial establece que las clases para los niveles inicial, primario y secundario se extenderán desde este lunes al 19 de diciembre.

En Formosa, el gobernador Gildo Insfrán inaugurará el lunes el ciclo lectivo en una escuela del Departamento Laishí, mientras que el gremio provincial Docentes Autoconvocados anunció la adhesión al paro de CTERA «pero llevando nuestro reclamo provincial y exigiendo a las centrales y gremios nacionales continuidad a las acciones de lucha».

En un comunicado informaron que el próximo lunes se convocaran desde las 9 en la plaza San Martin en la capital norteña «para llevar a Gildo (Insfrán) el reclamo provincial».

DDHH

A 50 años de La Noche de los Lápices: el boleto estudiantil y la Justicia que tardó décadas

Los reclamos que movilizaron a los estudiantes secundarios en 1976 siguen teniendo una dimensión concreta en el presente: acceder a la educación también implica poder llegar a la escuela. Mientras persisten las dificultades para garantizar el boleto estudiantil, la Justicia continúa reconstruyendo los crímenes de la dictadura y recién en 2024 reconoció la violencia sexual sufrida por las adolescentes secuestradas.

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El 16 de septiembre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, las fuerzas represivas secuestraron en La Plata a diez estudiantes secundarios que militaban por el Boleto Estudiantil Secundario (BES). Cuatro fueron liberados y el resto continúa desaparecido. El episodio quedó en la memoria colectiva como La Noche de los Lápices.

A 50 años de aquellos secuestros, el reclamo por el acceso a la educación conserva una dimensión concreta: el costo y las condiciones para llegar a una escuela. En un contexto de crisis económica y aumento de las tarifas del transporte, los centros de estudiantes advierten sobre las dificultades que existen actualmente para acceder y sostener el boleto estudiantil.

Al mismo tiempo, los juicios por los crímenes de lesa humanidad siguen reconstruyendo aspectos de la violencia ejercida contra aquellos jóvenes. En 2024, casi cinco décadas después de los secuestros, un tribunal de La Plata reconoció judicialmente la violencia sexual utilizada contra las estudiantes.

El boleto estudiantil, una conquista que todavía genera reclamos

La gratuidad del transporte para estudiantes tiene distintas modalidades según la jurisdicción. Sin embargo, los centros de estudiantes señalan que las diferencias entre CABA y la Provincia de Buenos Aires, sumadas a la burocracia y a las restricciones del beneficio, pueden convertirse en obstáculos para quienes necesitan trasladarse diariamente para estudiar.

Uno de los problemas señalados aparece en los estudiantes que viven en el conurbano bonaerense y cursan en la Ciudad. Las líneas nacionales, identificadas entre los números 1 y 199, atraviesan distintas jurisdicciones, pero los sistemas de boleto estudiantil no siempre están articulados.

«Nos ha pasado en varias ocasiones que como preuniversitarios nos inhabilitaron la SUBE y tuvimos que ir a activarla sacando turno. Tengo amigas que viven en PBA y cursan en Capital y no se les concede el boleto estudiantil», explicó «Malu», integrante del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires (Cenba).

La dificultad no se limita a un trámite. Cuando el beneficio no alcanza para todo el recorrido, el costo del traslado queda nuevamente a cargo de las familias.

Más de $4.500 diarios para llegar a estudiar

De acuerdo con los valores relevados, el cuadro tarifario bonaerense parte de $1.158,97 para el tramo de 0 a 3 kilómetros y supera los $2.053,54 para recorridos de más de 27 kilómetros.

A esos valores se agregan tramos interurbanos de entre $1.455,58 y $1.746,70, además de combinaciones que pueden quedar fuera de los descuentos.

Según la fuente, un estudiante que viaja desde la Provincia hacia la Capital puede gastar más de $4.500 diarios solamente en transporte.

En ese escenario, la posibilidad de acceder a un boleto gratuito no representa solamente una reducción del gasto familiar, sino una condición que puede incidir en la posibilidad concreta de asistir a clases.

El límite de 50 viajes y los estudiantes que necesitan viajar los sábados

Los centros de estudiantes también cuestionan el límite de 50 viajes mensuales, habilitados para días hábiles.

La cantidad puede resultar insuficiente para quienes deben combinar dos o tres colectivos para llegar a la escuela. También genera dificultades para estudiantes que concurren los sábados a instancias educativas o de evaluación.

Entre los casos de cursada en fin de semana, aparece la Escuela Superior Artística en Artes Visuales «Rogelio Yrurtia», cuyos estudiantes pueden asistir los sábados a los Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE).

De esta manera, una restricción pensada sobre la base de una determinada rutina escolar puede no contemplar las distintas modalidades de cursada que existen dentro del sistema educativo.

Cinco faltas injustificadas y la suspensión del beneficio

Otra de las cuestiones señaladas por los estudiantes es la vinculación entre la asistencia escolar y la continuidad del boleto estudiantil en la Ciudad.

Las modificaciones implementadas por el Gobierno porteño establecen un límite de cinco faltas injustificadas por bimestre. Al perderse la regularidad, se suspende el beneficio del transporte y también pueden pausarse determinadas becas.

