Lo que tenés que saber

• El congelamiento de aranceles y pagos atrasados generan una crisis estructural.
• La inflación dejó un desfase del 70% respecto a los ingresos de las instituciones.
• Las escuelas cobran hasta 120 días después de brindar el servicio.
• La ley de emergencia en discapacidad aún no fue tratada en el Congreso.
• Algunas instituciones ya recortaron servicios y evalúan cerrar.

Educación especial en alerta: el sistema colapsa por falta de fondos

Instituciones privadas dedicadas a la educación de niños y adolescentes con discapacidad atraviesan una crisis sin precedentes en Argentina. Los retrasos en los pagos, la ausencia de actualizaciones de aranceles y el congelamiento del nomenclador nacional desde diciembre de 2024 comprometen gravemente la continuidad de los servicios.

Desde la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) aseguraron que “lo que está en juego no es una línea presupuestaria, sino la posibilidad de que chicos y chicas con discapacidad puedan aprender, desarrollarse y ser incluidos en condiciones reales”.

Costos en alza y aranceles congelados

Laura Giorgi, referente de educación especial en AIEPA, alertó que existe un desfase superior al 70% entre lo que se cobra y los costos reales. “Nuestros principales costos —como los salarios docentes— sí se actualizan, y eso nos deja con ingresos congelados y egresos crecientes”.

Además, mencionó que la Superintendencia de Servicios de Salud liquida las prestaciones con demoras de hasta 90 días: “Es muy difícil garantizar una educación de calidad en estas condiciones”.

Escuelas comunes también afectadas

Giorgi también remarcó que “miles de chicos que asisten a escuelas comunes también necesitan apoyos como maestros integradores o acompañantes terapéuticos, y esos profesionales no pueden sostener su tarea si no hay condiciones mínimas”.

Voces desde las instituciones

Desde La Matanza, Alejandra Luciani, representante legal de Portal del Sol, señaló: “Vivimos una emergencia. La red que durante años protegió derechos está siendo desarticulada. Las decisiones que congelan valores, traban certificados y entorpecen autorizaciones nos dejan en la cuerda floja”.

Luciani explicó que su escuela ofrece jornada extendida y comedor, lo que incrementa los costos. “Tenemos que afrontar aumentos salariales, de luz, gas y alimentos, mientras las cuotas permanecen congeladas”.

Desde Mercedes, Elena Sequeira, directora de Vamos Creciendo, expresó que las deudas por prestaciones superan los $278 millones. “Una sesión de fonoaudiología o psicopedagogía se paga $12.370, pero los chicos necesitan varias por semana”.

Además, detalló que “las familias presentan presupuestos en diciembre para arrancar en marzo, pero las autorizaciones llegan en junio. Eso significa que recién se factura en ese momento y que el pago puede llegar en septiembre. Es un sistema insostenible”.

Reclamos a la Agencia Nacional de Discapacidad

Sequeira reclamó mejoras en la gestión del Estado: “Necesitamos un organismo con capacidad real de auditoría, que garantice un funcionamiento más ágil y justo. Los derechos no se reclaman por caridad, sino por ley”.

Riesgo inminente de cierres

Las tres referentes coincidieron en que, sin una solución inmediata, muchas instituciones podrían cerrar. Algunas ya operan con déficit o debieron recortar servicios.

AIEPA advirtió: “Las instituciones seguirán con cuotas congeladas y sin poder afrontar los costos de funcionamiento” si el Congreso no aprueba la ley de Emergencia para el sector.

“El compromiso del sector educativo es inclaudicable —concluyó Giorgi—, pero todo el esfuerzo está en riesgo”.