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«8 de cada 10 familias saltean comidas»: la Argentina que marcha a San Cayetano y le dice no a Milei que vende el país

El 7 de agosto, la peregrinación partirá desde la basílica de Liniers hacia Plaza de Mayo bajo la consigna «Tierra, Techo y Trabajo». Un día antes, el 6, la CGT y las organizaciones sociales movilizarán frente al Congreso contra la ley que habilita la extranjerización de tierras rurales que el oficialismo busca aprobar en el Senado.

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La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), agrupaciones piqueteras y organizaciones que conforman Territorios en Lucha, entre ellas Libres del Sur, ultiman los detalles de la peregrinación de San Cayetano prevista para el viernes 7 de agosto. La movilización, que partirá desde la basílica del barrio porteño de Liniers con destino a Plaza de Mayo, fue definida por sus organizadores como «la marcha más grande de la década». La consigna que convoca es la misma que acuñó el papa Francisco: «Tierra, Techo y Trabajo».

La peregrinación de este año no es un hecho aislado: es el punto de mayor convocatoria de un plan de lucha que viene desplegándose desde julio con cortes y piquetes en puentes y accesos de todo el país, acompañamiento a los reclamos semanales de los jubilados frente al Congreso y rechazo explícito a la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el proyecto oficialista que modifica la ley de Tierras vigente desde 2011 y que el gobierno de Javier Milei aspira a aprobar en el Senado el 6 de agosto.

La previa: movilización frente al Congreso el 6 de agosto

La CGT evalúa sumarse a la movilización convocada para el miércoles 6 de agosto frente al Congreso, junto a las dos CTA, la UTEP y otras organizaciones que ya confirmaron su presencia. El objetivo es rechazar el proyecto que el oficialismo intentará aprobar ese mismo día en el Senado. La norma propuesta elimina los límites establecidos por la ley de 2011, que prohíbe a los extranjeros ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales del país, veda la compra en zonas de frontera y fija un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. La modificación habilitaría la compra en zonas de frontera con la doble aprobación de la Nación y las provincias.

El rechazo al proyecto trascendió las fronteras del sindicalismo: una carta abierta a los legisladores fue firmada por la Iglesia, la Pastoral Social y Cáritas; el Movimiento Nacional de Capellanes y el Llamamiento Argentino-Judío también publicaron comunicados en contra. La semana previa al 6 de agosto está enmarcada en una acción coordinada bajo la consigna «Argentina no se vende», con talleres, radios abiertas, banderazos y recolección de firmas en distintos puntos del país. Este sábado 1° de agosto se realizará un banderazo en el Obelisco como antesala a la movilización del miércoles.

El 7 de agosto: una tradición que cumple una década

La peregrinación de San Cayetano arrancará por la mañana con una bendición de herramientas en la intersección de las avenidas Rivadavia y Jujuy, como es tradición cada año, según anticipó el titular de la UTEP, Alejandro Gramajo. Al recorrido desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo se irán sumando agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos y colectivos de mujeres y profesionales. Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, confirmó la participación de su organización e indicó que se evalúa concentrar en el Obelisco junto a Territorios en Lucha para luego ingresar a la plaza junto a las dos CTA.

Este año la movilización cumple exactamente una década desde su primera edición. Esteban «Gringo» Castro, extitular de la UTEP, recordó que la primera peregrinación fue el 7 de agosto de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, y que la masiva respuesta de entonces derivó, meses después, en la aprobación de la Ley de Emergencia Social y el salario social complementario. Precisamente ese beneficio, articulado a través del Programa Volver al Trabajo (sucesor del Potenciar Trabajo), es el que el gobierno de Milei viene desmantelando: según Castro, para agosto muchos beneficiarios dejarán de percibir el ingreso estatal.

La denuncia social: ajuste, desempleo y hambre

Saravia denunció el cierre del programa Volver al Trabajo y el cese de la transferencia de $78.000 mensuales a casi un millón de personas. «Esto no solo impactaría en la economía de esas familias, sino también en las economías locales. Lo que hay de fondo es un problema de modelo de país. El gobierno está destruyendo la industria nacional, quitando derechos con la reforma laboral y entregando nuestro patrimonio con el RIGI y con la ley de extranjerización de tierras», advirtió la dirigente, quien precisó que «casi 8 de cada 10 familias están salteando comidas».

Castro, por su parte, señaló que el 45% de los trabajadores argentinos se encuentra en condiciones de precariedad laboral y subrayó que el 7 de agosto debe seguir siendo «un día de movilización y de construcción de comunidad, de lucha por la producción y el trabajo». El referente también alertó que el endeudamiento de los sectores populares, según informó Gramajo, aparece en muchos casos vinculado al narcomenudeo y al crimen organizado en los barrios.

