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«8 de cada 10 familias saltean comidas»: la Argentina que marcha a San Cayetano y le dice no a Milei que vende el país
El 7 de agosto, la peregrinación partirá desde la basílica de Liniers hacia Plaza de Mayo bajo la consigna «Tierra, Techo y Trabajo». Un día antes, el 6, la CGT y las organizaciones sociales movilizarán frente al Congreso contra la ley que habilita la extranjerización de tierras rurales que el oficialismo busca aprobar en el Senado.
La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), agrupaciones piqueteras y organizaciones que conforman Territorios en Lucha, entre ellas Libres del Sur, ultiman los detalles de la peregrinación de San Cayetano prevista para el viernes 7 de agosto. La movilización, que partirá desde la basílica del barrio porteño de Liniers con destino a Plaza de Mayo, fue definida por sus organizadores como «la marcha más grande de la década». La consigna que convoca es la misma que acuñó el papa Francisco: «Tierra, Techo y Trabajo».
La peregrinación de este año no es un hecho aislado: es el punto de mayor convocatoria de un plan de lucha que viene desplegándose desde julio con cortes y piquetes en puentes y accesos de todo el país, acompañamiento a los reclamos semanales de los jubilados frente al Congreso y rechazo explícito a la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el proyecto oficialista que modifica la ley de Tierras vigente desde 2011 y que el gobierno de Javier Milei aspira a aprobar en el Senado el 6 de agosto.
La previa: movilización frente al Congreso el 6 de agosto
La CGT evalúa sumarse a la movilización convocada para el miércoles 6 de agosto frente al Congreso, junto a las dos CTA, la UTEP y otras organizaciones que ya confirmaron su presencia. El objetivo es rechazar el proyecto que el oficialismo intentará aprobar ese mismo día en el Senado. La norma propuesta elimina los límites establecidos por la ley de 2011, que prohíbe a los extranjeros ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales del país, veda la compra en zonas de frontera y fija un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. La modificación habilitaría la compra en zonas de frontera con la doble aprobación de la Nación y las provincias.
El rechazo al proyecto trascendió las fronteras del sindicalismo: una carta abierta a los legisladores fue firmada por la Iglesia, la Pastoral Social y Cáritas; el Movimiento Nacional de Capellanes y el Llamamiento Argentino-Judío también publicaron comunicados en contra. La semana previa al 6 de agosto está enmarcada en una acción coordinada bajo la consigna «Argentina no se vende», con talleres, radios abiertas, banderazos y recolección de firmas en distintos puntos del país. Este sábado 1° de agosto se realizará un banderazo en el Obelisco como antesala a la movilización del miércoles.
El 7 de agosto: una tradición que cumple una década
La peregrinación de San Cayetano arrancará por la mañana con una bendición de herramientas en la intersección de las avenidas Rivadavia y Jujuy, como es tradición cada año, según anticipó el titular de la UTEP, Alejandro Gramajo. Al recorrido desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo se irán sumando agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos y colectivos de mujeres y profesionales. Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, confirmó la participación de su organización e indicó que se evalúa concentrar en el Obelisco junto a Territorios en Lucha para luego ingresar a la plaza junto a las dos CTA.
Este año la movilización cumple exactamente una década desde su primera edición. Esteban «Gringo» Castro, extitular de la UTEP, recordó que la primera peregrinación fue el 7 de agosto de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, y que la masiva respuesta de entonces derivó, meses después, en la aprobación de la Ley de Emergencia Social y el salario social complementario. Precisamente ese beneficio, articulado a través del Programa Volver al Trabajo (sucesor del Potenciar Trabajo), es el que el gobierno de Milei viene desmantelando: según Castro, para agosto muchos beneficiarios dejarán de percibir el ingreso estatal.
La denuncia social: ajuste, desempleo y hambre
Saravia denunció el cierre del programa Volver al Trabajo y el cese de la transferencia de $78.000 mensuales a casi un millón de personas. «Esto no solo impactaría en la economía de esas familias, sino también en las economías locales. Lo que hay de fondo es un problema de modelo de país. El gobierno está destruyendo la industria nacional, quitando derechos con la reforma laboral y entregando nuestro patrimonio con el RIGI y con la ley de extranjerización de tierras», advirtió la dirigente, quien precisó que «casi 8 de cada 10 familias están salteando comidas».
Castro, por su parte, señaló que el 45% de los trabajadores argentinos se encuentra en condiciones de precariedad laboral y subrayó que el 7 de agosto debe seguir siendo «un día de movilización y de construcción de comunidad, de lucha por la producción y el trabajo». El referente también alertó que el endeudamiento de los sectores populares, según informó Gramajo, aparece en muchos casos vinculado al narcomenudeo y al crimen organizado en los barrios.
Un agosto cargado: paros, marchas y semana social
La peregrinación de San Cayetano abre una agenda de protestas que se extenderá durante todo agosto. El lunes 3 de agosto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía en reclamo de un aumento salarial de emergencia y contra los despidos en el sector público. También se prevén protestas de sindicatos educativos agrupados en la CGT, junto a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y gremios universitarios, en reclamo de aumentos para los docentes, cuyo salario mínimo permanece en $500.000 desde hace un año.
La siguiente acción conjunta de la CGT, las CTA y los movimientos sociales está prevista para la semana del 20 de agosto: una movilización al Ministerio de Economía para visibilizar la situación de siete millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por no poder afrontar sus deudas. El calendario continúa el 2 de septiembre con una marcha en coincidencia con el Día de la Industria, para alertar sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo, y entre el 4 y el 6 de septiembre los líderes sindicales y sociales participarán de la Semana Social que la Comisión Episcopal de Pastoral Social realizará en Córdoba.
Legislativo
El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.
Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.
El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.
Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan
El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».
En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.
La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía
El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.
El superávit como escudo político
La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.
Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.
Lo que tenés que saber:
- La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
- El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
- El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
- Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
- El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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