La comunidad universitaria celebró el fallo de la Corte Suprema que ratificó la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con los artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso tras el rechazo al veto del presidente Javier Milei.

La resolución del máximo tribunal, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó un planteo presentado por el Poder Ejecutivo al considerar que no existía una sentencia definitiva para habilitar la intervención de la Corte. De esta manera, quedó firme la cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la norma, vinculados a la actualización de los salarios docentes y no docentes y al financiamiento de programas destinados a los estudiantes.

«Lo esperábamos con ansias»

Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) calificaron la decisión judicial como un paso fundamental en la defensa de la universidad pública.

La secretaria general del gremio, Clara Chevalier, sostuvo que el fallo era esperado por toda la comunidad educativa y cuestionó la postura del Gobierno nacional.

«La comunidad esperaba este fallo con ansias. El Gobierno decidió tomarnos como enemigos y viene atacando a la universidad pública desde que empezó. La Ley de Financiamiento Universitario fue construida entre todos los sectores de la universidad y aprobada por el Congreso», afirmó.

La dirigente explicó que la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) busca restablecer la situación presupuestaria y salarial vigente hasta noviembre de 2023, mientras continúa el tratamiento de la cuestión de fondo.

«Esto se ganó en las calles»

Uno de los pronunciamientos más contundentes llegó desde el movimiento estudiantil.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda, Gonzalo Suárez, aseguró que la resolución judicial es consecuencia de la movilización sostenida de la comunidad universitaria.

«Cuando recibimos la noticia lo celebramos con el puño. Más allá del pronunciamiento de la Corte, sabemos que este resultado es por la presión en las calles de los gremios y de todos los sectores que acompañaron el reclamo. Esto se ganó en las calles y en la resistencia de las universidades contra este Gobierno que nos desfinancia y nos ajusta», expresó.

Los rectores reclamaron que el Gobierno cumpla el fallo

El rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Daniel Martínez, sostuvo que el pronunciamiento de la Corte pone fin a la discusión judicial sobre la cautelar y afirmó que ahora el Ejecutivo debe cumplir con la resolución.

«La última instancia es la Corte Suprema. Al Gobierno le queda cumplir con el fallo. Es un acto de justicia para docentes, no docentes y estudiantes», señaló.

Martínez también advirtió sobre el fuerte deterioro salarial que atraviesa el sistema universitario.

Según explicó, gran parte del personal docente y no docente percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza, luego de una pérdida del poder adquisitivo cercana al 50% desde el inicio de la gestión libertaria.

«Muchos trabajadores deben buscar un segundo empleo para poder subsistir. Eso termina deteriorando el funcionamiento de las universidades y afecta directamente la calidad educativa», remarcó.

Becas congeladas y preocupación por la deserción

Desde el sector estudiantil también advirtieron sobre el impacto que tiene el ajuste presupuestario en la permanencia de los alumnos.

Suárez denunció que las Becas Progresar acumulan varios meses sin abonarse y reclamó una actualización de los montos para afrontar los costos de estudiar.

«Hoy la principal causa de abandono universitario es económica. Muchos estudiantes no pueden pagar el transporte, comprar apuntes o incluso comer durante la jornada de cursada», sostuvo.

Un límite judicial al Gobierno

Para los representantes universitarios, el fallo constituye un freno institucional frente a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

Chevalier consideró que la decisión de la Corte refleja el amplio consenso social en defensa de la educación pública y sostuvo que el Poder Ejecutivo deberá adecuar su conducta a la ley vigente.

«El pueblo argentino demostró que quiere una universidad pública, gratuita, federal y de calidad. Ahora el Gobierno deberá decidir si cumple con la ley y con lo que resolvió la Justicia», concluyó.