Un agosto cargado: paros, marchas y semana social

La peregrinación de San Cayetano abre una agenda de protestas que se extenderá durante todo agosto. El lunes 3 de agosto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía en reclamo de un aumento salarial de emergencia y contra los despidos en el sector público. También se prevén protestas de sindicatos educativos agrupados en la CGT, junto a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y gremios universitarios, en reclamo de aumentos para los docentes, cuyo salario mínimo permanece en $500.000 desde hace un año.

La siguiente acción conjunta de la CGT, las CTA y los movimientos sociales está prevista para la semana del 20 de agosto: una movilización al Ministerio de Economía para visibilizar la situación de siete millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por no poder afrontar sus deudas. El calendario continúa el 2 de septiembre con una marcha en coincidencia con el Día de la Industria, para alertar sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo, y entre el 4 y el 6 de septiembre los líderes sindicales y sociales participarán de la Semana Social que la Comisión Episcopal de Pastoral Social realizará en Córdoba.

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Tarifazo en transporte: más de un millón de personas dejó de usar el colectivo en un mes

Con otro aumento pactado para el 1 de septiembre, la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) confirmó que en agosto viajaron 1.150.000 personas menos que un año atrás. El gasto mensual en transporte roza los $124.000 por pasajero y representa el 43% de la canasta de servicios en el AMBA.

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El Argentino Diario-Colectivo línea 218.

Los números no dejan lugar para eufemismos: el ajuste tarifario sostenido sobre el transporte público empuja a miles de trabajadores fuera del colectivo. En agosto de 2026, los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires transportaron 7,7 millones de personas en días hábiles, lo que representa una caída del 12,9% interanual respecto al mismo período de 2025, según el informe mensual de la AAETA. En términos concretos, eso equivale a 1.150.000 personas menos que eligieron, o se vieron obligadas, a dejar el transporte público.

El golpe fue aún más pronunciado durante los feriados: la cantidad de pasajeros cayó de 4,3 millones a 2,5 millones, una retracción del 41,5% que revela que la demanda de transporte urbano ya no se sostiene ni en los momentos de menor presión laboral.

El costo de llegar al trabajo

Según un reporte del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET (IIEP-UBA), en agosto una persona necesitó en promedio $123.726 para cubrir sus viajes de ida y vuelta en el transporte urbano durante el mes. El peso del gasto en transporte ya explica el 43% de la canasta de servicios de un hogar del AMBA, convirtiéndolo en el rubro de mayor incidencia sobre el ingreso de las familias trabajadoras de la región.

Lejos de aminorar, esa presión se profundizará: a partir del 1 de septiembre rige un nuevo aumento del 4,3% sobre las tarifas de colectivos. En las 28 líneas porteñas, el boleto mínimo escalará a $887,87, mientras que en las líneas del Gran Buenos Aires el piso ascenderá a $1.158,97. El cuadro tarifario completo quedará así:

Nuevas tarifas desde el 1 de septiembre

Capital Federal (líneas porteñas):

  • Hasta 3 km: $887,87
  • De 3 a 6 km: $986,57
  • De 6 a 12 km: $1.062,56
  • De 12 a 27 km: $1.138,61

Gran Buenos Aires (líneas bonaerenses):

  • Hasta 3 km: $1.158,97
  • De 3 a 6 km: $1.303,83
  • De 6 a 12 km: $1.448,71
  • De 12 a 27 km: $1.738,45
  • Más de 27 km: $2.043,84

El mapa territorial del ajuste: quiénes la sufren más

La retracción de pasajeros no fue homogénea. En las líneas municipales, aquellas numeradas desde el 500 en adelante, la caída rondó el 40%. Los distritos más golpeados del conurbano fueron Campana, con una retracción del 37,60%; Luján, con el 28,04%; y Berazategui, con el 21,80%. Los siguieron Ituzaingó (-21,63%) y José C. Paz (-21,55%), municipios del oeste donde el colectivo es prácticamente el único modo de transporte disponible ante la escasa cobertura ferroviaria.

En el otro extremo, los menores retrocesos se registraron en Brandsen (-8,45%), General San Martín (-8,73%) y San Fernando (-11,55%), municipios con mayor diversidad de opciones o acceso más directo a las líneas nacionales.

Un ajuste que se acumula desde diciembre de 2023

Los datos de agosto no son una anomalía; son la consecuencia lógica de una política de eliminación de subsidios al transporte que el gobierno de Javier Milei sostiene desde el inicio de su gestión. Según datos del IIEP-UBA y CONICET relevados durante 2026, el acumulado de aumentos en transporte desde diciembre de 2023 roza el 1.000%, el rubro que lidera la suba de precios de la canasta de servicios regulados muy por encima de la inflación general. La promesa de que el ajuste sería transitorio y que la desaceleración inflacionaria mejoraría el salario real choca, mes a mes, con la realidad de los trabajadores que deben elegir entre pagar el boleto o comer.

Que más de un millón de personas haya dejado de usar el colectivo en un solo mes no es una señal de eficiencia del mercado; es la radiografía de una crisis de movilidad que el ajuste libertario construyó, pero que quienes menos tienen están pagando.

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