Denuncia
Soria denunció que Espert fue financiado con dinero narco y apuntó al entorno de Milei
El exministro de Justicia reveló que documentación hallada en EEUU prueba que el diputado libertario recibió USD 200.000 de un narco. El abogado del imputado es el mismo de Milei y fue candidato de LLA en 2023.
⬛ El diputado nacional Martín Soria (Unión por la Patria) realizó graves acusaciones contra el legislador libertario José Luis Espert al afirmar que «fue financiado con plata del narcotráfico», basándose en documentación descubierta por la justicia estadounidense que involucra a un narco con pedido de extradición y que tiene vínculos directos con el entorno presidencial.
«Lo único que ha hecho este registro contable que apareció en los últimos días es dejar expuesto que el diputado José Luis Espert fue financiado con plata de un narco con pedido de extradición de Estados Unidos», señaló Soria en declaraciones al programa RPM de Splendid AM 990.
Los USD 200.000 del fideicomiso narco
El legislador se refirió a la documentación encontrada por la justicia estadounidense, según la cual Espert recibió 200.000 dólares de un fideicomiso que pertenecía a Federico «Fred» Machado y su socia Debora Lynn Mercer-Erwin, ambos procesados por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.
Machado se encuentra actualmente cumpliendo prisión domiciliaria en Río Negro, a la espera de que la Corte Suprema resuelva un pedido de extradición de la justicia estadounidense. Su socia, Mercer-Erwin, está detenida en Estados Unidos, condenada a 16 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.
El abogado que une a Milei con el narco
Para Soria, el aspecto más preocupante del caso trasciende el financiamiento a Espert: «La situación es gravísima, no solo porque está acreditado que es un narco con pedido de captura internacional», sino porque «el abogado de Fred Machado es el mismo de Milei», aseveró.
El exministro de Justicia subrayó que ese abogado es Francisco Onetto, quien «fue candidato a vicegobernador (bonaerense) con Carolina Píparo en 2023» por La Libertad Avanza. Además, recalcó que existen numerosas fotografías de este letrado «con Javier Milei, Karina Milei y Espert», evidenciando una relación que va más allá de lo meramente profesional.
El entramado de favores y testaferros
Soria detalló que la relación entre Espert y el entorno narco no se limitó a la transferencia de dinero: «Lo que ha quedado expuesto es que un narco no solo le prestaba (a Espert) un avión para hacer giras en campaña, le prestaba una camioneta Grand Cherokee blindada, cuyo titular era primo y testaferro de Fred Machado, que está en pareja con la diputada nacional de Río Negro Lorena Villaverde».
El legislador apuntó directamente a Claudio Cicarelli, identificado como primo y testaferro de Machado, quien además mantiene una relación sentimental con la diputada nacional de Río Negro Lorena Villaverde, actualmente candidata a senadora por La Libertad Avanza.
Cuatro años de inacción judicial
Para el exministro de Justicia, «lo más grave es que esto ya fue denunciado en la Argentina, y hay varias causas, una en Comodoro Py desde abril de 2021. La justicia argentina lleva 4 años sin hacer absolutamente nada y la Corte Suprema sigue sin extraditar a Fred Machado. A mí no me extraña más nada», sentenció.
Esta denuncia se suma a las críticas recurrentes sobre la lentitud del Poder Judicial en causas sensibles que involucran a figuras del oficialismo, reforzando la percepción de un sistema de justicia que opera con criterios políticos selectivos.
La ironía de la «incompetencia» oficial
Con dureza, Soria ironizó sobre el patrón de «desconocimiento» que caracteriza las respuestas del gobierno libertario ante cada escándalo: «Ahora resulta que Milei no sabía que (la criptomoneda) Libra era una estafa; Karina no sabía que había coimas en la ANDIS; Espert no sabía que Fred Machado era narco; Patricia Bullrich no sabía que las valijas que llegan en avión privado deben revisarse; y (el ministro de Salud, Mario) Lugones no sabía que si desarmas la ANMAT nadie controla los medicamentos y aparece el fentanilo».
