Lo que tenés que saber:

• Paro confirmado: Docentes y no docentes suspenderán actividades el 17 y 18 de marzo en reclamo de mejoras salariales.
• Rechazo a los aumentos oficiales: El Gobierno otorgó incrementos por decreto del 1.5% en enero y 1.2% en febrero, muy por debajo de la inflación.
• Pérdida del poder adquisitivo: Los gremios denuncian un deterioro salarial del 40% y advierten que la situación es insostenible.
• Preocupación por el presupuesto: Las universidades operan con fondos prorrogados de 2023, lo que compromete su funcionamiento.
• Unidad en la protesta: Sindicatos, rectorados y estudiantes evalúan nuevas medidas para visibilizar la crisis.

Docentes y no docentes paran 48 horas en respuesta a la falta de diálogo

Los gremios universitarios anunciaron un paro de 48 horas para los días 17 y 18 de marzo, en reclamo de una recomposición salarial urgente y en protesta por la ausencia de negociaciones paritarias. La medida involucra a docentes y personal administrativo, quienes denuncian que los aumentos salariales otorgados por el Gobierno no alcanzan para compensar la inflación.

El Frente Sindical Universitario, integrado por CONADU, CONADU Histórica, Fedun, Ctera, Fagdut, Fatun y UDA, resolvió iniciar un plan de lucha luego de constatar que el Gobierno mantiene su postura de fijar incrementos por decreto. En enero y febrero, los aumentos fueron del 1.5% y 1.2%, respectivamente, cifras que los sindicatos consideran insuficientes frente a la pérdida del 40% del poder adquisitivo.

Los gremios exigen respuestas y advierten sobre el impacto en la educación

“La situación no mejoró en absoluto con respecto al año pasado”, afirmó Carlos De Feo, secretario general de CONADU. Según el dirigente, la falta de diálogo con el Ministerio de Capital Humano y la negativa del Gobierno a convocar paritarias agravan el deterioro de los salarios universitarios.

Por su parte, Francisca Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, cuestionó el trato igualitario entre los salarios docentes y estatales sin considerar las particularidades del sector. “Nos igualan con los salarios estatales, pero eso no quiere decir que tengamos las mismas condiciones de trabajo”, señaló.

El conflicto no se limita únicamente a los salarios. También preocupa la asignación presupuestaria para el funcionamiento de las universidades, que continúa con los mismos valores de 2023. Esta situación afecta desde el mantenimiento edilicio hasta la provisión de insumos básicos para la enseñanza.

Estudiantes y rectorados se suman al reclamo

Los gremios universitarios buscan sostener la unidad alcanzada en 2024, cuando las protestas reunieron a sindicatos, rectorados y estudiantes en movilizaciones masivas. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) ya manifestaron su preocupación y podrían sumarse a nuevas acciones en las próximas semanas.

“El año será tranquilo solo si el Gobierno define un camino de recomposición salarial”, advirtió Víctor Moriñigo, director del CIN. Además, alertó sobre la incertidumbre presupuestaria que enfrentan las universidades: “Es muy complicado funcionar así porque tenemos antigüedades que van subiendo mes a mes, que no nos la reconocen, y además tenemos el inconveniente de que el disponible para gastos de funcionamiento ha bajado”.

Desde la FUA, Joaquín Carvalho remarcó la importancia de mantener el frente común en defensa de la educación pública. “La más amplia unidad es lo mejor para que la universidad tenga un presupuesto acorde y los trabajadores reciban salarios justos”, afirmó.

Un conflicto universitario que puede escalar

Si el Gobierno no ofrece soluciones concretas, el conflicto podría extenderse a lo largo de 2025, con medidas de fuerza progresivas y movilizaciones en todo el país. Los sindicatos insisten en que la crisis salarial y presupuestaria pone en riesgo la calidad educativa, ya que cada vez más docentes abandonan las universidades en busca de mejores condiciones laborales en otros sectores.

Las próximas semanas serán clave para determinar si el Ejecutivo cede ante la presión de la comunidad universitaria o si el conflicto escala a niveles similares a los de 2024, cuando se registraron tomas y protestas multitudinarias.