Denuncia
Soria denunció que Espert fue financiado con dinero narco y apuntó al entorno de Milei
El exministro de Justicia reveló que documentación hallada en EEUU prueba que el diputado libertario recibió USD 200.000 de un narco. El abogado del imputado es el mismo de Milei y fue candidato de LLA en 2023.
⬛ El diputado nacional Martín Soria (Unión por la Patria) realizó graves acusaciones contra el legislador libertario José Luis Espert al afirmar que «fue financiado con plata del narcotráfico», basándose en documentación descubierta por la justicia estadounidense que involucra a un narco con pedido de extradición y que tiene vínculos directos con el entorno presidencial.
«Lo único que ha hecho este registro contable que apareció en los últimos días es dejar expuesto que el diputado José Luis Espert fue financiado con plata de un narco con pedido de extradición de Estados Unidos», señaló Soria en declaraciones al programa RPM de Splendid AM 990.
Los USD 200.000 del fideicomiso narco
El legislador se refirió a la documentación encontrada por la justicia estadounidense, según la cual Espert recibió 200.000 dólares de un fideicomiso que pertenecía a Federico «Fred» Machado y su socia Debora Lynn Mercer-Erwin, ambos procesados por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.
Machado se encuentra actualmente cumpliendo prisión domiciliaria en Río Negro, a la espera de que la Corte Suprema resuelva un pedido de extradición de la justicia estadounidense. Su socia, Mercer-Erwin, está detenida en Estados Unidos, condenada a 16 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.
El abogado que une a Milei con el narco
Para Soria, el aspecto más preocupante del caso trasciende el financiamiento a Espert: «La situación es gravísima, no solo porque está acreditado que es un narco con pedido de captura internacional», sino porque «el abogado de Fred Machado es el mismo de Milei», aseveró.
El exministro de Justicia subrayó que ese abogado es Francisco Onetto, quien «fue candidato a vicegobernador (bonaerense) con Carolina Píparo en 2023» por La Libertad Avanza. Además, recalcó que existen numerosas fotografías de este letrado «con Javier Milei, Karina Milei y Espert», evidenciando una relación que va más allá de lo meramente profesional.
El entramado de favores y testaferros
Soria detalló que la relación entre Espert y el entorno narco no se limitó a la transferencia de dinero: «Lo que ha quedado expuesto es que un narco no solo le prestaba (a Espert) un avión para hacer giras en campaña, le prestaba una camioneta Grand Cherokee blindada, cuyo titular era primo y testaferro de Fred Machado, que está en pareja con la diputada nacional de Río Negro Lorena Villaverde».
El legislador apuntó directamente a Claudio Cicarelli, identificado como primo y testaferro de Machado, quien además mantiene una relación sentimental con la diputada nacional de Río Negro Lorena Villaverde, actualmente candidata a senadora por La Libertad Avanza.
Cuatro años de inacción judicial
Para el exministro de Justicia, «lo más grave es que esto ya fue denunciado en la Argentina, y hay varias causas, una en Comodoro Py desde abril de 2021. La justicia argentina lleva 4 años sin hacer absolutamente nada y la Corte Suprema sigue sin extraditar a Fred Machado. A mí no me extraña más nada», sentenció.
Esta denuncia se suma a las críticas recurrentes sobre la lentitud del Poder Judicial en causas sensibles que involucran a figuras del oficialismo, reforzando la percepción de un sistema de justicia que opera con criterios políticos selectivos.
La ironía de la «incompetencia» oficial
Con dureza, Soria ironizó sobre el patrón de «desconocimiento» que caracteriza las respuestas del gobierno libertario ante cada escándalo: «Ahora resulta que Milei no sabía que (la criptomoneda) Libra era una estafa; Karina no sabía que había coimas en la ANDIS; Espert no sabía que Fred Machado era narco; Patricia Bullrich no sabía que las valijas que llegan en avión privado deben revisarse; y (el ministro de Salud, Mario) Lugones no sabía que si desarmas la ANMAT nadie controla los medicamentos y aparece el fentanilo».
Según el legislador, «nos quieren hacer creer que no son corruptos, sino funcionarios estúpidos destruyendo la Argentina», una frase que sintetiza la crítica central a un gobierno que alega desconocimiento sistemático ante cada irregularidad que salpica a sus cuadros.
Narco política en ascenso
Para Soria, el caso evidencia algo más preocupante que un hecho aislado: «Es grave, porque Lorena Villaverde, actual diputada nacional, ahora es candidata a senadora», lo que demuestra que «sigue creciendo la narco política en la Argentina».
El exministro recalcó el entramado de lavado de activos que vincularía al entorno libertario con operaciones internacionales: «Fred Machado tenía minas de oro en Guatemala para lavar activos de los narcos. Su primo y testaferro Cicarelli, pareja de Lorena Villaverde, intentó comprar en 2021 una mina de oro en Neuquén. Todo este entramado de lavado de activos del narcotráfico sigue hoy en la Argentina gracias a estos personajes», concluyó.
Las preguntas que el oficialismo evade
La gravedad de las acusaciones plantea interrogantes que el oficialismo deberá responder: ¿Cómo es posible que un diputado nacional haya recibido USD 200.000 de un fideicomiso vinculado al narcotráfico sin que existieran mecanismos de control? ¿Por qué el abogado del presidente comparte clientes con narcos procesados internacionalmente? ¿Qué explica la inacción de la Corte Suprema en el pedido de extradición de Machado?
Estas preguntas no solo interpelan a Espert sino al conjunto del gobierno libertario, que construyó su campaña sobre promesas de transparencia y combate a la «casta corrupta», pero que ahora enfrenta acusaciones de vínculos directos con redes de narcotráfico y lavado de activos.
