La academia en éxodo: más de 10 docentes universitarios renuncian por día

La comunidad académica argentina eligió el 15 de mayo, Día del Docente Universitario, para volver a poner en el centro del debate la crisis estructural que atraviesa el sistema universitario público.

Lejos de los anuncios oficiales de «equilibrio macroeconómico», la realidad de más de 60 universidades nacionales distribuidas en todo el territorio revela un desmantelamiento sistemático que sus propios protagonistas describen, sin eufemismos, como un plan deliberado.

«Un plan de destrucción por goteo»

Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Químicas y docente con 15 años de experiencia en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), cuantificó el fenómeno con datos concretos: entre 10 y 12 docentes renuncian por día a nivel nacional. La causa es, en todos los casos, la misma: la imposibilidad de sostenerse económicamente con los ingresos que ofrece la actividad académica.

Para Quiroga, la situación no es producto de la inercia ni de una mala coyuntura. «El Gobierno está poniendo excusas para no cumplir la ley porque efectivamente lo que buscan, creo, es un plan de destrucción de las universidades nacionales por goteo«, declaró el investigador. En esa línea, advirtió que son los propios docentes quienes vienen subsidiando el déficit de financiamiento con mayor dedicación personal, aunque ese esfuerzo tiene un límite humano y económico infranqueable.

El cargo docente más bajo del sistema universitario nacional, el de Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación simple, percibe actualmente apenas 260.000 pesos mensuales, una cifra que, en la Argentina de mayo de 2026, no alcanza siquiera para cubrir los gastos de transporte y alimentación necesarios para asistir al trabajo.

El peor momento en décadas

Pablo Bolcatto, doctor en Física y profesor con 38 años de trayectoria en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), describió el presente como «el peor momento de mi vida profesional«. El testimonio de Bolcatto permite comprender la dimensión humana de una crisis que las estadísticas no alcanzan a capturar por sí solas.

«Ahora lo que se está dando es que un investigador o un profesor lo que hace es hacer Uber o empezar a vender empanadas», señaló Bolcatto, en alusión directa al fenómeno de pluriempleo al que se ven empujados quienes eligieron la docencia universitaria como vocación. Para este profesor, la elección de seguir en las aulas es un acto de convicción: «dar clases es una vocación; de enseñar, transmitir conocimiento y correr la frontera un poquito más allá», en referencia a la actividad científica que la crisis también amenaza.

La actitud del Gobierno Nacional fue caracterizada por Bolcatto como «profundamente ideológica», lo que para el docente explica la persistencia de la crisis más allá de cualquier argumento técnico.

Los números del desmantelamiento

Los datos recopilados por el grupo EPC y difundidos por Quiroga en redes sociales trazan un mapa preciso del ajuste:

• Las universidades nacionales acumulan una caída presupuestaria del 37,3% desde diciembre de 2023.
• En 2026 se proyecta el presupuesto universitario más bajo desde 1989 en relación al PBI, con apenas el 0,428%.
• Los salarios docentes perdieron 33,7 puntos de poder adquisitivo desde noviembre de 2023, acumulando 17 meses consecutivos de caída.
• Días antes de la última Marcha Federal Universitaria, el Gobierno recortó más de 5.300 millones de pesos destinados a infraestructura en la UNLP, UNSAM, UNL y UNNE, entre otras casas de altos estudios.
• El salario real docente es actualmente más bajo que el que tenían en la poscrisis de 2001.

Estas cifras se inscriben en un contexto más amplio que ya documentamos en esta redacción: desde el inicio de la gestión libertaria, las transferencias a universidades acumularon un recorte real superior al 20%, según datos del Foro Economía y Trabajo; y el propio organismo de verificación Chequeado señaló que el financiamiento universitario sufrió recortes reales de hasta el 31,6% en los primeros tramos de la gestión Milei.

Un dato adicional que aporta dimensión social al conflicto: según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), dos tercios de los estudiantes de la universidad pública pertenecen al 60% más pobre de la sociedad. El ajuste sobre la educación superior no golpea a una élite; golpea, en su inmensa mayoría, a los sectores populares.

La ley existe, el Gobierno no la cumple

El reclamo del sector docente tiene un núcleo jurídico concreto: la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya vigencia los propios tribunales ratificaron con fallos favorables al sector. Si esa norma se aplicara, un docente que hoy cobra 260.000 pesos pasaría a percibir 400.000 pesos, lo que equivaldría a pasar de 6.800 pesos a 10.200 pesos por hora de clase, según los cálculos difundidos por Quiroga.

Frente a las excusas esgrimidas por la administración Milei, como la exigencia de auditorías previas a cualquier recomposición salarial, Quiroga recordó que las auditorías ya existen y funcionan: las facultades de Económicas, Derecho y Medicina de la UBA fueron auditadas en 2024 y sus informes aprobados por unanimidad. Además, «muchas otras universidades firmaron convenios con SIGEN», precisó el investigador.

El argumento del cobro de aranceles a estudiantes extranjeros también fue desactivado con datos: los estudiantes extranjeros representan aproximadamente 83.000 personas, apenas el 4% de la matrícula total. La cifra es marginal frente al déficit estructural de financiamiento.

Un punto central que los propios docentes subrayan para despejar confusiones es el siguiente: no son las universidades las que pagan los sueldos, sino el Estado Nacional. Y los salarios representan el 90% del presupuesto total de las universidades. Quien decide los aumentos, quien los frena, es el Gobierno de Javier Milei.