Educación
Roberto Gallo: ”No hay «grieta» entre los argentinos en la defensa de la educación pública“
El Rector de la Universidad Nacional del Oeste, sostuvo que con el recorte presupuestario pueden seguir funcionando a lo sumo hasta septiembre próximo.
El rector de la Universidad Nacional del Oeste (UNO), Roberto Gallo, consideró que con el
actual nivel presupuestario, en medio del fuerte incrementos de gastos, las casas de altos estudios pueden seguir funcionando a lo sumo hasta septiembre próximo.
«En las 62 universidades la situación es la misma. A algunas universidades les puede alcanzar hasta junio, a otras hasta agosto y a otras hasta septiembre», sostuvo el rector del establecimiento que tiene su sede en la localidad bonaerense de San Antonio de Padua, en el partido de Merlo.
Gallo, al igual que otros rectores, recordó que el Gobierno ofreció un 140 por ciento de aumento en el presupuesto, en dos cuotas de 70, pero el mismo es sobre «los gastos de funcionamiento», un rubro que abarca un diez por ciento del gasto de las universidades.
«Ese 70 por ciento, que no alcanza para paliar la situación, todavía no vino», advirtió en diálogo con FM Bunker, de Merlo.
Gallo sostuvo que funcionar con el mismo presupuesto que el año pasado, con un crecimiento de los gastos en el orden del 300 por ciento, implica problemas en varios rubros, como la conformación de equipos de investigadores.
«Cuesta mucho conformar equipos de investigadores, sin tener la previsibilidad que tienen otros países. Lo que en definitiva derivaría en que emigren», advirtió, mientras que sostuvo que muchos docentes están trabajando ad honorem.
Mientras indicó que todos los rectores estarán en la marcha en defensa de la educación y la universidad pública, la cual se realizará este martes, aseguró que en esa consigna «no hay grieta entre los argentinos».
«Todos defendemos la universidad pública. Hay algo en lo cual que no hay grieta entre los argentinos», dijo en ese sentido.
Educación
Marcha de las velas: la UBA reclamó el cumplimiento de la ley de financiamiento
Docentes, no docentes y estudiantes marcharon de Plaza Houssay a Tribunales con velas encendidas. La ley fue aprobada con dos tercios, el Gobierno la condicionó por decreto y la Justicia declaró inconstitucional ese decreto.
Docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires marcharon desde Plaza Houssay hasta el Palacio de Tribunales con velas encendidas para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno nacional no aplica desde hace más de un año. La Marcha de las Velas terminó con una clase pública de Derecho Constitucional frente a la sede de la Justicia y con el himno nacional cantado por los manifestantes.
La convocatoria la encabezaron los gremios ADUBA, APUBA y FUBA. En un comunicado, la universidad sostuvo que el Ejecutivo desconoce «todas las instancias legislativas y judiciales que la avalan». La clase pública estuvo a cargo del profesor Christian Cao y del abogado constitucionalista Pablo Luis Manilli.
Una ley aprobada, vetada y otra vez aprobada
El Congreso aprobó la ley y la ratificó con los dos tercios de ambas cámaras, que anularon el veto presidencial inicial. El Ejecutivo la promulgó mediante el Decreto 759/2025, pero supeditó su aplicación a que el Parlamento definiera las fuentes de financiamiento y asignara las partidas en el Presupuesto. La Justicia declaró inconstitucional ese decreto y ordenó cumplimiento inmediato para la actualización salarial de docentes y no docentes y el refuerzo de becas estudiantiles.
El fuero Contencioso Administrativo falló en contra del Gobierno, que presentó recursos de apelación para no aplicar la norma. El argumento oficial es la falta de previsión presupuestaria y el impacto fiscal negativo.
Lo que tenés que saber:
- ADUBA, APUBA y FUBA encabezaron la Marcha de las Velas desde Plaza Houssay hasta Tribunales.
- El reclamo es por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
- El Congreso aprobó la ley con dos tercios y anuló el veto presidencial.
- El Decreto 759/2025 condicionó la aplicación de la norma y la Justicia lo declaró inconstitucional.
- El Gobierno apeló los fallos para no aplicar la ley.
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