El silencio oficial ante estas denuncias, sumado a la lentitud judicial para investigar, refuerza la percepción de un sistema de impunidad que protege a los poderosos mientras castiga con dureza a los sectores vulnerables, en perfecta contradicción con el discurso anti establishment que llevó a Milei al poder.
Puntos clave:
- Documentación en EE.UU. prueba que Espert recibió USD 200.000 de un fideicomiso narco
- El abogado de Milei, Francisco Onetto, también representa al narco Fred Machado
- Onetto fue candidato a vicegobernador bonaerense por LLA en 2023
- La diputada Lorena Villaverde, candidata a senadora por LLA, está en pareja con el testaferro de Machado
- Causas judiciales en Argentina llevan 4 años sin avances y la Corte no extradita al imputado
Denuncia
Kicillof exigió investigar a los autores intelectuales del atentado contra Cristina: “La causa no arrojó ningún resultado”
El gobernador bonaerense cuestionó desde sus redes sociales la falta de avances judiciales en la causa por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner y reclamó que se investigue a los responsables ideológicos. Mientras los autores materiales cumplen condena, la pregunta sobre quién ordenó el ataque permanece sin respuesta judicial a cuatro años del hecho.
Al cumplirse cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó de «realmente grave» que la investigación judicial no haya determinado quiénes fueron los autores intelectuales del ataque. A través de una publicación en la red social X, el mandatario bonaerense vinculó la impunidad del atentado con la actual situación de la expresidenta, que cumple prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución por su condena en la causa Vialidad.
«Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales. Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune. Son dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo«, sostuvo Kicillof en su publicación.
Un atentado con condenas parciales y una causa trunca
El 1° de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel apuntó una pistola Bersa calibre .32 a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, entonces vicepresidenta de la Nación, y accionó el gatillo frente a su domicilio en el barrio de Recoleta. El disparo no se produjo por una falla en la munición; el arma estaba apta para el disparo, según confirmó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Sabag Montiel fue reducido por civiles presentes en la concentración.
En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N° 6, integrado por los jueces Adrián Grünberg, Ignacio Fornari y Sabrina Namer, condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor material del intento de homicidio; pena que, unificada con condenas previas, ascendió a 14 años. Su entonces pareja, Brenda Uliarte, recibió 8 años como partícipe necesaria, elevados a 8 años y 2 meses por unificación. Un tercer acusado, Gabriel Nicolás Carrizo, fue absuelto. Las fiscales Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta recurrieron la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, reclamando penas de 15 y 14 años respectivamente, y solicitando la aplicación de la agravante de femicidio, que ese tribunal deberá definir.
Lo que el juicio oral no resolvió, sin embargo, es lo que la política sigue reclamando: quiénes pudieron haber instigado el ataque, si existió financiamiento externo y cuál fue el entramado que hizo posible que un arma cargada llegara a 20 centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta. Una de las líneas que mayor repercusión alcanzó durante la investigación fue la denominada «pista Milman», vinculada al exdiputado Gerardo Milman; pero esa hipótesis quedó fuera del debate oral y no fue acreditada judicialmente en las condenas dictadas.
«Dos caras de una misma moneda»
La lectura política de Kicillof anuda dos situaciones que considera parte de un mismo proceso: el atentado y la condena judicial de Fernández de Kirchner. La expresidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución, por la sentencia a seis años e inhabilitación perpetua dictada en la causa Vialidad, una condena que el kirchnerismo y amplios sectores del campo popular califican como resultado del lawfare, es decir, la utilización del sistema judicial como herramienta de persecución política.
Kicillof no participó del acto de conmemoración organizado frente al domicilio de la expresidenta, donde el principal orador fue Máximo Kirchner, en el marco de una jornada en la que más de veinte fuerzas políticas firmaron un documento conjunto titulado «La democracia no admite la eliminación del adversario». Su adhesión al aniversario se circunscribió al mensaje publicado en sus redes sociales, en el que concluyó: «Seguimos exigiendo que se haga justicia».
La pregunta que la Justicia no responde
El planteo de Kicillof apunta al corazón de una causa que, cuatro años después, sigue abierta en su tramo más sensible. Los responsables materiales fueron juzgados y condenados; la existencia de una estructura política o económica detrás del ataque no quedó acreditada judicialmente, aunque tampoco fue descartada de manera concluyente por la instrucción. La investigación sobre eventuales instigadores o financistas del atentado permanece sin avances concretos y sin imputados en ese tramo de la causa.
En ese contexto, el reclamo que confluye desde el campo popular en este cuarto aniversario no es solo por el esclarecimiento de un hecho del pasado: es también una advertencia sobre la impunidad como señal política, sobre qué mensaje envía una democracia que condena al ejecutor pero no investiga con la misma energía a quienes pudieron haberlo enviado.
Puntos clave
- El 1° de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel apuntó y accionó el gatillo de una pistola Bersa calibre .32 a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner; el disparo no se produjo por una falla en la munición.
- El Tribunal Oral Federal N° 6 condenó en octubre de 2025 a Sabag Montiel a 14 años de prisión (unificados) y a Brenda Uliarte a 8 años y 2 meses; Carrizo fue absuelto.
- Kicillof calificó de «realmente grave» que cuatro años después la causa no haya determinado quiénes fueron los autores intelectuales del ataque.
- La Cámara Federal de Casación Penal debe resolver el recurso de la fiscalía, que pide elevar las penas y aplicar la agravante de femicidio.
- La investigación sobre eventuales instigadores o financistas del atentado permanece abierta y sin imputados concretos en ese tramo.
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