Educación
La UBA abre sus puertas al paro: la grieta que divide a docentes y conducción universitaria
El vicerrector Emiliano Yacobitti anunció que la UBA funcionará con normalidad este miércoles, durante el paro nacional convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, dejando la adhesión a criterio de cada trabajador. Los gremios lo cuestionaron con dureza y anticiparon que la semana próxima habrá otro paro que se extenderá de lunes a sábado.
En el mismo momento en que el movimiento sindical universitario endurece sus posiciones frente al desfinanciamiento crónico impuesto por la gestión de Javier Milei, la conducción de la Universidad de Buenos Aires (UBA) eligió una salida que sus propios gremios calificaron como una traición al derecho de huelga. El vicerrector Emiliano Yacobitti informó que «las puertas de la UBA estarán abiertas» durante el paro nacional de este miércoles, convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, y delegó en cada docente y no docente la decisión de adherir o no a la medida.
Un paro que la conducción no acompaña
El Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó el cese de actividades con un mandato claro: no habrá clases presenciales ni virtuales. Los reclamos centrales son la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial urgente para docentes y no docentes que acumulan meses de pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.
Yacobitti, sin embargo, tomó una postura que tensiona la relación entre la rectoría y los gremios: sostuvo que los paros prolongados o por tiempo indefinido no son «el camino» para reclamar mejoras salariales, y que las clases deben darse con normalidad porque las interrupciones perjudican el funcionamiento de la institución. Esa lógica, trasladada al aula, se tradujo en dejar a criterio de cada cátedra el cumplimiento de la medida de fuerza.
Los gremios responden: «Ataca el derecho a huelga»
Las federaciones y sindicatos universitarios no tardaron en responder. La acusación central que lanzaron contra Yacobitti fue doble: por un lado, lo señalaron como un funcionario que «ataca el derecho a huelga»; por otro, le recriminaron no haberse ocupado de los bajos salarios ni de la persistencia de cargos ad honorem, una práctica que expresa con crudeza el nivel de precarización al que el sistema universitario fue arrastrado por el ajuste. Los gremios también informaron que el conflicto no se cierra con este paro: la semana próxima habrá una nueva medida de fuerza que comenzará el lunes 18 de agosto y se extenderá hasta el sábado 22.
Yacobitti critica al Gobierno pero pide no parar
La posición del vicerrector no es de complicidad con la gestión libertaria; de hecho, Yacobitti se pronunció en reiteradas oportunidades a favor de la aplicación «de forma inmediata» de la Ley de Financiamiento Universitario, señaló los fallos judiciales que amparan el presupuesto universitario y afirmó que las políticas de ajuste del Gobierno Nacional «buscan desfinanciar el sistema y vaciar la educación pública». La contradicción es, entonces, estructural: un dirigente que denuncia el vaciamiento pero pide a quienes lo padecen que no paren.
Ese doble discurso fue el blanco predilecto de la crítica sindical. Para los gremios, no alcanza con compartir el diagnóstico si la conducción universitaria no acompaña las herramientas de presión que los trabajadores tienen para hacerlo valer.
El Gobierno responde: «Las transferencias están al día»
Desde el Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Pettovello, salieron a cuestionar la medida de fuerza y la calificaron de «política e ilegítima». El argumento oficial fue que «las transferencias están al día» conforme a los acuerdos previos, y anunciaron que convocaron a una reunión paritaria para el 1° de septiembre. La respuesta del movimiento sindical universitario fue contundente: señalaron que el cese de tareas es la consecuencia directa de «la falta de respuesta» del Poder Ejecutivo y del «sostenido ahogo presupuestario» que viene recortando recursos de manera real desde el inicio de la gestión.
El contexto no es menor. La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso, vetada por Milei, y su veto fue rechazado por la misma Cámara. Sin embargo, la Justicia suspendió su aplicación y la Corte Suprema deberá definir el futuro de la norma. En ese limbo judicial, el Ejecutivo se escuda en la «escasez presupuestaria» para justificar su incumplimiento, mientras el sistema universitario acumula una caída real del financiamiento que ya representa décadas de retroceso.
Puntos clave
- El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, informó que la universidad permanecerá abierta durante el paro del miércoles 13 de agosto, dejando la adhesión a criterio individual de cada trabajador.
- El Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó el cese de actividades exigiendo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial urgente.
- Los gremios universitarios acusaron a Yacobitti de «atacar el derecho a huelga» y de ignorar el problema de los cargos ad honorem y los bajos salarios.
- El Ministerio de Capital Humano calificó la medida de «política e ilegítima» y convocó a una reunión paritaria para el 1° de septiembre.
- Los sindicatos anticiparon un nuevo paro nacional que abarcará toda la semana del 18 al 22 de agosto.
Educación
AMET llevará al Congreso el reclamo por los fondos para la educación técnica
El sindicato anunció un petitorio federal para que el Presupuesto 2027 restituya el financiamiento que sostenía talleres, laboratorios y capacitación docente.
La educación técnica perdió el piso nacional de financiamiento que respaldaba el equipamiento de talleres y laboratorios. La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) anunció que llevará al Congreso un petitorio federal para recuperar esos recursos en el debate del Presupuesto 2027.
Rufino Fernández, secretario general nacional del gremio, advirtió que la derogación complicó la compra de insumos, la incorporación de maquinaria y el sostenimiento de las prácticas. El sindicato estimó que el cambio alcanzó a unos 3.800 establecimientos y a aproximadamente 110.000 docentes.
El fondo que eliminó el Presupuesto 2026
El artículo 52 de la Ley 26.058 creó un fondo específico para la educación técnico-profesional. Según el gremio, ese artículo quedó sin efecto en el Presupuesto 2026.
El reclamo abarcó a secundarias técnicas, agrotécnicas, institutos superiores y centros de formación profesional. Fernández responsabilizó a los legisladores de La Libertad Avanza por los votos que, según el gremio, permitieron eliminar el fondo.
Un reclamo federal por talleres e insumos
AMET informó que reunió firmas en todas las provincias y que reforzó los contactos con bloques de ambas cámaras. AMET presentará el petitorio ante el Congreso el jueves 25.
El sindicato también pidió partidas extraordinarias de las provincias para sostener los talleres mientras se discute el presupuesto nacional. El reclamo ante el Congreso apunta a restablecer una fuente común para una red de escuelas que necesita equipamiento e insumos para la enseñanza práctica.
Lo que tenés que saber
- El Presupuesto 2026 dejó sin efecto el artículo 52 de la Ley 26.058, que creaba el fondo.
- AMET anunció un petitorio para el debate del Presupuesto 2027.
- El sindicato pidió además partidas extraordinarias a las provincias.
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