El Gobierno porteño desalojó este jueves un predio tomado en el barrio de Palermo que, según informaron las autoridades, estaba ocupado desde hace más de 20 años por la cooperativa La Dignidad, vinculada al dirigente social Juan Grabois. La acción fue encabezada por la Policía de la Ciudad y distintas áreas del Ejecutivo local. El lugar se ubica en la calle Bonpland 1660, detrás del histórico mercado barrial.

El operativo culminó con la detención de un hombre que tenía pedido de captura. No se registraron incidentes mayores, aunque referentes de movimientos sociales denunciaron que no fueron notificados previamente. Desde el gobierno de Jorge Macri sostuvieron que se trató de un «desalojo administrativo» y no de una orden judicial.

“La usurpación y la ocupación ilegal de un espacio público genera desorden, inseguridad e incomodidad para los vecinos. Nuestro compromiso es cuidar siempre a la gente que está dentro de la ley”, expresó el jefe de Gobierno porteño.

Un comedor que devino en espacio cultural

El predio fue asignado en 2001 con un permiso de uso precario para el funcionamiento de un comedor comunitario. Sin embargo, con el paso del tiempo, las autoridades porteñas afirmaron que se desvió de ese propósito: “Se realizaron eventos, bailes y ferias sin autorización legal, lo que derivó en varias clausuras y denuncias vecinales”, indicaron desde el Ministerio de Espacio Público.

En 2022, el Gobierno de la Ciudad detectó un contrato de comodato entre suborganizaciones vinculadas a la cooperativa, pese a que el inmueble pertenece al Estado porteño. Allí funcionaban una verdulería, un almacén, un espacio de venta de artesanías y un centro cultural donde se realizaban charlas, talleres y actividades políticas.

Desde la organización, en tanto, defendieron el uso comunitario del predio. “Durante más de 20 años, este espacio dio trabajo, alimentos y contención a decenas de familias. Lo que hizo el Gobierno fue destruir una experiencia de economía popular en nombre del orden”, expresaron desde la cooperativa en redes sociales.

Avance oficial sobre tomas y economía informal

El desalojo se inscribe en una política más amplia impulsada por el Gobierno porteño para “recuperar el espacio público”. Según datos oficiales, desde el inicio de la gestión de Jorge Macri se realizaron 376 desalojos de inmuebles usurpados, la mayoría con intervención judicial en barrios como Balvanera, La Boca, Constitución, Barracas y Flores.

Además, el Ejecutivo local informó que ejecutó diez operativos para remover manteros y vendedores informales en zonas como Once, Retiro, la calle Florida, Parque Centenario y la avenida Avellaneda. En total, dijeron haber liberado más de 500 veredas y plazas ocupadas por la venta ambulante.

En paralelo, el gobierno dejó de financiar los micros que trasladaban desde el Conurbano a los cartoneros que trabajan con cooperativas sociales, entre ellas varias ligadas a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), espacio donde milita Grabois.

Desde la oposición y las organizaciones sociales denunciaron un “ajuste selectivo” contra los sectores más pobres. “Hay una ofensiva sistemática sobre la economía popular. No están combatiendo la ilegalidad, están persiguiendo la autogestión”, sostuvo Itai Hagman, exdiputado del Frente de Todos.

El destino incierto del predio

El Ministerio de Desarrollo Económico porteño quedó a cargo de definir el uso futuro del espacio desalojado. Aunque no hubo anuncios concretos, trascendió que podría ser destinado a alguna actividad comercial o cultural bajo gestión estatal o privada.

Mientras tanto, el desalojo reabrió el debate sobre el rol del Estado en la administración de bienes públicos, el conflicto con los movimientos sociales y el impacto de las políticas urbanas sobre los sectores populares. Con la economía informal como sostén de miles de familias, la pulseada entre orden, legalidad y subsistencia promete nuevos capítulos.