Según el legislador, «nos quieren hacer creer que no son corruptos, sino funcionarios estúpidos destruyendo la Argentina», una frase que sintetiza la crítica central a un gobierno que alega desconocimiento sistemático ante cada irregularidad que salpica a sus cuadros.
Narco política en ascenso
Para Soria, el caso evidencia algo más preocupante que un hecho aislado: «Es grave, porque Lorena Villaverde, actual diputada nacional, ahora es candidata a senadora», lo que demuestra que «sigue creciendo la narco política en la Argentina».
El exministro recalcó el entramado de lavado de activos que vincularía al entorno libertario con operaciones internacionales: «Fred Machado tenía minas de oro en Guatemala para lavar activos de los narcos. Su primo y testaferro Cicarelli, pareja de Lorena Villaverde, intentó comprar en 2021 una mina de oro en Neuquén. Todo este entramado de lavado de activos del narcotráfico sigue hoy en la Argentina gracias a estos personajes», concluyó.
Las preguntas que el oficialismo evade
La gravedad de las acusaciones plantea interrogantes que el oficialismo deberá responder: ¿Cómo es posible que un diputado nacional haya recibido USD 200.000 de un fideicomiso vinculado al narcotráfico sin que existieran mecanismos de control? ¿Por qué el abogado del presidente comparte clientes con narcos procesados internacionalmente? ¿Qué explica la inacción de la Corte Suprema en el pedido de extradición de Machado?
Estas preguntas no solo interpelan a Espert sino al conjunto del gobierno libertario, que construyó su campaña sobre promesas de transparencia y combate a la «casta corrupta», pero que ahora enfrenta acusaciones de vínculos directos con redes de narcotráfico y lavado de activos.
El silencio oficial ante estas denuncias, sumado a la lentitud judicial para investigar, refuerza la percepción de un sistema de impunidad que protege a los poderosos mientras castiga con dureza a los sectores vulnerables, en perfecta contradicción con el discurso anti establishment que llevó a Milei al poder.
Puntos clave:
- Documentación en EE.UU. prueba que Espert recibió USD 200.000 de un fideicomiso narco
- El abogado de Milei, Francisco Onetto, también representa al narco Fred Machado
- Onetto fue candidato a vicegobernador bonaerense por LLA en 2023
- La diputada Lorena Villaverde, candidata a senadora por LLA, está en pareja con el testaferro de Machado
- Causas judiciales en Argentina llevan 4 años sin avances y la Corte no extradita al imputado
Denuncia
“No hay delito”: el Gobierno da por cerrado el caso Bolsonaro antes de que la Justicia responda
Con el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra todavía fresco, el oficialismo descuenta que la denuncia por la salida de Flávio Bolsonaro vía Puerto Iguazú no pasará de una etapa preliminar. La fiscal Paloma Ochoa, sin embargo, aún espera datos que podrían definir si hubo incumplimiento de funciones.
“No hay delito”, repiten en el oficialismo, aunque la Justicia todavía no respondió la pregunta central: si las autoridades argentinas sabían que Flávio Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil.
La frase resume el estado de ánimo de la Casa Rosada respecto de la denuncia que presentó el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por supuesto encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El expediente tramita en Comodoro Py, en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa, y por ahora es solo una investigación preliminar, una instancia previa a una pesquisa formal. Según trascendió de operadores judiciales cercanos al Gobierno, en el oficialismo consideran que no existen posibilidades de que se abra una causa “real” sobre el ingreso y la salida de Bolsonaro.
El recorrido de Bolsonaro y las sospechas sobre el Gobierno
El senador y excandidato presidencial brasileño, que perdió el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, dejó su país el martes por la noche y cruzó a la Argentina por el puente internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, Misiones. Según confirmó la Cancillería argentina, ingresó por vía terrestre a las 22:50. Recorrió luego poco más de 20 kilómetros hasta el Aeropuerto Internacional Iguazú, donde abordó un vuelo privado de la empresa Baires Fly rumbo a Estados Unidos.