«El GCBA modifica el acceso y nos limita a 5 faltas injustificadas por bimestre. Al perder la regularidad, pausan el boleto estudiantil y cualquier beca familiar. Esto dificulta el acceso a la educación a familias de clase baja», sostuvo Eli Cochero, vocero del Centro de Estudiantes del Yrurtia (CEBARY).

Quiénes acceden al boleto estudiantil

En CABA, el beneficio alcanza a estudiantes de Nivel Inicial, Primario y Secundario de escuelas estatales y de instituciones privadas subvencionadas al 100%, con cuota cero. También comprende a estudiantes de Educación Especial, Centros de Educación Profesional y personas adultas que completan su escolaridad.

En la Provincia de Buenos Aires, el boleto estudiantil alcanza a los niveles obligatorios de instituciones de gestión pública y privada con aporte estatal. También se extiende al Nivel Terciario y Universitario de instituciones públicas que cumplen con los requisitos de regularidad académica y distancia mínima.

Las condiciones, por lo tanto, no son idénticas en ambas jurisdicciones. Para quienes viven en una y estudian en la otra, esa diferencia puede traducirse en mayores dificultades para sostener el traslado cotidiano.

La otra deuda: reconocer toda la violencia sufrida

La historia de La Noche de los Lápices también continúa abierta en los tribunales.

Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de las 361 sentencias por crímenes de lesa humanidad dictadas desde 2006 hasta marzo de 2026, solo el 17% reconoció violencia sexual.

En el caso de las estudiantes secuestradas en La Plata, el reconocimiento llegó en 2024, después de tres años y cinco meses de audiencias en el juicio Brigadas.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata declaró culpables a los diez represores que llegaron a juicio por delitos cometidos contra 605 personas, entre ellos por «abuso sexual con acceso carnal».

La sentencia permitió incorporar judicialmente una dimensión de la violencia represiva que durante décadas permaneció fuera de las condenas.

Los testimonios que permitieron reconstruir los abusos

Uno de los testimonios centrales fue el de Pablo Díaz, sobreviviente de La Noche de los Lápices.

Durante el Juicio a las Juntas de 1985, Díaz declaró que había visto cómo guardias manoseaban a María Clara Ciocchini, de 18 años, en el Pozo de Banfield. También relató que María Claudia Falcone, de 16 años, le había contado que había sido violada.

Ambas permanecen desaparecidas. Décadas después, los hechos fueron reconocidos en el juicio Brigadas.

Por qué la violencia sexual tardó décadas en llegar a las condenas

La fiscal Ana Oberlin explicó que uno de los obstáculos estuvo relacionado con la etapa de instrucción de las causas.

Cuando la violencia sexual no era incorporada durante la investigación inicial, su inclusión en el juicio oral podía resultar difícil. En La Plata, explicó Oberlin, comenzó a admitirse una ampliación durante el debate cuando la víctima ya llegaba al juicio por otros delitos, como tormentos u homicidios.

«Antes, esos delitos, como no habían sido imputados en la etapa de la instrucción, cuando se llegaba al juicio oral no se los podía incluir. Pero en La Plata, ya desde hace un tiempo, cuando el caso de la persona violada o abusada llegó a juicio oral por tormentos, homicidios u otros delitos se hace una ampliación en el debate oral, se acepta y logramos que se condene», explicó la fiscal.

El fallo Martel y la perspectiva de género

Otro antecedente señalado por la fiscal fue el fallo «Martel, Osvaldo Benito y otros», de 2022, de la Corte Suprema.

La discusión judicial durante años estuvo relacionada con la posibilidad de responsabilizar penalmente no solo a quienes ejecutaban directamente la violencia sexual, sino también a quienes realizaban otros aportes a la comisión del delito.

La Corte estableció que no era necesaria la intervención directa para considerar la participación en esos hechos.

Además, los jueces sostuvieron que el Estado argentino tiene el deber de investigar y sancionar las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y señalaron la necesidad de juzgar estos hechos con perspectiva de género, en línea con los compromisos asumidos por la Argentina en la Convención de Belém do Pará.

A 50 años, una lucha que sigue presente

La Noche de los Lápices quedó asociada para siempre a una generación de estudiantes que reclamaba algo tan concreto como poder trasladarse hasta la escuela sin que el costo del boleto fuera una barrera.

Medio siglo después, ese derecho continúa atravesado por las condiciones económicas, las diferencias entre jurisdicciones, los límites de viajes y los requisitos de regularidad.

En paralelo, la Justicia todavía avanza sobre aspectos de aquellos crímenes que durante décadas no fueron reconocidos en las sentencias. La incorporación de la violencia sexual a las condenas permitió ampliar la reconstrucción de lo ocurrido con las estudiantes secuestradas.

El reclamo por el boleto estudiantil y la búsqueda de verdad y justicia forman parte, desde distintas dimensiones, de una misma memoria: la de una generación de jóvenes que convirtió el derecho a estudiar en una bandera y que fue perseguida por hacerlo.

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