Las denuncias que llegaron a los tribunales recogen las sospechas que circularon en los medios en los últimos días: desde una supuesta cooperación política de Milei hasta menciones al asesor Santiago Caputo por una aparente colaboración operativa. También alcanzan a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), por los trámites migratorios y la presunta asistencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El viernes, el diputado nacional Esteban Paulón amplió una presentación que había hecho en Comodoro Py y apuntó contra el titular de esa fuerza y contra integrantes del Ente Binacional Yacyretá, que habrían tenido alguna participación en la trama.
Los dos argumentos que sostienen la confianza oficial
El Gobierno se apoya en dos elementos. El primero es que la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú desestimó una denuncia por el ingreso del excandidato al país al concluir que no hubo irregularidades en el accionar migratorio, decisión que respaldó la Fiscalía de Revisión. El segundo es que en Buenos Aires todavía no existe una causa formal. La fiscal Ochoa no impulsó la investigación apenas recibió la denuncia: le sugirió a la jueza Capuchetti una serie de medidas preliminares para definir, a partir de sus resultados, si corresponde avanzar hacia una pesquisa más amplia sobre las eventuales responsabilidades de funcionarios.
Esas medidas incluyen un exhorto al Gobierno nacional para que preserve las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Iguazú de los días 27 y 28 de octubre, y pedidos de informes a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los controles al avión de Baires Fly en el que Bolsonaro viajó con su familia y sobre los pasajeros que abordaron.
La pregunta que todavía no tiene respuesta
Una de las medidas más importantes apunta a determinar si las autoridades argentinas recibieron algún exhorto o aviso sobre la situación judicial de Bolsonaro y la prohibición de abandonar el país que dispuso el juez Alexandre de Moraes. Ese dato es central para establecer un eventual incumplimiento de funciones por parte de funcionarios argentinos, y es justamente el que el oficialismo no explicó.
Por ahora, Migraciones sostuvo que no existía “ningún impedimento legal” para el ingreso, algo que el jueves ratificó el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Del lado brasileño, la Policía Federal informó que no constan registros de la salida de Bolsonaro y su familia, a pesar de que De Moraes también había dispuesto insertar una alerta migratoria en el sistema Sonar, que se usa en ese país para controlar los desplazamientos internacionales.
Las autoridades brasileñas aclararon además, en un mismo comunicado, que una restricción vinculada con los documentos de viaje no alcanza por sí sola para considerar fugitivo a alguien ni para autorizar un arresto, una vigilancia permanente u otras medidas cautelares. Ese punto explicaría por qué Migraciones no encontró alertas ni impedimentos en la madrugada del miércoles, cuando Bolsonaro y su familia ya volaban rumbo a Miami.
Lo que viene en Comodoro Py
La semana próxima podría haber una definición sobre la denuncia de Solano. Una vez que llegue la información requerida, lo esperable es que Capuchetti se la remita a la fiscal Ochoa, quien deberá dictaminar si corresponde impulsar la investigación y, en ese caso, proponer medidas de prueba. La fiscal también puede pedir la desestimación de la denuncia si no encuentra elementos. Hasta entonces, la tranquilidad oficial descansa en una expectativa y no en una resolución judicial.
Lo que tenés que saber:
- En el Gobierno aseguran que “no hay delito” y confían en que la denuncia de Gabriel Solano no prospere.
- La fiscal Paloma Ochoa pidió medidas preliminares y todavía no impulsó una investigación formal.
- La Fiscalía de Puerto Iguazú desestimó otra denuncia por falta de irregularidades migratorias, y la Fiscalía de Revisión respaldó esa decisión.
- Una de las medidas clave busca saber si Argentina recibió aviso de la prohibición de salida dictada por Moraes.
- La semana próxima podría haber una definición sobre si la causa avanza o se desestima.
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